El delito de abuso de autoridad

Escrito por  Eduardo López Betancourt May 10, 2021

Según el Código Penal argentino, en el artículo 248, comete el delito de abuso de autoridad “el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Fontán Balestra, en su obra Tratado de derecho penal, opina: “La disposición prevé tres formas típicas con las que un funcionario público puede cometer abuso de autoridad: dictando resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales; ejecutando órdenes o resoluciones de esa clase existentes; no ejecutando las leyes cuyo cumplimiento incumbe”.

Francesco Carrara, en su obra Programa de derecho criminal, nos comenta: “la fórmula abuso de autoridad expresa unas veces un género, y otras una especie particular. Como género, se aplica indistintamente a cualquier hecho culpable para cuya consumación se ha valido el agente de la situación que le proporciona el cargo por él desempeñado. Como especie, expresa de modo más particular aquellos abusos que, fuera de ser meras transgresiones disciplinarias o violaciones de los simples deberes morales del cargo, lesionan de tal manera el derecho, que merecen castigos penales y constituyen por esto verdaderos y propios delitos, pero como al mismo tiempo no ofrecen en sí ninguna odiosidad especial que merezca nombre aparte, quedan incluidos en la designación genérica.”

El Código Penal venezolano, en su artículo 204, señala: “Todo funcionario público que, abusando de sus funciones, ordene o ejecute, en daño de alguna persona, cualquier acto arbitrario que no esté especialmente previsto como delito o falta por una disposición de la ley, será castigado con prisión de quince días a un año y si obra por un interés privado, la pena se aumentará en una sexta parte. Con la misma pena se castigará al funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, excite a alguna persona a desobedecer las leyes o las medidas tomadas por la autoridad”.

Respecto al artículo anterior, García Iturbe, en su obra Delitos contra la casa pública y contra la administración de justicia, opina: “El abuso de los poderes o facultades de los empleados públicos puede constituir un título de delito autónomo, como en la concusión o en la corrupción de funcionarios, o en el mismo peculado puede también ser una circunstancia agravante de algún delito y por último, puede ser constitutivo del delito que ahora examinamos, conocido por la doctrina con el nombre de ‘abuso de autoridad genérico e innominado’, ya que no toma su título de una determinada objetividad jurídica.”

La definición de este ilícito vuelve a presentarse sumamente difícil, considerando la gran variedad de supuestos del artículo 215, muchos de ellos de naturaleza auténticamente contradictoria, tal como ya lo hemos expresado. Con riesgo de ser omisos o limitados, presentaremos nuestra definición de este ilícito, para efectos exclusivamente de enseñanza; el abuso de autoridad se presenta cuando un servidor público en uso de las funciones que le han sido encomendadas, las efectúa más allá de lo que son sus facultades, en perjuicio de particulares o de la propia administración pública. n