Proporcionalidad de la pena

Escrito por  Eduardo López Betancourt Oct 27, 2018

La reforma constitucional al artículo 22 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 añadió en la parte final del párrafo primero de ese ordenamiento la mención de que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Se trata del principio de proporcionalidad de la pena, de raigambre histórica en el derecho punitivo. Con su inclusión en la Constitución se recoge un criterio fundamental relativo a uno de los problemas centrales de todo derecho penal, que es la determinación de la pena correspondiente a cada delito.

Fundamentalmente, la proporcionalidad es un mandato dirigido al legislador penal, que al prever las penas en los códigos tendría que seguir criterios mínimos de racionalidad, en cuanto a la asignación de las sanciones mayores a los delitos de mayor gravedad, y así sucesivamente. De ahí se ha extendido también al derecho administrativo sancionador, en el cual se imponen sanciones como consecuencia de responsabilidades administrativas.

En una jurisprudencia reciente interesante, el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación decidió la inconstitucionalidad de una sanción administrativa por violar el principio de proporcionalidad. Se trata de la tesis PC.IV.A. J/42 A (10a.), con número de registro 2018248, publicada el viernes 26 de octubre de 2018.

El criterio se refiere a la sanción de “baja de la lista oficial de peritos de forma definitiva”, señalada en el artículo 57 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, como consecuencia de la comisión de ilícitos administrativos por un perito. La sanción significa que el perito infractor se considera impedido “por siempre” para integrar dicha lista oficial de peritos.

De acuerdo con el Pleno de Circuito, esta sanción implica un doble castigo, “pues el perito oficial al ser dado de baja de la lista en la que estaba inscrito es destituido de su cargo de perito oficial, que era anual en atención a la vigencia de la lista, y además es inhabilitado definitivamente para ocupar el cargo de perito oficial, al considerarse que no podrá volver a integrar las listas futuras”. Por esta doble sanción se considera que el artículo 57 mencionado viola el principio de proporcionalidad de las penas, contenido en el artículo 22 de la Constitución.

El criterio atiende a la naturaleza de ese principio, señalando que se viola en este caso porque la sanción definitiva “se aplica a todos los ilícitos administrativos ahí previstos, sin distinguirlos tomando en cuenta su diferente gravedad, ni permitir que la pena pueda individualizarse conforme a las circunstancias particulares del perito oficial infractor”. Cualquier ilícito administrativo de los peritos puede resultar con la sanción de baja definitiva, lo que resulta contrario a la exigencia de proporcionalidad.

Como se señaló, es un criterio interesante, que contribuye a una mejor comprensión del sistema de sanciones en nuestro país, a la luz de los derechos humanos y de la Constitución. n