La justicia tardó 16 años

Escrito por  Sergio Ferrer Jun 18, 2018

A la jueza séptima de Distrito, con sede en Chilpancingo, le tocó emitir una sentencia definitiva en el caso de Valentina Rosendo Cantú. Una sentencia histórica. Como bien lo menciona el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, se trata del primer caso de tortura sexual cometida por efectivos del Ejército llevado en el fuero civil, derivado del mandato de la sentencia internacional emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010. 

La resolución llega en una coyuntura electoral; sin embargo, el alcance no es menor y debe considerarse como un hito en el proceso que mexicanas y mexicanos hemos enfrentado de militarización del país, de injerencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública, tomando en cuenta crudos antecedentes de abusos y graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares del Ejército o la Marina. 

También cabe recordar que llega en la temporalidad de la discusión de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de efectivos del Ejército en actividades de seguridad pública, además del nuevo marco normativo que ha prendido los focos de alerta de varios mecanismos internacionales en materia de derechos humanos. 

El 1º de junio de este año, el juzgado séptimo de Guerrero emitió una sentencia condenatoria contra dos militares por los delitos de violación y tortura, cometidos contra Valentina en 2002. La resolución señala la responsabilidad penal de los dos integrantes en aquel entonces del Ejército y les impone una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, además del pago de la reparación del daño para la superviviente. 

Uno de los responsables de cometer los delitos interpuso un recurso de apelación al fallo. La relevancia nacional e internacional del caso coloca en la mesa la necesidad de contar con este tipo de sentencias que, más allá de la obligación estatal, formen un camino para que las violaciones a derechos humanos no se repitan. Sólo mencionaremos algunas aspectos relevantes de la sentencia por la cual este lunes habrá una conferencia de prensa en la Ciudad de México, la cual podrá verse en vivo desde las 10 de la mañana en la página de Tlachinollan en Facebook. 

Es importante que el testimonio de la víctima se fortaleció al dar carácter probatorio a los testimonios de su ex pareja y de su ex cuñada. La sentencia utiliza el término de asimetría de poder al señalar la vulnerabilidad en que se encontraba Valentina en relación a sus agresores, que no sólo la superaban en número, sino que eran parte del Ejército y estaban armados, lo cual constituyó un entorno de coacción. 

La sentencia hace un análisis de lo que significa una agresión sexual y los efectos que tiene en su grupo familiar y su comunidad, los cuales pueden durar por tiempo indefinido. Por ello, indica que la agresión sufrida puede ser considerada como tortura o malos tratos. Asimismo, se valora la pertenencia a un pueblo indígena en relación al dicho de la víctima. 

Las aparentes inconsistencias en el relato de Valentina se valoran de acuerdo con el hecho de que su lengua materna no era el español (así como la naturaleza traumática de los hechos). Estos aspectos que se consideran resultan muy importantes por una parte para reconocer la responsabilidad de los militares en la acción de violación y tortura, que pueden afectar no sólo a la víctima directa, sino a toda una comunidad que no debe vivir bajo el yugo de la pobreza y el amedrentamiento de fuerzas armadas, cuyos alcances en materia de funciones de seguridad pública no deben constituirse como una verdad que someta a la población sin que se recuerde y se tenga presente cada una de las acciones arbitrarias, desapariciones forzadas o abusos de autoridad que han sido cometidos por integrantes en activo del Ejército, la Marina u otra corporación. Valentina, la mujer me’phaa que acudió hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e Inés Fernández Ortega representan la fortaleza de las mujeres indígenas que no se doblegó y persistió en la lucha por la justicia. 

El caso de esta última está pendiente, así como el cumplimiento real de las medidas de reparación. Valentina ha dicho que este esfuerzo es para sus hijas, porque no quiere que se repitan hechos como el que les ocurrió, ni a su familia, ni a otras mujeres. 

Otro elemento importante que destaca Tlachinollan de la sentencia es la cuestión relativa a la tortura: “...en el caso el delito de tortura por parte de los elementos castrenses hacia la víctima, no únicamente se configura por los golpes y amenazas de que fue objeto, sino además resulta trascendental considerar a la violación sexual de la víctima como un medio especial de tortura, dado que en sí misma causa un gran sufrimiento físico y psicológico, pues impacta de tal manera en la dignidad de la persona, denigrándola y humillándola a niveles deshonrosos que se hace ilusoria la posibilidad de reponerse anímica y emocionalmente de un evento de esa naturaleza, trascendiendo sus efectos a la vida personal, familiar y comunitaria donde se desarrolla la agraviada.” (pág. 108).

Dentro de esta observancia, la sentencia confirma que “también la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la violencia sexual tiene causas y consecuencias específicas de género, ya que se utiliza como forma de sometimiento y humillación y método de destrucción de la mujer y que, inclusive, puede derivar en una forma extrema de discriminación agravada por situaciones de especial vulnerabilidad –tales como la pobreza y la niñez–, lo que implica que la víctima sufra una intersección de discriminaciones.” (pág. 101).

El caso de Valentina ha tenido el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), del CDHM Tlachinollan y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). En la conferencia de prensa sobre la histórica sentencia hablarán representantes de estas organizaciones, pero también estará Jan Jarab, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Alda Facio Montejo, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Tania Reneaum, de Amnistía Internacional, y desde luego, Valentina Rosendo Cantú.

Como sociedad, debemos estar pendientes de los temas que son trascendentales en materia de derechos humanos. No podemos dejar invisibilizada esta lucha de una mujer superviviente frente a un contexto violento contra las mujeres y de impunidad que a diario golpea a Guerrero y al país. Mirar de frente los procesos innegables de acceso a la justicia que nos marcan pauta en la historia.

Para Tlachinollan, la sentencia que emite el juzgado séptimo de Distrito es de gran relevancia para el caso y el proceso de justicia que hace más de 16 años emprendió Valentina; sin embargo, aunque reconocemos el avance que trae consigo esta resolución, pensamos que existen varios elementos que no se consideraron. Si bien la resolución es buena, no logra incluir los más altos estándares internacionales que existen tanto en casos de tortura sexual como en la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

En un párrafo. Este fin de semana el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y en contra del proyecto de reserva de biosfera en La Montaña (CRAADT), en su más reciente asamblea, lanzó un llamado a los ciudadanos para que exijan a los candidatos mantener y respetar la defensa del territorio, y posteriormente a los ayuntamientos electos solicitarles la negación de permisos de uso de suelo a empresas extractivas, a efecto de mantener municipios libres de minería e incluso que esta decisión quede en el Diario Oficial del estado. La amenaza destructiva del modelo extractivo minero ataca sigilosamente por medio de las fauces del gobierno y buscando estrategias y modos de atrapar con sus garras carroñeras territorios sagrados para destruirlos y llevar muerte a donde hay vida. No a la minería en La Montaña de Guerrero.