Fiscalía General

Escrito por  Eduardo López Betancourt Dic 22, 2018

El pasado 14 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ordenamiento con el cual se da la transformación de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía, como era mandato constitucional.

La ley tiene por objeto, describe su artículo primero, establecer la reglamentación del funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación. La declaratoria de la autonomía del órgano de parte del Senado se dio en días posteriores a la publicación de la ley, con lo cual la PGR ha desaparecido oficialmente.

El artículo 2 dispone que la Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.

Como se aprecia, se trata de una declaración de fines sumamente amplia, en la cual se incluyen los que pueden ser los fines del proceso penal, junto con objetivos de la política criminal del Estado en su conjunto, además del respeto y protección de derechos humanos.

Para cumplir con dichos fines, la actuación de la Fiscalía se regirá por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad, que se enuncian en el artículo 3º de la Ley.

Un aspecto que resulta de interés es la previsión del llamado Plan de Persecución Penal. De acuerdo con el artículo 6º, el titular de la Fiscalía General aprobará este Plan de Persecución Penal, en el cual se habrán de considerar las prioridades nacionales establecidas en la política criminal para orientar las atribuciones institucionales, las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal y las funciones que deben desempeñar las personas que prestan servicios en la institución; así como los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos.

Este plan deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República. Se tratará de una estrategia de atención y trámite en la que se deberán tener en cuenta aspectos como son análisis de la incidencia delictiva, diagnósticos situacionales, estadísticas de percepción de la violencia en la sociedad, análisis de información elaborados por instancias especializadas, diagnósticos elaborados por organizaciones civiles, informes sobre la situación de las víctimas del delito e informes sobre violaciones a los derechos humanos, entre otros elementos.

Como se observa, la previsión de este Plan habrá de modificar la ruta a seguir por la Fiscalía respecto al sendero que tuvo la Procuraduría, que era parte del Ejecutivo y estaba subordinada a éste. La Fiscalía guiará su actuar por este plan, que definirá con base en su autonomía técnica, pero que deberá ser sometido al control del Senado de la República.

Respecto al nombramiento del fiscal, que tanta polémica provocó en la última parte del sexenio anterior, la ley simplemente remite a la Constitución y dispone que el nombramiento del titular se sujetará al procedimiento y a los requisitos previstos en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. n