Revocación de mandato

Escrito por  Eduardo López Betancourt Dic 23, 2019

El 20 de diciembre de 2019 se publicó una reforma a la Constitución, que entre otras materias dispone lo relativo a la llamada revocación de mandato. Como es sabido, se trata de un procedimiento de consulta popular, por medio del cual se somete a consideración de los ciudadanos la continuidad en el poder de un alto funcionario elegido por votación popular. En concreto, la reforma modifica el texto del artículo 35, que enlista los derechos de los ciudadanos, adicionando diversas fracciones.

La adicionada fracción IX otorga el derecho a participar precisamente en los procesos de revocación de mandato. El nuevo texto dispone que, en lo que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, este procedimiento será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y las ciudadanas, en un número equivalente, al menos, a 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, 3 por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

El Instituto, dentro de los siguientes 30 días a que reciba la solicitud, verificará el anterior requisito relativo a la cantidad de ciudadanos, y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato.

Esta revocación se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del Presidente. Los ciudadanos y las ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a dicha fecha. El Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.

El texto adicionado a la Constitución señala que la revocación se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Esta revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta.

El texto constitucional señala que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, de manera directa, la organización, el desarrollo y el cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En esos supuestos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hará el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación.

La Constitución dispone también que queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de ciudadanos y ciudadanas. n