Sin embargo, en el caso de este ayuntamiento, hay algunas particularidades que conviene analizar, porque podrían tener una implicación de tipo político y posiblemente de tipo electoral con miras a los procesos que están a la vista en 2018.

Esa circunstancia pasa por la embestida que desde el PRI –municipal y estatal–, desde el Congreso por medio de la fracción priísta, desde instancias estatales y también federales, se orquesta contra el gobierno perredista de Evodio Velázquez.

Ya se ha hablado en este espacio sobre los tres primeros casos, por lo que ahora sólo se abordará el tema federal.

Es una práctica recurrente que la Federación establezca, como dice el alcalde, “rutas de rescate” financiero para los municipios. En Acapulco lo ha hecho en varios momentos, por medio de créditos puente que permiten operar al municipio, y por medio de programas que compensan las debilidades del mismo. No se trata de subsanar deficiencias o parchar desvíos, sino sólo de mecanismos que otorguen cierta fluidez financiera y gobernabilidad municipal.

Sin embargo, en el caso de la actual administración, la Federación se ha mantenido ajena. En materia de prevención del delito, por ejemplo, canceló los recursos de este programa. Aunque las deudas del municipio con algunas dependencias federales son menores, curiosamente empiezan a ser ventiladas en público, como lo hizo la semana pasada el delegado del Issste, Mario Moreno Arcos, durante su participación en el Grupo Aca, en la que él mismo reconoce que no es significativo, pero destaca al ayuntamiento de Acapulco y la Capama como deudores.

La Comisión Federal de Electricidad es otro actor en juego. Aunque ayuntamiento y Capama han mantenido una deuda histórica, siempre han llegado a arreglos para que el municipio vaya pagando antes de llegar al corte del suministro eléctrico. Pero esta vez no. Ya se quedaron oficinas sin luz, ya se dejó a todo el municipio sin agua. La rigidez del trato es visible, y no puede entenderse sino como una manera de hacer ver mal al equipo que gobierna a la primera ciudad del estado.

Establecer una ruta de rescate de la Federación al municipio es algo que pasa por el tema de la gobernabilidad, que debe ser tan apreciada en momentos como los actuales, y precisamente cuando se prepara un proceso electoral que será altamente competido.

Tampoco es que el gobierno federal venga a poner dinero sin ton ni son. Tiene que haber compromisos, programaciones, acuerdos; pero, sobre todo, voluntad. No se daña sólo la imagen del gobierno de Evodio Velázquez si se le deja colapsar, sino se afecta a toda la comunidad.

Y, cuando esas operaciones han sido frecuentes en gobiernos anteriores, es difícil entender que ahora no se quiera transitar esa ruta, sin ligar esta negativa a la inevitable llegada del proceso electoral de 2018. Pero es una apuesta equivocada: más tensión no logrará una mejoría para los ciudadanos, ni tampoco hará que el PRI gane sólo por eso.