Instituto de Pueblos Indígenas

Escrito por  Eduardo López Betancourt Dic 08, 2018

Ha comenzado la producción legislativa del nuevo sexenio, con la expedición de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial el pasado 4 de diciembre, que abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Con este nuevo ordenamiento se sientan las bases del nuevo régimen para la atención de las necesidades de estas poblaciones vulnerables, históricamente relegadas.

La ley crea el nuevo organismo descentralizado, como ente con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. En términos del artículo 2º, este instituto será la autoridad del Poder Ejecutivo Federal para la atención de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos. Su objeto será definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de estos grupos, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades.

Es relevante que la ley reconoce en su artículo 3º personalidad a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al establecer que se trata de sujetos de derecho público. Habrá que precisar que debe darse un reconocimiento pleno de personalidad jurídica para estos grupos, y no sólo como grupos de interés, como ha sido su reclamo, y no sólo como señala la ley, para el cumplimiento de los fines del instituto. El artículo también reitera que los pueblos indígenas y afromexicanos, en ejercicio de su libre determinación, tendrán el derecho de autoidentificarse bajo el concepto que mejor se adapte a su historial, identidad y cosmovisión.

Las atribuciones del Instituto se establecen en las más de 40 fracciones del artículo 4º. Destacan los principios rectores que se prevén en el artículo 6, entre los cuales se mencionan el respeto, la observancia y la promoción del carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la Nación, así como su diversidad cultural, social, política y económica; junto con la garantía del reconocimiento y el respeto del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, teniendo como expresión de ésta a la autonomía, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales.

También resalta que se haga mención expresa del pluralismo jurídico, que es esa situación en la cual se reconoce que los pueblos indígenas tienen sus propios sistemas normativos, los cuales parten y tienen diferentes concepciones sobre el ejercicio del gobierno comunitario. Se señala que esto deberá darse dentro de un marco de coordinación y respeto con el sistema jurídico federal y estatal. De manera explícita, el artículo 7 señala que en el ejercicio de sus atribuciones y facultades, el Instituto respetará a las instituciones, los órganos, las normas, los procedimientos y las formas de organización con que cada pueblo y comunidad cuente para la toma de decisiones, en el marco del pluralismo jurídico.

En este escenario, se reconoce a la Asamblea General Comunitaria como la máxima autoridad en la toma de decisiones; así como a las autoridades e instituciones representativas de dichos pueblos y comunidades, elegidas y nombradas de conformidad con sus sistemas normativos.

Hacemos votos porque este nuevo entramado jurídico se concrete en una estructura institucional eficaz, que realmente ayude a la plena realización y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas del país. n