La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Martes, 21 Noviembre 2017

La anulación evitará que funcionarios impugnen recomendaciones de la Coddehum

Se protegen las garantías de víctimas y se fortalece la autonomía de la dependencia, dice diputado

Se armoniza la legislación local con los criterios internacionales y las reformas constitucionales


Chilpancingo, 21 de noviembre. El pleno del Congreso derogó tres artículos de la Ley 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

El diputado Silvano Blanco Deaquino informó que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, así como los consejeros Nancy Bravo Gómez, Manuel García Guatemala, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y el secretario Técnico, Ángel Miguel Sebastián Ríos, entregaron al Congreso del Estado una propuesta para derogar los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Con la iniciativa se solicitó derogar dichos artículos pues daba oportunidad al servidor público, señalado como responsable de violaciones a derechos humanos, de impugnar las recomendaciones emitidas por el Organismo Estatal de los derechos humanos.

Se argumentó que al derogar dichos artículos se protegen los derechos humanos de las víctimas además de que se fortalecen las atribuciones, independencia y la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Blanco Deaquino detalló que la comisión dictaminadora acordó procedente dicha iniciativa, toda vez que se armoniza el marco normativo local a los criterios internacionales y a las reformas Constitucionales, se garantiza el respeto y protección plena de los derechos humanos.

Al respecto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja se pronunció a favor de eliminar estos artículos de la ley, pues los consideró como algo “absurdo y anacrónico”, pues las recomendaciones de la CEDH sólo son resoluciones de carácter moral y no jurídicas.

Publicado en Política
Miércoles, 22 Noviembre 2017 00:05

Estrategia anticrimen ineficaz

El asesinato a tiros del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, y de su hijo Fernando, en la ciudad de La Paz, lamentablemente sólo confirma el reciente reporte del Congreso estadounidense en el sentido de que la violencia en México cobrará el mayor número de muertes en los últimos siete años.

Redactado por el Servicio de Investigación Congresional de la Unión Americana, el informe califica acertadamente de ineficaz la estrategia anticrimen del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.

El reporte titulado "¿Por Qué Está Rebotando la Violencia en México?", destaca que en 2017, los homicidios han continuado en una espiral hacia arriba.

Proyecta que, de mantenerse la tendencia actual de homicidios, 2017 superará al 2011 -el peor del sexenio anterior- como el año más violento para el País.

Las estadísticas preliminares de enero a septiembre muestran un incremento entre 20 y 30 por ciento respecto 2016. “Si esta tendencia continúa, México terminará el año con tasa de homicidios superior a 18 por cada 100 mil habitantes”, lo que haría a 2017 el año más violento.

El informe expone que varios factores pueden estar motivando el pico de violencia, incluyendo la continua fragmentación del Cártel de Sinaloa, la competencia para satisfacer la floreciente demanda de heroína en Estados Unidos y esfuerzos ineficaces de aplicación de la ley contra las organizaciones criminales transnacionales, tales como la remoción de capos criminales clave.

Menciona también que el rebote de los asesinatos de 2017, a pesar de la remoción de más de 107 de los 122 más importantes criminales violentos de México, sugiere que esos líderes son reemplazables.

Además de la crítica a la estrategia gubernamental anticrimen, el reporte califica a la corrupción como un problema perenne que golpea directamente a los cuerpos de seguridad.

Publicado en Artículo

Exigen el pago de poco más de 5 mdp por la expropiación de tierras de uso común

Nos deberían dar 16 mil pesos a cada uno de los afectados, y nada más nos ofrecen 10 mil, señalan


Ejidatarios de La Sabana bloquearon en dos ocasiones la mañana del martes, durante varias horas, el bulevar de las Naciones, en la zona Diamante, a la altura de Promotora Turística, para exigir el pago de poco más de 5 millones de pesos, por concepto de la expropiación de tierras de uso común, unas 20 hectáreas, para la construcción del Viaducto Diamante, el cual une la caseta de peaje de La Venta, en la autopista del Sol, con el bulevar de las Naciones.

En primera instancia, los quejosos bloquearon alrededor de 40 minutos la vialidad después de ser plantados por autoridades estatales, pero desistieron cuando recibieron la promesa de ser atendidos.

Sin embargo, casi una hora después, volvieron a obstaculizar el bulevar de las Naciones, al señalar que fueron engañados con la mesa de trabajo que solicitaron, para exigir la investigación del destino de poco más de 5 millones de pesos que debían ser distribuidos entre más de 300 ejidatarios.

Jesús Serna Molina, ejidatario de La Sabana, recordó que el viernes pasado se manifestaron en La Sabana, y la autoridad se comprometió a atenderlos, lo que no ocurrió finalmente.

Señaló que “nos deberían pagar 16 mil pesos a cada uno de los ejidatarios, y resulta que nada más nos quieren dar 10 mil pesos”. Reprochó que en la mesa de trabajo de este martes, se reunirían con el asesor del gobierno estatal, César Flores Maldonado; así como Fernando Jaimes Ferrel, quien es subsecretario del gobierno para asuntos agrarios; pero nadie los atendió.

Publicado en Sociedad y Justicia
Miércoles, 22 Noviembre 2017 00:05

Incertidumbre jurídica

La advertencia de que el conflicto sindical que tiene paralizada la mina concesionada a Media Luna en Cocula “ahuyenta la inversión”, que empieza a oírse por aquí y por allá, es pronunciada con un dejo de reproche al movimiento obrero en esa fuente de trabajo y, quién sabe, quizá también con cierta nostalgia por los tiempos idos en que los movimientos sociales rebeldes eran sofocados con más o con menos violencia, según fuera el caso, pero siempre con impunidad, por el gobierno.

No es, sin embargo, la lucha obrera en busca de mejores condiciones laborales, salariales y de vida para los trabajadores y sus familias lo que más podría espantar a los inversionistas, sino la falta de certeza jurídica, la falta de confianza en la capacidad de las autoridades para cumplir y hacer cumplir las leyes siempre.

En el caso de la mina concesionada a Media Luna en Cocula, la ecuación parece fácil: los trabajadores no quieren ser representados por un sindicato de la CTM, sino por el gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, y decidieron ponerse en paro para presionar a las autoridades a hacer un recuento sindical, es decir para contar, voto por voto, cuántos de ellos prefieren a la central cetemista y cuántos quieren salir de ella.

Publicado en Editorial

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