Preliberación y procedimiento abreviado

Escrito por  Eduardo López Betancourt Ago 17, 2020

Esta semana se reinició la actividad de publicación de jurisprudencias en el Semanario Judicial de la Federación, luego de meses de suspensión por la pandemia. Entre las tesis publicadas destaca una de la Primera Sala, relativa a beneficios preliberacionales, procedimiento abreviado y amparo directo. Esta tesis resuelve la contradicción de tesis 409/2019.

Recordemos que el procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso penal, que se presenta cuando, a solicitud del Ministerio Público, se abre el mismo para acusar y condenar con base en datos de prueba. Lo fundamental es que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; y que entre otros aspectos, expresamente renuncie al juicio oral, además de admitir su responsabilidad por el delito que se le imputa y aceptar ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación.

La sentencia de procedimiento abreviado puede discutirse en segunda instancia, y esta resolución, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución, así como los relativos 34 y 170, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es rebatible en el juicio de amparo directo.

La tesis que queremos comentar, 9/2020, recuerda la jurisprudencia previa de la Primera Sala, que al resolver la contradicción de tesis 56/2016 y el amparo directo en revisión 1619/2015, de los cuales derivaron la jurisprudencia 1a./J. 34/2018 (10a.) y la tesis aislada 1a. CCX/2016 (10a.), respectivamente, delimitó el parámetro de estudio bajo el cual los juzgadores y órganos de control constitucional deben actuar si se impugna la resolución de un procedimiento abreviado.

Esas decisiones previas no prohíben el análisis de los beneficios preliberacionales en ninguna de las instancias del proceso penal, ni en el juicio de amparo directo, pues según la Primera Sala ese estudio no involucra el cuestionamiento de la responsabilidad, la comisión del delito y las sanciones aceptadas por el imputado, sino que está relacionada con la forma de ejecución de la pena impuesta.

En efecto, nos recuerda el máximo tribunal, los beneficios de preliberación cumplen otra finalidad constitucional que tiene que ver con el sistema penitenciario, a saber, la de actualizar el derecho fundamental de reinserción social del sentenciado, previsto en el artículo 18 de la Constitución federal, relacionado con la ejecución de la pena, que no puede vincularse con la consecuencia jurídica trascendental de la aceptación total del imputado de la acusación que se tramitó y resolvió en un procedimiento abreviado.

Por tanto, concluye la Primera Sala que la negativa de conceder algún beneficio preliberacional a la persona sentenciada bajo el procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio puede ser materia de análisis en el juicio de amparo directo a la luz de los conceptos de violación hechos valer, en los que se impugne la violación en el cumplimiento de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia.

Recordemos que de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre esos beneficios se incluye la libertad anticipada, así como la libertad condicionada y los sustitutivos de la prisión. n