Historia constitucional de la Suprema Corte

Escrito por  Eduardo López Betancourt Abr 15, 2019

Conseguida la independencia del país, el primer Congreso emitió el 31 de enero de 1824, el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, que prevé el sistema federal y la división en tres poderes, depositando el Judicial en una Corte Suprema de Justicia y los Tribunales estatales. Este esquema se consagra en la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 4 de octubre de 1824, que estableció un gobierno republicano, representativo y federal.

En ese momento se fija la idea de contar con un poder judicial, según el modelo clásico de la división de poderes, que se ha seguido en los dos siglos siguientes.

Los artículos 123 al 156 de la constitución de 1824 atienden lo relativo al Poder Judicial de la Federación. Sobre la Corte Suprema de Justicia, se determina que ésta se compondrá de 11 ministros, distribuidos en tres salas, y de un fiscal, pudiendo el congreso general aumentar o disminuir su número si lo juzgare conveniente (artículo 124). Los miembros de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos (artículo 127).

Entre las facultades de la Suprema Corte encontramos (artículo 137): conocer de las diferencias que pudieran surgir de uno a otro estado de la Federación; entre un estado y uno o más vecinos de otro, o entre particulares sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diversos estados; terminar las disputas que se susciten sobre contratos o negociaciones celebrados por el gobierno supremo o sus agentes; consultar sobre pase o retención de bulas pontificas, breves y rescritos, expedidos en asuntos contenciosos; dirimir las competencias suscitadas entre los tribunales de la Federación, y entre éstos y los de los estados, y las que se muevan entre los de un estado y los de otro.

Paralelamente, la constitución de 1824 prevé Tribunales de Circuito, que se compondrán de un juez letrado, un promotor fiscal, ambos nombrados por el Supremo Poder Ejecutivo a propuesta en terna de la Corte Suprema de Justicia, y de dos asociados, según dispongan las leyes (artículo 140).

Años adelante, en diciembre de 1836, se promulgan las Siete Leyes Constitucionales, conocidas como la constitución centralista y conservadora. Consta de siete estatutos separados, de los cuales, la Quinta Ley Constitucional se ocupa del Poder Judicial de la República Mexicana, con 51 artículos. La Quinta Ley organiza jerárquicamente el Poder Judicial, a la cabeza del cual se encontraría la Corte Suprema de Justicia; seguida de los Tribunales Superiores de los Departamentos, los tribunales de Hacienda, y los Juzgados de Primera Instancia.

Con el regreso del federalismo, con las Bases Orgánicas de 1843, se mantiene la existencia de la Suprema corte de Justicia como cabeza del Poder Judicial, junto con los tribunales superiores y jueces inferiores de los Departamentos.

La Constitución Federal de 1857 confirma la División tripartita de Poderes en el artículo 50: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. El Legislativo se depositará en una asamblea, denominada Congreso de la Unión (artículo 51); El Ejecutivo en un solo individuo, denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 76); y el Judicial en una Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales de Distrito y de Circuito (artículo 90).

Es interesante la previsión de que, en caso de ausencia del Ejecutivo, el carácter de presidente interino lo adquiría el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es precisamente por esta vía que Benito Juárez llega al poder en 1858, tras ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumiendo la Presidencia del legítimo gobierno Constitucional mexicano en enero de 1858, tras el golpe de Estado de Comonfort. Así inicia la Guerra de Reforma. n