Extinción de dominio

Escrito por  Eduardo López Betancourt Sep 09, 2019

El pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional en materia de Extinción de Dominio, ordenamiento que regula esta controversial figura, cuyos lineamientos aparecen en el artículo 22 constitucional.

De acuerdo con el artículo 1º de esta norma, es precisamente reglamentaria de dicho precepto de la Constitución Política, además de estar acorde con lo dispuesto en documentos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, y otros que regulan el decomiso, en su vertiente civil.

La extinción de dominio queda definida en el artículo 3º como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la Ley, que es declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes.

Esos bienes de carácter patrimonial, que pueden ser objeto de la acción de extinción de dominio, de acuerdo con el artículo 7, son aquellos cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, o sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización. Estos hechos ilícitos podrán ser los previstos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, como ejercicio ilícito de servicio público y contra la administración de justicia. Asimismo, el robo de vehículos, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la extorsión.

Los bienes podrán estar relacionados con esos delitos de múltiples maneras. Así, podrán ser bienes que provengan de la transformación o conversión, parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de esos hechos ilícitos, que son a los que se refiere el párrafo 4º del artículo 22 de la Constitución.

También podrán ser bienes de procedencia lícita utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito, o mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. Serán susceptibles de extinción aquellos bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la procedencia lícita; o incluso, bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes de origen ilícito, cuando no sea posible la localización, identificación, incautación, aseguramiento o aprehensión material de los segundos.

También se extinguirá el dominio sobre bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo, y los bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes ilegítimos.

La acción de extinción de dominio es de carácter civil. Apunta el artículo 8 de la ley que dicha acción se ejercerá en un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial. Procederá sobre los bienes ya señalados, independientemente de quién lo tenga en su poder o lo haya adquirido.

El ejercicio de esta acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. El proceso de extinción de dominio será autónomo, distinto e independiente de aquel o aquellos de materia penal de los cuales se haya obtenido la información relativa a los hechos que sustentan la acción o de cualquier otro que se haya iniciado con anterioridad o simultáneamente. n