Tesis sobre presunción de inocencia

Escrito por  Eduardo López Betancourt Ene 12, 2019

El derecho a la presunción de inocencia es, sin duda, el pilar de todo el proceso penal, que se establece sobre la base de que la persona sujeta a investigación, imputación y en su caso enjuiciamiento, debe en todo momento considerarse no culpable, de modo que la carga de la prueba que desvirtúe esa inocencia ha de corresponder en todo momento a la parte acusadora.

El derecho fue incorporado explícito en el texto constitucional en la reforma de 2008, y aunque previamente ya era tema forzoso en la academia y en el foro, es desde su constitucionalización que se ha incrementado la producción jurisprudencial sobre el mismo.

Desde 2014, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la presunción de inocencia es un derecho “poliédrico”, pues tiene múltiples manifestaciones: es una “regla de trato procesal”, es una “regla probatoria” y se manifiesta también como “estándar de prueba”. Es de interés mencionar que estas ideas han sido retomadas también por el pleno de la Suprema Corte, que en dos tesis aisladas publicadas el 11 de enero de este año se refiere al asunto.

Se ha de mencionar la tesis P. VI/2018, con número de registro electrónico 2018964, en la cual se intenta brindar luz sobre lo que significa la “prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia”. Aquí, en este peliagudo tema, el pleno afirma que el juez debe cerciorarse de que “las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio”. Y no sólo eso; además, en caso de haber pruebas de descargo o contraindicios, debe descartarse que “den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora”.

No aclara gran cosa el criterio, más que establecer un marco teórico ya de conocimiento general, en el sentido de que la prueba de cargo debe superar toda duda razonable.

En complemento, la tesis aislada P. VII/2018, con registro electrónico 2018965, recuerda lo ya establecido por la Primera Sala en jurisprudencia previa, sobre que la presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de “poliédrico”, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular varios aspectos del proceso penal.

En concreto, manifiesta el criterio que como “estándar de prueba” o “regla de juicio”, este derecho significa que los jueces han de absolver a los “inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona”.

Tampoco se manifiestan más detalles sobre “las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar”. En todo caso, como es indudable, este es ya el terreno de la valoración de la prueba, que debe hacer el juez, de acuerdo con el principio de inmediación, y siempre según las reglas de la lógica.

De esta manera, el pleno no nos dice qué significa “prueba más allá de duda razonable”; sólo ratifica el marco de derecho fundamental en el cual los jueces han de hacer esa valoración. n