Extorsión telefónica

Escrito por  Nov 24, 2018

Los códigos penales del país contemplan el delito de extorsión, que en forma general, se presenta cuando se obliga a la víctima a realizar un pago o dar una prestación de contenido económico, mediante la coacción o la amenaza de sufrir un daño. Una modalidad de este delito muy común en los grandes centros urbanos del país es la extorsión telefónica, en la cual la forma de comisión es una llamada por este medio de comunicación. Por vía telefónica, el extorsionador amenaza a la víctima, generalmente aludiendo a que es un familiar o un tercero cercano quien está a punto de sufrir un daño, para que se hagan depósitos o transferencias de dinero. En estos casos especiales, no se requiere que haya una persona realmente en riesgo: el elemento central del delito es la eficacia de la amenaza para coaccionar a la víctima, moviéndola a hacer la disposición patrimonial, por tener miedo ante la posibilidad de que él mismo o su familiar están en peligro.

En algunos códigos, como el caso de la ciudad de México, esta cuestión de la comisión por vía telefónica se regula expresamente, señalándose incluso como una circunstancia agravante de la pena. Esto no nos parece proporcional, toda vez que no se aprecia una mayor gravedad del acto, por el hecho de ser cometido por la vía telefónica o el correo electrónico. Al contrario, la extorsión presencial podría apreciarse como de mayor gravedad, que aquella que se hace a distancia aprovechándose de un medio de comunicación electrónica.

Otra agravante que prevé este mismo código se da por la especial vulnerabilidad del sujeto pasivo, en los casos en que la víctima del delito sea persona mayor de sesenta años de edad, las penas se incrementarán.

La previsión de agravantes siempre supone un problema de compatibilidad entre éstas, sobre todo en el caso en que los legisladores regulan los tipos penales sin la adecuada técnica legislativa, que no es otra cosa más que la precisión y concisión en la redacción. En terreno dogmático, es sabido además que ya en su aplicación, las agravantes deben quedar incluidas dentro de los conocimientos del agente o autor del delito, para que puedan aplicarse.

Sobre este tema de la extorsión telefónica y su compatibilidad con la agravante de víctima persona adulta mayor, se acaba de publicar un criterio jurisprudencial por el Pleno en materia penal del Primer Circuito, que resuelve la Contradicción de tesis 10/2018. Se trata de la Tesis: PC.I.P. J/48 P (10a.), con registro electrónico 2018396, en la cual se establece que para acreditar la agravante prevista en el artículo 236, párrafo segundo, del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México (contra persona mayor de 60 años de edad), es necesaria la conciencia del agente (dolo) de esa circunstancia.

En su interpretación, en Pleno del Primer Circuito entiende que los principios constitucionales del debido proceso legal y el de presunción de inocencia, obligan a que para la aplicación de la agravante que se mencionó, se requiere el dato de carácter subjetivo consistente en la conciencia del agente (dolo), es decir, que tuviese el conocimiento pleno de que se estaba aprovechando de la víctima por su edad.

Claramente, esto no se puede aseverar cuando se emplea la vía telefónica para cometer la extorsión, toda vez que el activo, por las propias características de esta forma comisiva, no conoce las peculiaridades de quien atiende la llamada.

En este entendido, no puede considerarse que en un caso concreto se puedan aplicar las dos hipótesis.