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Justicia para adolescentes

Escrito por  Eduardo López Betancourt Ago 26, 2019

El sistema de justicia para adolescentes se encuentra regulado por el artículo 18 constitucional en su párrafo 4º, el cual se reformó el 12 de diciembre de 2005 para adicionarle los párrafos 5º y 6º con la finalidad de establecer las bases para la creación de un sistema normativo aplicable a los adolescentes que infrinjan las normas tipificadas como delitos por las leyes penales y que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo le han sido reconocidos. Así mismo, se dispuso que las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley sólo podrían ser sujetas a rehabilitación y asistencia social.

Dicha reforma consolidó un proceso de transformación por medio de un sistema integral que representa un cambio de paradigma en la manera de administrar justicia a los adolescentes que infrinjan las leyes penales.

A raíz de ello, el artículo 18 constitucional ha sufrido diversas reformas, la última publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, que dispuso que la Federación y las entidades federativas establecerían en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes, aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes.

En la parte final del citado artículo se dispuso que las personas menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito sólo podrán ser sujetas de asistencia social, lo cual elimina el término rehabilitación.

Derivado de la reforma al artículo 18 constitucional, el 16 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la expedición de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que estableció las directrices para un procedimiento homogéneo en todo el país respecto al proceso aplicable a los adolescentes que infringen las leyes penales, por medio de un sistema modalizado acorde a los principios y derechos contenidos en la Constitución y a los tratados internacionales.

Lo anterior obedece a la necesidad de armonizar nuestras leyes con los estándares internacionales; un ejemplo de ello es el artículo 14.2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Pekín), el cual dispone que el procedimiento deberá ceñirse a las reglas mínimas que se aplican en casi todo el mundo a todo delincuente que disponga de defensa con arreglo al procedimiento penal conocido como debido proceso legal.

Así, en todo procedimiento seguido a los adolescentes se observará la garantía de igualdad, libertad, propiedad, legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica. El sistema procesal será acusatorio y oral, y las etapas del procedimiento se regirían por las normas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual será aplicable de manera supletoria.

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes sienta las bases para que a todo adolescente que se encuentre sujeto a la ley se le respeten y garanticen sus derechos humanos.

El sistema de justicia para adolescentes prevé la creación de tribunales y autoridades especializadas, por lo que todas las autoridades del sistema deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para adolescentes en el ámbito de sus atribuciones, e impone la obligación de la especialización de los operadores que intervengan en el sistema.

Los intervinientes deberán conocer los fines del sistema integral de justicia penal para adolescentes, la importancia de sus fases, particularmente de las condiciones que motivan que las personas sujetas a la ley cometan o participen en hechos señalados como delitos por las leyes penales y las circunstancias de la etapa correspondiente a la adolescencia. n