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Vinculación a proceso

Escrito por  Eduardo López Betancourt Feb 10, 2020

El auto de vinculación a proceso está regulado en sus principios generales en el artículo 19 constitucional. De acuerdo con dicho numeral, ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute; lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometiera o participara en su comisión.

De acuerdo con la lógica del funcionamiento del sistema acusatorio, establecer cuál es el delito que se imputa al sujeto, lo que técnicamente se denomina la calificación jurídica, corresponde a la parte acusadora, es decir al Ministerio Público. En la particularidad del sistema mexicano, se venía considerando que también el órgano judicial podía modificar dicha calificación, se entiende, lo que suponía una apreciación de que la propuesta del acusador era incorrecta. Sin embargo, existían dudas al respecto.

Sobre este tema se acaba de publicar una tesis jurisprudencial del pleno del primer circuito, identificada con el registro electrónico 2021559, que expresa ya sin dudas que el órgano judicial puede establecer la calificación jurídica que considere. Dicha tesis resuelve la contradicción de tesis 17/2019, planteada sobre este tema.

De acuerdo con el criterio, conforme a las facultades previstas en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control, al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho o hechos con apariencia de delito que fueron materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de que se rectifica el estudio de tipicidad que hizo, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida.

El órgano jurisdiccional considera que con este proceder se respeta el principio de presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde, sin que se afecte el derecho fundamental a una adecuada defensa, ya que el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso éste puede ser determinado en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en las fases inicial y complementaria, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues subsisten los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación; además, si el imputado no está de acuerdo con la nueva clasificación, conforme al principio de contradicción, puede impugnar esa determinación mediante el recurso de apelación en términos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o con el juicio de amparo indirecto.

Es un criterio interesante, que sin duda merecerá discusión de los especialistas. n