¿Justicia o ajuste de cuentas?

Escrito por  Oct 06, 2018

A unos días de realizado el cambio de poderes municipales, la Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer que el gobierno que en Acapulco encabezó el perredista Evodio Velázquez Aguirre tiene pendientes de solventar unas 30 observaciones de los ejercicios fiscales 2016 y 2017, y que 2018 comenzará a revisarse en enero de 2019.

Es de esperarse que, de un momento a otro, dé a conocer de la misma manera el estado en que dejaron sus municipios los otros 80 alcaldes, cuyos sucesores, en muchos de los casos, se han estado quejando de que les entregaron el poder con las arcas tan vacías que no cuentan con dinero ni para pagar aguinaldos.

Lo más justo y correcto es que, si se está informando de un ex alcalde, se haga lo mismo con los demás, pues de no hacerse así, se dejará entrever que la idea es exhibir públicamente sólo a Velázquez Aguirre.

En principio está bien lo que hace la ASE, porque la población tiene el derecho de saber cuál es el estado que guarda la administración pública municipal en el momento del cambio de gobierno, pero a todos debe medírseles con el mismo rasero.

Es de extrañarse que sea ahora cuando el organismo dependiente del Congreso del estado difunda la situación anómala del perredista; sano sería que dijera por qué no le ha exigido que cumpla con la normatividad legal, si las fallas datan de 2016 y 2017.

Bien estuvo que el ex presidente municipal Luis Walton Aburto pidiera a la ASE que revisara los tres años de Evodio Velázquez, pero bien estaría también que la dependencia revelara en qué condiciones entregó la alcaldía Walton Aburto y cómo quedaron sus cuentas públicas, porque nunca lo dio a conocer.

En su momento, mucho hincapié hizo Evodio Velázquez en el estado desastroso en que supuestamente le entregó Walton Aburto, a partir de lo cual éste le estuvo atribuyendo corruptelas durante la gestión recién concluida.

Llama la atención también que a unas horas de entregar la estafeta Evodio Velázquez, la Marina tomara la Secretaría de Seguridad Pública municipal y detuviera a dos de sus altos mandos en acato a una orden de aprehensión, al mismo tiempo que desarmó a todos los policías y descubrió que falta más de un centenar de armas, cuyo paradero el ex alcalde ignora y no ha podido justificar.

Todo está bien si lo que se hace es cumplir la ley; el detalle es que el caso de Velázquez Aguirre, cuyo distanciamiento con los gobiernos estatal y federal resultó muy evidente durante su gestión, resulta muy marcado, pero no se debería olvidar que el mismo rasero debe utilizarse para todos los ex alcaldes, porque de lo contrario se estaría dando el mensaje de que en vez de estar haciendo justicia, están ajustando cuentas. n