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Confianza ciudadana

Escrito por  Eduardo López Betancourt Ene 26, 2020

Se publicó el pasado 20 de enero en el Diario Oficial de la Federación una curiosa legislación, que lleva por nombre Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. El objeto de esta normatividad, según se apunta en su artículo primero, es establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán implementar, de acuerdo con sus atribuciones, para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales.

La “confianza” difícilmente se puede considerar un concepto jurídico. En el lenguaje común hablamos de confianza para expresar una relación de familiaridad o cercanía entre personas; ese es el sentido que se da a la palabra en términos como el “abuso de confianza”. En otra acepción, también se dice que tenemos confianza cuando se “cree” o se tiene una expectativa cierta, más allá de la pura esperanza, en algo o alguien. Sería como decir que tenemos, hipotéticamente, confianza en que nuestro equipo de futbol ganará, o en que el gobierno atenderá un problema.

Sin embargo, no vemos a que se refiere esto de “confianza ciudadana” en la ley, porque la misma no define. De su contenido, inclusive, se aprecia que el uso de la expresión es auténticamente un eufemismo, porque la ley lo que establece de manera principal es un padrón de registro de agentes económicos, en el que las personas dedicadas a alguna actividad se han de registrar, con sus datos de identificación, manifestando que están cumpliendo con todas sus obligaciones regulatorias y fiscales. De entre las personas inscritas se harán verificaciones estratégicas de ese cumplimiento, se dice. Por inscribirse, se dice que habrá “beneficios”, pudiendo incluso llegar a recibir un reconocimiento del titular del Poder Ejecutivo Federal. De este modo, ya se ve que la ley no va en el sentido de confianza de la sociedad, sino de confianza del gobierno en que los ciudadanos estamos cumpliendo nuestros deberes regulatorios y fiscales.

El comentado padrón se señala en el artículo 5. Este se conformará con la información de las personas que se inscriban. El padrón se conformará al menos con los siguientes datos: nombre de la persona física o moral con actividad empresarial; en su caso, nombre del representante legal; domicilio, y descripción de la actividad económica.

La inscripción será voluntaria y se entenderá como un acto de buena fe, por el cual las personas beneficiarias manifiesten que se encuentran en cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales, de acuerdo con la actividad económica que desempeñen. Al momento de su inscripción en el padrón, las personas beneficiarias deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que se comprometen a continuar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad que las regula, así como sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con el artículo 6, el registro al padrón otorgará los beneficios y facilidades administrativas que acuerde la Secretaría, por conducto de la Comisión, mediante las reglas, bases, directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos o buenas prácticas que, para tal efecto, emita en el marco de las acciones y los programas establecidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o los que establezca en convenios que conforme a la ley procedan. Para el registro en el padrón, la Secretaría, por conducto de la Comisión, determinará los beneficios y facilidades que se otorgarán, de tal manera que se promueva el cumplimiento espontáneo de obligaciones o trámites.

De cuáles sean esos beneficios en concreto, nada se dice.