Ley de Seguridad Interior

Escrito por  Eduardo López Betancourt Oct 06, 2018

El tema de obligado debate en la última semana ha sido el trámite legislativo de la Ley de Seguridad Interior, que ha resultado objeto de gran controversia. En términos generales, se refiere al marco legal que posibilite la realización de parte de las fuerzas castrenses de labores de seguridad pública. Sobre este tema, debemos recordar que mi posición ha sido siempre en el sentido de que los militares deben permanecer en sus cuarteles, como ha apuntado históricamente la Constitución.

Pues bien, en el discutido dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, y en camino similar por la Cámara de Senadores, se define “seguridad interior” en el artículo 2 como “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley”.

Consideramos que esta definición tan amplia es defectuosa, pues presenta varias incongruencias. La seguridad se ha entendido como una situación, sea objetiva cuando está dada por elementos de esa índole, o subjetiva cuando depende de la percepción. Pero no puede tratarse de una “condición”, que es un término que resulta extraño, más cuando se pretende decir que el Estado otorga esa condición. Igualmente, es inadecuado que se incluya como parte de “seguridad interior” el conjunto de acciones e instituciones, pues se está confundiendo el fin con los medios disponibles para lograrlo.

La seguridad interior se entiende en la doctrina como una dimensión de la “seguridad nacional”, que tiene que ver con la conservación del propio Estado frente a amenazas externas. En el caso de la seguridad interior, se reconoce que las amenazas pueden ser internas, de acuerdo con las definiciones dadas en la propia propuesta de ley en discusión, que para definir las “Amenazas a la Seguridad Interior” remite al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, con la precisión de que las amenazas han de tener su origen en territorio nacional. Esto, junto con emergencias o desastres naturales, epidemias, contingencias que afecten la salubridad general, entre otros.

Dicha Ley de Seguridad Nacional, aprobada en el sexenio foxista en 2005, es la que enlista cuáles son las amenazas a la seguridad del Estado, en su artículo 5º, entre otras: actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano; actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación; actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; actos en contra de la seguridad de la aviación; actos que atenten en contra del personal diplomático; actos tendentes a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; actos ilícitos en contra de la navegación marítima; actos de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

El dictamen de ley, como ya se señaló, hace remisión expresa a las anteriores causales, aunque en el entendido de que su origen ha de darse en territorio nacional. En último caso, se observa que ya desde 2005 se cometió el error político y de política criminal de relacionar delincuencia organizada con seguridad nacional, sentándose las bases para la situación que se vive hoy en día. En todo caso, sigue pendiente la discusión sobre si las fuerzas castrenses son realmente el único camino que nos queda para combatir el crimen organizado. Queremos creer que no, y que otras vías razonables, como la legalización de las drogas, pueden marcar nuevos paradigmas. n