Desaparición forzada y órgano de amparo competente

Escrito por  Eduardo López Betancourt Ene 06, 2020

La desaparición forzada de personas es un grave acto criminal, que consiste en la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Esta grave conducta tiene una doble naturaleza en el sistema jurídico, en tanto configura una conducta sancionada penalmente, a la vez que consiste en una violación a derechos humanos protegidos por el orden constitucional mexicano.

Dada esta doble naturaleza, una vez que se presenta, ocurre el fenómeno de que es viable su persecución por la vía penal si se presenta la denuncia correspondiente, pero a la vez, al ser un acto violatorio de derechos humanos, puede reclamarse por la vía del amparo.

Sobre la posibilidad de reclamar esta desaparición por la vía del amparo, la Primera Sala resolvió en diciembre de 2019 una contradicción de tesis, sobre la competencia para conocer de dicha demanda. En la tesis 1a./J. 83/2019, con registro electrónico 2021221, el órgano jurisdiccional define que la competencia se surte a favor del juez de distrito ante quien se presenta la demanda de garantías.

En el criterio mencionado, la Primera Sala explica que la desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito. Dado esto, no siempre es posible determinar con certeza a las autoridades responsables, ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando.

Ante tal circunstancia, de una consumación permanente a la vez que incierta, se reconoce que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, cuando la persona es trasladada por el territorio nacional.

En este supuesto, la Primera Sala considera que es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta contra hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, considera la Sala, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable.

De este modo, la víctima indirecta, que son los familiares, ha de acceder de manera personal al expediente, obtener copias y demás derechos como expresar su opinión, recibir información directa, aportar pruebas, formular alegatos y demás.

Asimismo, la Sala establece que subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus.

Sin duda, el tema de la desaparición forzada de personas continúa siendo un preocupante mal en nuestra sociedad, de modo que, más que el amparo, consideramos que su adecuada atención requiere de una procuración e impartición de justicia robustas que permitan identificar y sancionar a los responsables. n