Hay que ver las cosas con realismo, no con romanticismos que conducen a la ineptitud y a llegar a extremos de manejar conceptos tan serios como el de Estado fallido.

En el caso del narcotráfico, es un problema que no se puede enfrentar con toda la fuerza del Estado; el problema ha estribado en la pulverización de estos grandes cárteles y la diversificación de sus actividades, que los ha llevado a lo que casi nunca hicieron durante décadas: afectar al ciudadano mexicano de a pie.

El fenómeno del trasiego y la exportación de drogas es algo que, no hay más opción viable, debe administrarse, y para esto se requiere de un oficio político demasiado fino, y también de integridad del servidor público en todos niveles. La línea entre administrar el problema sin dejar de lado la facultad exclusiva que tiene, por su naturaleza, el Estado de castigar a estos grupos cuando sea imperativo, si bien es delgada, es bastante clara.

Un cuerpo híbrido, con mandos militares y civiles, bien planificado, como la recién aprobada por la Cámara de Diputados, Guardia Nacional, es la única vía para que el Estado opere su faceta de utilizar su monopolio del uso de la fuerza; cualquier otra propuesta no es más que una quimera, mezclada con el juego de los aislados partidos de la pequeña oposición en su desesperación por hacer ruido y tratar de parecer que participan en las decisiones torales de este país.

Hay que aprovechar el momento de correlación de fuerzas que vive México, no muy lejano a los del otrora partido hegemónico de Estado, porque este concepto no debe asustar a nadie, máxime cuando vemos los bajísimos índices de homicidios en países como Cuba (sin cifras exactas, pero sí muy bajas) o China (con 0.7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes).

Ante la situación de virtual emergencia nacional en que el gobierno lopezobradorista recibe el país no existe la posibilidad de caer en lo que yo llamo “la paradoja Tlatlaya”, que consiste básicamente en exigir del Estado seguridad pública y al mismo tiempo una total pulcritud en temas de derechos humanos.

México tuvo en 2017 más de 24 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en promedio, sin contar la cifra negra y difusa de los desaparecidos (cuya inmensa mayoría fue asesinada).

Lejos, a años luz de distancia, nos encontramos de las cifras criminales de antes del fatídico 2006, y ni qué decir del lugar ya común de casi todos los parámetros alcanzables por un país, que es Dinamarca, que es de 1.3 homicidios.

Por último, no hay que olvidar que la estrategia de la nueva administración tiene como meta, gradualmente y en la medida de lo posible, ir regresando a los militares a sus cuarteles. n