Suspensión de derechos y garantías

Escrito por  Eduardo López Betancourt Mar 30, 2020

En el momento de crisis actual por la epidemia que se enfrenta en el mundo se ha hecho común escuchar en las noticias que los países emprenden medidas extremas, de paralización de las actividades, limitando las libertades de las personas para hacer sus actividades comunes en las áreas públicas de las ciudades. Lo que se llaman las acciones de “toque de queda” corresponden al estado de suspensión de los derechos y garantías que en el caso del orden constitucional mexicano, está previsto en el artículo 29 de la constitución política.

Este numeral señala concretamente que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto (como podría ser la epidemia que ahora enfrentamos) solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

De este modo, el texto constitucional prevé esta posibilidad de que por medio de este acto se hagan cesar, de modo temporal, el goce de ciertos derechos o garantías que, a favor de los habitantes del país se consagran en la Constitución.

La suspensión de garantías es un acto formalmente ejecutivo y materialmente legislativo: el Ejecutivo lo presenta al Congreso de la Unión como una iniciativa de ley o decreto, y lo promulga como un acto proveniente del legislativo. Tiene características de ley, pues sus prevenciones deben ser generales y no puede contraerse a determinado individuo. Además, la suspensión de garantías tiene vigencia temporal; nunca podrá ser permanente; siempre es parcial, no puede comprender todos los derechos que a favor del individuo establece la Constitución; sólo puede constreñirse a aquellas garantías que constituyan un estorbo para hacer frente a la situación extraordinaria; empero, hay ciertos derechos que por su misma naturaleza nunca podrían ser objeto de una suspensión.

Sobre este último punto, el párrafo segundo del mismo artículo 29 señala que en los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La suspensión puede referirse tanto a las garantías que consagra la Constitución general, como a las que se mencionen en constituciones locales.

La suspensión es un acto complejo, que exige el acuerdo o coincidencia de varios servidores públicos de alto nivel, como representantes de la voluntad popular: el Presidente de la República, como único titular de la facultad de comenzar el acto; los secretarios de Estado, jefes de departamento y procurador general de la República, como copartícipes y responsables técnicos y políticos en virtud del acuerdo que adoptan; y el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, cuyo compromiso aquí gira en torno a moderar, encauzar o en su caso neutralizar los excesos de la voluntad presidencial.

Asimismo, es relevante mencionar que existe control judicial, pues el propio texto del articulo 29 dispone que los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

Esperemos ver cómo evoluciona la situación en el país, en caso estrictamente necesario, siempre con prudencia y racionalidad, esta es una herramienta jurídica de la que puede echar mano el gobierno para atender la situación. n