Derechos humanos y globalización

Escrito por  Raúl Sendic García Estrada Jul 10, 2020

A pesar del impulso inicial que sugería la protección de los derechos humanos, hubo que esperar casi nueve años para que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) entrara en vigor, para lo cual se pidió la ratificación de 11 Estados miembros de la OEA, y a la fecha, 25 integrantes de ese organismo han ratificado el documento. Entre los Estados que aún no han ratificado la CADH destaca Canadá, que se incorporó a la OEA en 1989. Estados Unidos, desempeñando una acción diplomática fundamental para convencer a algunos países del centro y sur de América, permitió su entrada en vigor en el ámbito internacional.

La primera parte de la Convención establece la obligación de los Estados participantes de respetar y garantizar a todas las personas sujetas a su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en ésta, sin discriminación alguna, y de adoptar toda medida legislativa o de otro carácter necesario para hacerlos efectivos en sus respectivos ordenamientos internos, para lo cual debe definir en cada uno de sus artículos los derechos y libertades tuteladas.

La segunda parte de la CADH reglamenta los medios de la protección. La tercera parte contiene algunas disposiciones generales y provisionales sobre la designación de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se añadió el Protocolo de San Salvador al contenido de la CADH, sobre los derechos económicos, sociales y culturales. También se añadió el Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, en virtud del cual los Estados miembros “no aplicarán en su territorio la pena de muerte”, conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter militar.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos complementa una serie de instrumentos adicionales de contenido específico, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, las cuales amplían las obligaciones establecidas en aquella y las competencias de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del examen de las peticiones individuales.

La Convención Americana está dotada de un sistema de control propio del cumplimiento y observación de las obligaciones que establece.

Este sistema se apoya en el derecho de cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental reconocida para presentar quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos humanos sancionados por la CADH por alguno de los Estados miembros, a lo cual se añade la facultad, al Estado interesado y a la propia Comisión, de someter sucesivamente el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumplidas ciertas condiciones.

La Corte también puede adoptar medidas provisionales para evitar un perjuicio irreparable a las personas, en las disputas que examina o en los juicios aún pendientes ante la Comisión, a petición de ésta.

Respecto de las funciones consultivas, los Estados miembros de la OEA y los órganos de ésta, en los límites de sus respectivas atribuciones, pueden pedir a la Corte que formule una opinión acerca de la interpretación de la convención “o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”.

Respecto de las funciones contenciosas, sólo la Comisión o los Estados interesados tienen derecho de recurrir a la Corte, pero no los particulares, que aún carecen del derecho de acceso directo a la Corte (llamado ius standi).

Si bien antes los particulares no podían desempeñar función alguna en los procedimientos ante este órgano, una serie de enmiendas al reglamento en los últimos años les han atribuido una capacidad autónoma y cada vez más amplia de participación directa en los juicios (denominada locus standi), preludio de una futura reforma de la CADH, que todavía está en debate.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la CADH, a diferencia de la Comisión Interamericana, que es un organismo de la OEA. n