Corresponsabilidad social en la educación

Escrito por  Eduardo López Betancourt Nov 04, 2019

Hemos referido en artículos anteriores algunas características de la Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre de 2019, reglamentaria de las reformas al artículo tercero constitucional hechas por el actual gobierno. Es de interés en esta oportunidad referirnos al contenido del título noveno, que establece las bases de la corresponsabilidad social en el proceso educativo.

Según este modelo, las autoridades educativas fomentarán la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para el logro de una educación democrática, de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe que propicie el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Por ejemplo, parte de la labor que podrán desarrollar será coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la autoridad educativa competente.

Respecto a la participación de madres y padres de familia o tutores, se prevé varios derechos en el artículo 128. Sin embargo, hablando de corresponsabilidad, es más propia la idea de las obligaciones que enlista el artículo 129. Entre estas se menciona que quienes ejercen la patria potestad o la tutela han de hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial. Igualmente, han de participar en el proceso educativo de los menores, lo que supone revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Parecen estas cuestiones obvias, que cualquier padre responsable ha de efectuar, lo prevea o no una ley.

Tienen también como deber los padres o tutores colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, así como en las actividades que esas instituciones desarrollen. Han de informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y la actitud de los educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas. Esta última cuestión es muy vaga, pero entendemos que tiene por propósito identificar y prevenir conductas e influencias nocivas o incluso ilícitas.

Los padres también tienen la obligación de acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijos. Igualmente, les corresponde promover la participación de los menores en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria.

Se reconoce la existencia de asociaciones de madres y padres de familia, que en términos del artículo 130 tendrán por objeto representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados. Igualmente, colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles; también informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos.

Es de interés que tendrán como propósito conocer de las acciones educativas y de prevención que desarrollen las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan perjudicar; así como sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos, como también, de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos.

En todo caso, precisa la ley, las asociaciones de madres y padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. n