Alcances del derecho a la educación

Escrito por  Eduardo López Betancourt Oct 21, 2019

El 30 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Educación, cuyo comentario iniciamos en ocasión pasada. En esta oportunidad reflexionamos sobre los alcances del derecho a la luz del nuevo ordenamiento.

De acuerdo con su artículo 6, todas las personas habitantes del país deben cursar la educación prescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. De este modo, la idea de obligatoriedad se extiende hasta ese nivel. Tratándose de la educación superior, es decir los estudios de licenciatura y posgrados, se remite a lo que señala la constitución, así como las leyes específicas.

Nos dice el numeral 7º de la ley que el Estado realizará la rectoría de la educación, es decir, del sistema educativo. La educación que directamente imparta el Estado, además de ser obligatoria habrá de cumplir otras características, como ser universal, inclusiva, pública, gratuita, laica y de excelencia.

La universalidad se refiere a que, al ser un derecho humano, corresponde a todas las personas por igual. Para lograr este ideal se extenderán sus beneficios sin discriminación alguna. Se establece además que la educación tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Respecto a la inclusividad, se da al eliminar toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación.

Esta inclusividad supone aplicar modelos que permitan atender las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos; así como eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos. Es decir, prever un trato diferenciado, que incluya adoptar medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Por lo que hace al carácter público, supone que ha de ser impartida y administrada por el Estado. Con esto, se asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la Nación. Igualmente, se vigilará que, la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Nacional.

La gratuidad conlleva que al ser un servicio público garantizado por el Estado, queda prohibido el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado. En consecuencia, no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos. Se admiten las donaciones o aportaciones voluntarias, pero estas en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo.

Finalmente, la educación ha de ser laica, lo que significa que ha de mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Tratándose de la educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la Constitución Política sobre este asunto.

El artículo 8 se refiere a la excelencia educativa, término que remplazó la anterior idea de calidad, pero que en el fondo se refiere a lo mismo. Según este precepto, el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Para alcanzar esta equidad, se han de adoptar medidas dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. n