Penas prohibidas en la Constitución

Escrito por  Eduardo López Betancourt Jun 08, 2020

Como se desarrolla en la Constitución comentada editada por profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos límites a la potestad punitiva del Estado, que forman parte del régimen de garantías de los derechos fundamentales del ciudadano que se ve sometido a un proceso penal. El precepto contiene cuatro temas básicos: la enumeración de las penas de aplicación prohibida en el derecho mexicano, la enunciación del principio de proporcionalidad, la delimitación de las privaciones patrimoniales permitidas, y las reglas que rigen el procedimiento de extinción de dominio.

Como es bien sabido, la pena es la sanción que impone el Estado a una persona responsable de un delito. Al determinar el castigo aplicable, las autoridades deben ceñirse a límites precisos: el juez sólo puede imponer como sanción lo que haya señalado previamente el legislador quien, a su vez, sólo puede establecer en las leyes penas compatibles con el marco constitucional. La primera gran delimitación constitucional de las penas es la lista de castigos prohibidos, incluida en el primer párrafo del artículo 22 comentado. Estas sanciones son aquellas que de aplicarse, lacerarían bienes fundamentales del individuo como la vida, la integridad física o la totalidad de su patrimonio.

La pena privativa de la vida fue incluida entre las penas prohibidas por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005. Su abolición ha respondido a la tendencia promovida desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, mediante dos documentos firmados y ratificados por México: el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, de 1989; y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte, de 1990.

No obstante su abolición, el debate sobre la pena capital sigue presente en la sociedad. Es usual que ante hechos criminales que generan gran alarma, se formulen posicionamientos sobre la necesidad de reconsiderar la aplicabilidad de esta sanción como último recurso para la defensa social. En nuestra posición, constantemente nos hemos manifestado a favor de la implementación de esta sanción, para criminales protervos, como el último medio para la defensa social.

Además de la pena de muerte, el artículo 22 proscribe la mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie. Se trata de penas corporales en sentido estricto, en tanto se ejecutan sobre el cuerpo del sentenciado. En concordancia con el numeral 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha de entenderse que la prohibición se extiende a toda pena cruel, inhumana o degradante, que al no respetar la integridad de la persona, resulta un atentado contra su dignidad.

En otras culturas y épocas, no ha sido excepcional aplicar sanciones como cortar la mano al ladrón o la lengua al falsario, o marcar con fuego la señal del delito en el rostro del infractor. Estas prácticas están actualmente proscritas en nuestro horizonte cultural, en el cual la humanización del derecho penal ha sido un proceso histórico, iniciado durante la época de la Ilustración, con Beccaria y su reacción contra los suplicios.

Respecto a las penas privativas de bienes, el texto del artículo prohíbe la multa excesiva y la confiscación. La multa forma parte de la sanción pecuniaria; consiste simplemente en el pago de una cantidad de dinero al Estado. La multa debe ser proporcional al delito cometido; además, el juez debe observar las circunstancias del infractor al individualizar su monto. Una multa es excesiva cuando no atiende esos requisitos: no es razonable en relación con el delito y el bien jurídico tutelado, o se impone sin tomar en cuenta la situación patrimonial del delincuente. n