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Estancias fantasma

Escrito por  Esthela Damián Peralta Feb 20, 2019

El polémico tema de las estancias infantiles ha dejado al descubierto una red de anomalías que no podían ser ignoradas y que obligaron al gobierno federal a tomar medidas enérgicas e inmediatas para regularizar su operación. Y es que más de 80 mil niños registrados en este programa no fueron hallados en supervisiones que hizo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Esta fue una de las muchas razones por las cuales el programa será sometido a cambios, entre ellos que los recursos ya no serán entregados a los encargados de las estancias, sino directamente a los padres de familia, quienes decidirán si entregan el dinero a alguna estancia o lo aprovechan de otra manera.

Las delegaciones de la antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Secretaría de Bienestar, entregaban reportes que contrastan con los hechos ya en el actual sexenio por el DIF, instancia participante en el programa creado en el sexenio de Felipe Calderón.

Al aplicar una revisión con 42 mil 600 supervisiones en las 9 mil 582 estancias registradas, el DIF halló sólo a 245 mil niños, cuando la Sedesol tenía inscritos a 329 mil 781 niños.

Hay miles de niños que no se vieron en las supervisiones, porque llega el personal del DIF, supervisa el tema de atención y cuidados, y cuenta a los niños.

Las supervisiones determinaron que 40 por ciento de las estancias representan un riesgo total para los niños, por lo cual deberían ser cerradas; 26 por ciento presentan situaciones que pueden representar riesgo y requieren ser atendidas a corto plazo, y sólo 30 por ciento cumplen los estándares exigidos.

Aunado a esto, 4 por ciento de las estancias estuvieron cerradas en el momento de las revisiones. También se puede hablar de estancias fantasma, no solamente de niños.

El programa de Estancias Infantiles fue pensado para las madres trabajadoras que no tenían seguridad social; sin embargo, hoy en día, uno de cada tres niños registrados procede de un hogar en que la madre, el padre o el tutor sí cuentan con IMSS o Issste, por lo que tienen derecho a las estancias de esas instituciones.

De los 313 mil 511 tutores registrados, 27 mil 242 están afiliados al Issste y 77 mil cuentan con IMSS. Además, se hallaron 311 niños anotados en las guarderías del Issste y en las de Sedesol.

Por otro lado, 4 mil 833 madres son beneficiarias del programa Prospera, lo que también implica una duplicidad.

En el programa son incluidos niños de 3 a 4 años, quienes deberían ir ya a prescolar, a fin de ser atendidos por maestros titulados o maestras, mientras que en las estancias infantiles únicamente tienen asistentes educativas, cuando esta es una tarea de la SEP.

De los casi 330 mil niños registrados en las estancias, 145 mil 157 están en ese rango de edad.

Los pequeños seguirán siendo considerados en el plan. Se encuentra listo el nuevo esquema que el gobierno federal busca poner en marcha en torno a las estancias infantiles; el primer paso fue renombrarlo como Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Luego revelar, capa por capa, el desastre que tiene este apoyo en cuanto al número real de espacios físicos y los supuestos beneficiarios. Una trinchera por demás complicada, por los intereses que se deben enfrentar.

El gobierno federal ha insistido en que el Programa de Estancias Infantiles no desaparecerá, sino que se revisará el censo de los menores que utilizan este servicio para entregar el apoyo directo a sus padres o tutores. Es así que los objetivos prioritarios son: la verificación de que estos niños, de acuerdo con las reglas de operación, sí tengan existencia y sí se ocupe este recurso para su cuidado.

Una conclusión por demás fundamental, no sólo para quienes estaban a cargo de su manejo, sino para la sociedad en general, es que no se tenía en lo absoluto una focalización para combatir el rezago educativo, y sumarlo a la inclusión educativa; es decir que este programa no se concentraba en el combate a la pobreza.

Parte del panorama de irregularidades es que se identificó una red de prestanombres, pues aunque en las estancias solamente podía haber una responsable, había quienes fungían como tales de dos o más lugares; incluso había asistentes educativas que estaban dadas de alta con ese estatus. Ni qué decir de inmuebles en malas condiciones, personal con escasa preparación para atender a los menores o pagos de sobornos en las supervisiones, entre otras anomalías.

Es a partir de todas esas conclusiones que se justifica que las autoridades federales cambien el esquema de los 900 pesos mensuales por cada menor otorgados a las estancias, a que el apoyo se entregue directamente a madres o padres de familia por mil 600 pesos cada bimestre. Para ello, se hará la verificación puntual y precisa de que estos niños existen.

Las autoridades federales han tomado medidas para acabar con prestanombres, sobornos y padrón inflado en este programa.

A su vez, de concentrarse en zonas urbanas, ahora se dará prioridad a zonas indígenas, en las que se garantizarán dos comidas al día; lo mismo ocurrirá en áreas de maquila en el norte del país y en zonas turísticas.

Los expertos advierten que muchas estancias se volvieron “un negocio” con cierta rentabilidad política; algunos se beneficiaron del anterior esquema, apelando a la amplia necesidad de padres y madres de familia para que les cuiden a sus pequeños mientras ellos trabajan.

Por supuesto, no se pueden dejar de lado las indicaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); en su documento Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 se establece que el programa sí cumple con el objetivo de apoyar a madres de familia para incorporarse al mercado laboral. Ahora tendrá que ser equilibrado y emparejado con los objetivos marcados por este nuevo gobierno, lo que sin duda trae resistencias y generará nuevos retos que deberán ser cubiertos. n