El Poder Judicial como garante de la Constitución

Escrito por  Eduardo López Betancourt May 11, 2020

Como es evidente, si lo dispuesto en la Carta Magna pudiera ser cumplido o no discrecionalmente por las autoridades, la Constitución carecería de toda aplicación práctica; por tal razón, el Constituyente de 1917 consideró indispensable crear ciertos mecanismos por medio de los cuales pudiera preservarse el orden constitucional de violaciones.

Todo régimen constitucional debe prever la existencia de ciertos instrumentos que entran en juego cuando no se respeta espontáneamente lo dispuesto en la ley suprema, pudiendo coercitivamente hacer valer su contenido. Estos son los medios de control de la constitucionalidad, que se comentaron en el apartado anterior. En el caso del sistema constitucional mexicano, el control lo ejerce el poder judicial, de ahí que pueda considerarse que este tercer órgano del Estado se constituye como garante de la Constitución.

El Poder Judicial Federal desarrolla una doble función en el desempeño de sus funciones. Por un lado, es un mero juez encargado de aplicar la ley a la resolución de un conflicto de intereses, sin efectuar ninguna actividad de tipo político, o de poder a poder. Por otro lado, ejerce el control constitucional, asumiéndose como el defensor del orden creado por la Constitución, colocándose en este supuesto en una relación política.

Muchos son los medios de control constitucional que existen o han existido en los diversos sistemas políticos; a grandes rasgos, pueden clasificarse por dos criterios: a) según el órgano que lo efectúa, pudiendo ser de naturaleza política, jurisdiccional, o mixta; y b) según los alcances de la protección, ya sean absolutos o relativos. Dado que el encargado de ejercer el control constitucional en nuestro país es el Poder Judicial, se considera un sistema por órgano jurisdiccional.

Como hemos señalado, el Poder Judicial desempeña en nuestro régimen constitucional un doble papel; por un lado, se encarga simplemente de resolver controversias, aplicando la ley a casos concretos, ejerciendo la que puede llamarse función judicial ordinaria, también denominada en la doctrina como originaria.

Como primer ámbito de facultades del Poder Judicial de la Federación, le corresponde a este órgano llevar a cabo la función propiamente jurisdiccional, en las materias que expresamente dispongan las leyes, en este caso las que le asigna el texto constitucional y se detallan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el párrafo quinto del artículo 94 constitucional, la competencia de los distintos órganos que integran el poder judicial federal: la Suprema Corte, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Tribunal Electoral, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que la misma Constitución establece.

Los ámbitos competenciales que corresponden a esta función judicial ordinaria se enlistan en el artículo 104 constitucional. De acuerdo con éste, los tribunales de la Federación conocerán: de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Asimismo, de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa, sólo en los casos que señalen las leyes.

También les corresponde conocer de todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; de aquellas en que la Federación fuese parte; y de las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial se encarga de determinar los ámbitos de competencia de los diversos órganos del poder judicial federal. n