La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Martes, 17 Octubre 2017
Miércoles, 18 Octubre 2017 00:06

Los motivos de mi renuncia

Hoy, primeramente, quiero aprovechar este espacio para informar los motivos que me orillaron a presentar mi renuncia a la dirigencia de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Aquí el contenido de la carta que ayer hice pública:

“En mi formación de vida y política, tuve convicciones que me llevaron a coincidir con el ideario de Movimiento Ciudadano, hoy justamente esas razones me llevan a concluir este ciclo, en particular la decisión de generar una alianza política con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Por lo anterior, presenté mi renuncia al cargo de Coordinadora de la Comisión Operativa de la Ciudad de México de MC, no sin antes agradecer el apoyo brindado y el de todos los compañeros que me acompañaron en este esfuerzo”.

Expuesto lo anterior, me quiero referir ahora a un tema que fue resultado de tres años de lucha de familiares de los desparecidos. Y es que el pasado 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y turnó al Ejecutivo Federal la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se trata de un ordenamiento que prevé hasta 90 años de prisión para quien prive de la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público.

Finalmente la ley terminó su proceso legislativo, y el reto ahora será su implementación acompañada del presupuesto suficiente para el próximo año. El dictamen fue aprobado por unanimidad con 361 votos a favor.

Publicado en Artículo
Miércoles, 18 Octubre 2017 00:04

¿A quién rinde cuentas el fiscal general?

Dijo bien el gobernador Héctor Astudillo Flores cuando precisó que las tareas de investigación de los delitos no es de su competencia.

Es, efectivamente, de la Fiscalía General del Estado (FGE), rango que adquirió luego que desapareció la Procuraduría General de Justicia del Estado, para ir acorde con el sistema penal acusatorio, que entró en vigor a mediados de 2016.

No obstante, a falta de información suficiente, la mayor parte de la población siguió con la idea de que la procuración de justicia, ahora a cargo de la FGE, seguía dependiendo del Poder Ejecutivo; en consecuencia, la ola de protestas y exigencias de la aplicación de la ley, derivadas de los constantes homicidios y otros delitos, se han proyectado contra el gobierno del estado, que, quizás por táctica política, se había resistido a deslindarse.

Si bien el titular de la Fiscalía, Xavier Olea Peláez, se ha encargado de vender la idea de que el gobernador es su jefe, y éste no se había encargado de desmentirlo, la verdad es que el mandatario ninguna autoridad tiene, legalmente hablando, sobre la FGE y, por tanto, ni sobre el Ministerio Público, ni sobre la Policía Ministerial.

El cambio ha ocasionado confusión; si bien el jefe del Ejecutivo propuso a Olea Peláez para ocupar el cargo, fue el Congreso local el que aprobó el nombramiento; por tanto, ahora, los que demandan la salida del fiscal general ante la falta de resultados sobre la ola de violencia que ahoga a Guerrero, no saben si enderezar la exigencia hacia el gobernador o al Congreso local.

En sí, la FGE se manda sola; es autónoma, sin injerencia alguna del Poder Ejecutivo.

Por tanto, no se sabe de bien a bien a quién tiene que rendir cuentas el fiscal.

Es un hecho que el gobernador no cuenta con facultades para destituirlo, y si la atribución corresponde al Congreso, los diputados se han hecho los sordos y omisos hasta ahora respecto a los reclamos de los sectores de la población que cuestionan ruidosamente la labor del fiscal general, que no ha hecho más que quejarse de sus colaboradores y de falta de recursos económicos para desempeñar el cargo.

Entre tanto, mientras la ola de sangre baña a Guerrero, el trabajo desarrollado por la FGE no ha ido más allá de realizar alguna detención de poca importancia, recoger alguno que otro vehículo, así como levantar las actas correspondientes a los asesinatos y comprometerse de manera puntual y contundente a investigarlos, sin que sus supuestas investigaciones den resultados que vayan más allá de las especulaciones. n

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