Jurisprudencia sobre libertad de expresión

Escrito por  Eduardo López Betancourt Oct 19, 2020

El artículo 6º de la Constitución Política del país protege la libertad de manifestar las ideas, o libertad de expresión, en el sentido clásico, al declarar que ésta no será objeto de ninguna intervención estatal judicial o administrativa, salvo en ciertos casos: cuando constituya un ataque a la moral o a los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Con ese señalamiento, establece una obligación de no hacer para el Estado, consistente en el deber de mantenerse al margen de cualquier intervención en la libertad de manifestación del individuo, siempre y cuando éste no vaya en su ejercicio más allá de los límites mencionados, cuya clarificación corresponde a las leyes reglamentarias.

Esencialmente vinculada a esta libertad de manifestación, el artículo 7º se ocupa de consagrar la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia, es decir la libertad de imprenta o de prensa; pero estableciendo como límites a la misma el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Como en el caso de la libre expresión, este señalamiento consiste en un deber de abstenerse, de parte del Estado, de cualquier acto legislativo, administrativo o judicial que constituya censura o coarte esta libertad, salvo en los casos en que vaya más allá de los límites referidos.

Estas libertades consagradas en los artículos 6º y 7º, tienen su origen en el liberalismo clásico postulado por los constitucionalistas de 1857.

Este deber del Estado de no interferir se hace presente en múltiples dimensiones, de manera constante, en una evolución permanente según se desarrollan las sociedades. Justamente en esta medida, la jurisprudencia que comentamos del Pleno de la Suprema Corte resuelve una oposición presentada entre criterios de las dos salas de la Suprema Corte, con relación al artículo 223, fracción IX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Este precepto establece que la programación que se difunda por radiodifusión o televisión y audio restringidos deberá propiciar el uso correcto del lenguaje. Que se prevea esta condicionante puede aparecer como un límite o no a la libertad de expresión, desde la perspectiva que se aborde el tema.

El criterio jurídico establecido por el Pleno resuelve que esta medida legislativa establecida en el artículo 223, fracción IX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es inconstitucional por no superar el primer paso del test de proporcionalidad, ya que no atiende a un fin constitucionalmente imperioso. Es decir que se trata de un precepto que impone una restricción de contenido a la libertad de expresión, el cual debe implementarse tomando en consideración el especial lugar reforzado que ocupa dicho derecho y el reducido ámbito de libertad configurativo del legislador.

Como lo ha sostenido el Pleno, se reitera que aquellas leyes que impongan restricciones a las precondiciones democráticas deben evaluarse considerando el menor ámbito de actuación de las autoridades, en oposición a aquellas que se proyectan sobre un ámbito de libertad configurativa de los órganos políticos, y si aquellas inciden en los contenidos de la libertad de expresión se incluyen en la primera categoría. Por tanto, para obtener reconocimiento de validez, esas medidas deben buscar realizar un fin legítimo, y la norma debe presentarse como un medio idóneo, necesario y proporcional en sentido estricto, lo cual no es superado por el precepto en cuestión desde la primera grada del test, pues al establecer que la programación que se difunda por radiodifusión o televisión y audio restringidos deberá propiciar el uso correcto del lenguaje es claro que no busca realizar un fin constitucionalmente legítimo, sino lo contrario: el uso correcto del lenguaje debe calificarse como un fin ilegítimo desde la perspectiva de todos los derechos involucrados y contrario a los fines de una democracia multicultural, el cual conforma un modelo normativo que permite el cuestionamiento de los discursos dominantes.

De esta manera, para el Pleno, la corrección en el lenguaje no es un interés que valga la pena defender constitucionalmente. Así estamos defendiendo la incorrección lingüística en aras de la libertad de expresión. n