Nociones preliminares de derecho penal

Escrito por  Eduardo López Betancourt Sep 08, 2018

Para desenvolverse socialmente, el hombre requiere un entorno que le ofrezca seguridad y que le permita tener relaciones sociales pacíficas; para ello se organiza socialmente dando origen al Estado y otorgándole las facultades y poderes necesarios para crear y desarrollar los elementos que le ofrezcan tanto paz como seguridad. Así surge, creado por el Estado, el derecho en general y como parte integrante de éste, el derecho penal.

A lo largo del tiempo, el derecho penal ha tenido varias denominaciones, como derecho criminal, derecho de defensa social y derecho protector de los criminales. El célebre penalista Celestino Porte Petit indicaba que “por derecho penal debe entenderse el conjunto de normas jurídicas que prohíben determinadas conductas o hechos u ordenan ciertas acciones, bajo la amenaza de una sanción”.

Por su parte, Jiménez de Asúa señala que “derecho penal es un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora”.

De Jiménez de Asúa entendemos que el derecho penal regula y aplica las penas para los infractores, a la vez que establece los delitos y las penas que merecen. Ciertamente, afirmamos que el derecho penal es una rama del derecho porque se integra por un conjunto de normas; que proviene del derecho público interno, pues rige las relaciones del Estado como ente soberano con los particulares; que su objetivo primordial consiste en crear y conservar el orden social, elementos que el Estado como ente regulador de una sociedad está obligado a crear y ofrecer a todos sus integrantes para lograr relaciones sociales pacíficas que permitan a aquéllos lograr sus fines propios o de grupo; que los hechos analizados son los delitos, las penas y las medidas de seguridad, que a la vez se convierten en las armas hechas valer por el Estado para regir la conducta de sus integrantes, con el fin de conminarlos a que no rebasen las limitantes que deben observar en la práctica de su convivencia y relaciones sociales.

Para referimos al derecho penal es indispensable enunciar que éste consta de dos partes primordiales, las cuales serán objeto de estudio en breve. La historia de las leyes penales constituye hoy la base para el estudio de los orígenes de esta rama del derecho.

Aunque muchas leyes y disposiciones emanadas de la autoridad real y otras potestades del Estado fueron letra muerta, constituyendo sólo colecciones eruditas para uso de los estudiosos, nunca llegaron a ser derecho vivo aplicado o lo que llamamos vigente. Es importante, pues, tener en cuenta que en muchos casos del derecho penal aplicado en los tiempos antiguos fueron las costumbres del lugar, lo que llamamos derecho consuetudinario o lo establecido por las sentencias de los tribunales.

No se puede concebir una sociedad sin un orden jurídico; de ahí que todas las sociedades hayan establecido en su civilización un ordenamiento jurídico en virtud de perpetuar el bienestar de los individuos que la conformaban. Este ordenamiento se consideraba adecuado para lograr sus fines y objetivos, y dicho orden se traduce en leyes, que permitirán conocer a sus destinatarios, sus derechos y obligaciones, sea que se trate de los encargados de aplicarlas o que se trate de aquellos que deban cumplirlas.

Al crearse los Estados, estos pueden mediante sus órganos imponer el orden jurídico violado por un particular. En la violación de la ley se encuentra una reacción del Estado. Las medidas que se aplican para restablecer el orden jurídico deben ser las adecuadas y proporcionadas a la lesión del bien jurídico afectado por el incumplimiento de la ley.

La ley es y debe ser la razón de existir en la protección de los bienes, de aquellos valores que la sociedad considera que deben preservarse. Toda ley, para que sea perfecta, debe contar con un precepto y una sanción, es decir, señalar cuál es la conducta que el Estado prescribe o prohíbe y cuáles son las medidas coercitivas que la propia ley determina en caso de incumplimiento.

En el derecho penal, al ser un mecanismo que sirve para imponer y garantizar un orden social, es necesario que un poder humano haga cumplir determinadas normas de conducta. Este poder lo representa el Estado, que no sólo crea el derecho, sino también lo aplica y lo impondrá por la fuerza si fuere necesario, ya que está investido de un poder sancionador. n