Derecho procesal mercantil

Escrito por  Eduardo López Betancourt Dic 14, 2020

La expresión derecho procesal puede entenderse referida tanto al conjunto de normas jurídicas que regulan los procedimientos seguidos ante los órganos jurisdiccionales del Estado como a la rama del derecho encargada del estudio, la sistematización y la crítica de esas normas. En su primer sentido, se habla del derecho procesal dado por el legislador, de las normas procesales en materias civil, penal, mercantil o de cualquiera otra de las ramas del orden jurídico positivo. En el segundo sentido se habla de la llamada ciencia del derecho procesal.

Entendido como una rama de la legislación, el derecho procesal se denomina usualmente derecho adjetivo, en oposición al derecho sustantivo o de fondo encargado de establecer el régimen de derechos y obligaciones que integran el contenido central de cada materia del orden jurídico. Esto se debe a que al igual que los adjetivos desempeñan la función gramatical de calificar o determinar a los sustantivos, también las normas adjetivas determinan el contenido de las normas sustantivas al permitir su aplicación a situaciones concretas en las cuales su alcance es controversial, mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales competentes.

Es oportuno puntualizar que esa caracterización de las normas del derecho procesal como derecho adjetivo no significa que se trate de normas de menor relevancia. Las normas adjetivas son fundamentales en tanto permiten cumplir el derecho sustantivo o, más bien, aseguran la observancia de éste mediante la “garantía jurisdiccional”. Como afirma el jurista italiano Piero Calamandrei, cuando los individuos no cumplen voluntariamente las normas sustanciales, el Estado impone su observancia mediante la garantía jurisdiccional, y entonces entra en juego el derecho procesal.

De este modo, entendido como una rama de la legislación, el derecho procesal reúne las normas que se ocupan de regular lo concerniente al proceso, como vía mediante la cual se resuelve una controversia al aplicar al caso concreto las normas sustantivas o al exigir su cumplimiento por medio de la garantía jurisdiccional, así como sus etapas y la intervención que en éstas tienen el órgano judicial y los sujetos procesales.

En tal entendido, la singularización del derecho procesal mercantil en el universo de las normas procesales atiende a su objeto: se trata de normas que se aplican cuando el fondo de la controversia corresponde a un asunto de contenido mercantil. Para delimitar dicha materia, puede acudirse a los criterios tradicionales, según se atienda a los sujetos que intervienen (criterio subjetivo) o al acto en sí mismo (criterio objetivo).

Desde otro enfoque, con apego a la noción moderna de derecho mercantil como derecho de la empresa, las normas adjetivas se aplicarán para resolver controversias en las cuales intervengan empresarios, o tengan como contenido derechos y obligaciones derivados de las actividades empresariales, en las cuales se incluyen por supuesto las comerciales.

Es de relevancia mencionar que la ciencia del derecho procesal consolidó durante el siglo XX la idea de la “unidad esencial de lo procesal”, es decir la tesis según la cual —independientemente de la materia sustantiva de que se trate—, todo proceso comparte ciertos elementos estructurales.  A partir de esa estructura similar dispuesta por las normas adjetivas de las distintas materias, se han construido teóricamente los conceptos y principios comunes a todas las ramas procesales. La doctrina coincide en señalar tres conceptos fundamentales de la ciencia procesal: jurisdicción, proceso y acción. Los tres conceptos están estrechamente interrelacionados: la jurisdicción (del latín iuris dictio, decir el derecho) es la facultad que tienen los órganos judiciales del Estado de resolver las controversias que sean de su competencia, mediante la aplicación del derecho al caso concreto. El proceso es la secuencia ordenada de actos jurídicos mediante los cuales se ejercita la jurisdicción. La acción es el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales que tienen los gobernados, cuyo ejercicio permite iniciar un proceso. n