Reforma imprecisa

Escrito por  Napoleón Gómez Urrutia Ago 12, 2019

El día 15 de junio de 2018 se publicó una reforma al Código Penal Federal que crea nuevos delitos, mediante las modificaciones al primer párrafo del artículo 259 bis, la adición de un Título Séptimo bis con un Capítulo I, un artículo 199 septies y una fracción V al artículo 266 bis.

El nuevo título se denomina de los “Delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual”, es un título oscuro, que no refleja con claridad cuál es el bien jurídico tutelado. Puede pensarse que sea alguna conducta relacionada con la libertad o la seguridad sexuales, pero igualmente parece estar en juego derechos personales como la privacidad y la protección de datos. Es necesario revisar los tipos para aclarar esta vaguedad.

El capítulo I sanciona la “Comunicación de contenido sexual con personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo”, es decir menores de edad o incapaces. De acuerdo con el artículo 199 septies adicionado, se sancionará a quien, haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte al sujeto pasivo (menor o incapaz) y le requiera imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual.

De este modo, aparece que lo que se busca sancionar son los predadores sexuales, que por medio de las modernas vías de comunicación, como telefonía o redes sociales, contactan a menores para solicitarles fotos de contenido sexual. Ahora bien, es claro que proteger a los menores es un objetivo legítimo, pero desde la perspectiva de la dogmática penal el tipo resulta defectuoso.

En principio, se trata de un tipo de mera actividad. No se sanciona la obtención de las imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas o actos de connotación sexual, sino el simple requerimiento. Este requerimiento, que pone en peligro el bien jurídico, recibe una sanción de cuatro a ocho años de prisión y multa de 400 a mil días, lo que puede parecer desproporcionado, pues se insiste, no hay lesión, sino el puro requerimiento. El bien jurídico, ya se ve, al estar involucrados menores o incapaces, vendría a ser el normal desarrollo psicosexual. Pero con esta estructura lo que resulta es que este nuevo delito puede considerarse también como un mero acto preparatorio de otros ilícitos, como abuso sexual de menores o incapaces, por ejemplo, que sanciona el obligar a un menor a ejecutar un acto sexual.

Por otro lado, podría ser acto preparatorio de la pederastia, en el caso de la especial hipótesis de requerir no videos o imágenes, sino un encuentro sexual.

Se sigue de esta manera el modelo criminalizador que sanciona como tipos independientes actos que pueden verse como meros preparativos para otros ilícitos. Lo cual, siempre generará dudas y cuestionamientos desde la perspectiva del derecho penal mínimo.

La reforma comentada también modifica el artículo 259 bis, para sancionar a quien con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación. Es el caso del hostigamiento sexual, que recibirá una sanción de hasta 800 días multa.

Si el hostigador fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de que se le aplicará la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año. n