Los motivos de mi renuncia

Escrito por  Esthela Damián Peralta Oct 18, 2017

Hoy, primeramente, quiero aprovechar este espacio para informar los motivos que me orillaron a presentar mi renuncia a la dirigencia de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Aquí el contenido de la carta que ayer hice pública:

“En mi formación de vida y política, tuve convicciones que me llevaron a coincidir con el ideario de Movimiento Ciudadano, hoy justamente esas razones me llevan a concluir este ciclo, en particular la decisión de generar una alianza política con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Por lo anterior, presenté mi renuncia al cargo de Coordinadora de la Comisión Operativa de la Ciudad de México de MC, no sin antes agradecer el apoyo brindado y el de todos los compañeros que me acompañaron en este esfuerzo”.

Expuesto lo anterior, me quiero referir ahora a un tema que fue resultado de tres años de lucha de familiares de los desparecidos. Y es que el pasado 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y turnó al Ejecutivo Federal la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se trata de un ordenamiento que prevé hasta 90 años de prisión para quien prive de la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público.

Finalmente la ley terminó su proceso legislativo, y el reto ahora será su implementación acompañada del presupuesto suficiente para el próximo año. El dictamen fue aprobado por unanimidad con 361 votos a favor.

La nueva ley de desaparición forzada deroga varias disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud relacionadas con sanciones por este delito, así como del tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.

También se crea un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La Ley ordena penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días de multa para el delito de desaparición forzada de personas, es decir para el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un funcionario, prive de la libertad en cualquier modalidad a una persona, seguida de la abstención o negativa de reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. La misma pena a quien se niegue a proporcionar información sobre los casos de desaparición se le impondrán.

También incluye penas de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 días de multa a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia, y de 25 a 35 años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada, retenga o mantenga oculto al niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de la circunstancia. Las sanciones aumentarán hasta en una mitad cuando la persona desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia del delito o por previa enfermedad que no se hubiera atendido; cuando la víctima sea menor de edad, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor; cuando el delito se motive por la condición migrante, afrodescendiente o pertenencia a una comunidad indígena de la víctima, o por su identidad de género u orientación sexual.

También aumentarán hasta en una mitad cuando la persona haya sido desparecida por su labor como periodista o por la defensa de derechos humanos o cuando la víctima sea integrante de una institución de seguridad pública; cuando los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima y cuando el delito se cometa para impedir otros delitos.

Las penas pueden disminuir si los autores liberan a la víctima 10 días después de la desaparición, proporcionan información efectiva para la localización de la víctima o para esclarecer los hechos.

También se tipifica el delito de desaparición cometida por particulares, es decir quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero.

Además, se castigará con penas de 15 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días de multa a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito. n