Derecho a la salud

Escrito por  Eduardo López Betancourt May 25, 2020

En estos tiempos ha cobrado una inmensa relevancia el derecho a la protección de la salud, que está reconocido en el artículo cuarto de la Constitución Política del país, así como en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Particularmente este segundo documento habla del “derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, que incluye el bienestar tanto físico, como mental y social.

El contenido normativo de este derecho ha sido desarrollado por la Observación General número 14, del año 2000, del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas. Este documento es de la mayor relevancia para tener claridad sobre lo que cabe exigir al Estado en el marco de este derecho. Así, este documento señala que el derecho no se trata de un “derecho a estar sano”, porque eso claramente depende de multiplicidad de factores incontrolables. No sería razonable pensar que el Estado pueda garantizar la buena salud a toda costa, ni brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Esto depende de factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados. El derecho, más bien, incluye libertades y derechos bien específicos. Es decir, incluye derechos de los llamados positivos y negativos.

Por un lado, este documento señala que entre las libertades se encuentra el derecho a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. Se trata de ámbitos que deben estar a salvo, no se permite al Estado lesionar la salud con esas conductas indebidas.

Por otro lado, el derecho a la salud incluye derechos positivos, entre los cuales el más importante es el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas las mismas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Este sistema debe incluir toda la gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar ese nivel de salud.

Es conocido que la provisión de los servicios de este sistema sanitario debe cumplir cuatro estándares: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Por lo que hace a la disponibilidad, significa que el Estado debe establecer un número suficiente de centros de atención, en todo lo que implican: establecimientos, bienes, servicios y programas. La disponibilidad supone infraestructura, personal médico y por supuesto insumos. Del personal médico y profesional se espera que esté capacitado, y que sea remunerado. Asimismo, se incluyen los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

El siguiente estándar supone que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna. Esta accesibilidad presenta otras dimensiones, como son la accesibilidad física, relativa al alcance geográfico y cercanía razonable para toda la población; así como la asequibilidad económica, que supone que los servicios puedan recibirse no necesariamente de forma gratuita, sino según el principio de equidad.

El estándar de aceptabilidad supone que los servicios sanitarios deben ser respetuosos de la ética médica, particularmente en lo que respecta a ser culturalmente apropiados, además de respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas. Por lo que hace a la calidad, se espera que los servicios brinden una labor científicamente adecuada y aprobada.

Claramente, la satisfacción de estos estándares requiere un compromiso permanente con la progresividad, que suponga el aumento en el destino de recursos de parte del Estado a estos elementos. n