La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Miércoles, 08 Noviembre 2017

Docentes toman el plantel para protestar contra el funcionario


Maestros de la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Las Cruces, tomaron el plantel para exigir la salida de la escuela del supervisor de la zona escolar número 50, Abel Casarrubias Loza, a quien acusan de apropiarse de la dirección. 

Desde las 8:30 de la mañana de ayer, los docentes se concentraron afuera de la escuela y pegaron cartulinas contra el supervisor en la entrada principal. 

La profesora Lizeth Benítez Castro declaró que Casarrubias Loza no tiene nombramiento de director y aún así se apropió de la dirección desde el 23 de octubre, en cuanto el exdirector Roberto Barajas Grandeño anunció su jubilación. 

Acusó que el supervisor ha señalado que dejará el cargo de director hasta que él ponga a quien quiera, mientras que ellos proponen al maestro Crisóforo Martínez Díaz, quien está en la planilla de personal, tiene la antigüedad y una clave de director efectivo. 

“Abel Casarrubias nos ha dado largas diciendo que no puede darle el nombramiento provisional (a Crisóforo Martínez) porque tiene que venir de Chilpancingo, pero no ha sido congruente, porque en el turno vespertino ya nombró a un director interino”. 

Publicado en Sociedad y Justicia

Exigen dinero cuando van en carros con placas de otros estados: Tlachinollan y CJAM

Se aprovechan que los indígenas desconocen las leyes para circular libremente: Miguel Martínez

Se quejan que las autoridades se comprometieron a dialogar con los agentes y no han cumplido


Tlapa, 8 de noviembre. El Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan denunciaron el hostigamiento y extorsiones que ha realizado la policía ministerial a familias jornaleras.

Además de un visible abandono gubernamental a las miles de familias indígenas. Miguel Martinez, del CJAM, denunció una ola de extorsiones cometidas por parte de Policías Ministeriales de Guerrero a familias jornaleras que se transportan en vehículos particulares y que portan placas de otros estados. 

Detallaron que una de las extorsiones recientes fue a la familia de la comunidad de Lindavista a la que el viernes pasado, los policías ministeriales les cobraron una multa de cinco mil pesos por dejarlos pasar en el crucero de Tlalixtaquilla. 

Flores Sánchez integrante del consejo, aseguró que la policía ministerial se ha caracterizado por extorsionar a las familias indígenas que desconocen las leyes o la documentación necesaria para poder transitar libremente por las carreteras estatales o federales. 

Mencionaron que otras ocasiones la policía ministerial ha cobrado multas falsas hasta por 10 mil pesos para no retener los vehículos de las familias indígenas que viajan año con año a los campos agrícolas del norte del país por la necesidad económica que se vive en la región. 

El Consejo y Tlachinollan resaltaron que la mesa intersecretarial nuevamente incumplió con los acuerdos, ya que en las últimas reuniones el delegado regional de Gobernación estatal, Arturo Bonilla, y el secretario de asuntos indígenas y comunidades afromexicanas, Gilberto Solano, se comprometieron a dialogar con la policía ministerial para evitar tales extorsiones y cobros. 

Miguel Martínez aseguró que con estas acciones se demuestra la falta de apoyo gubernamental a pesar de que se formó la mesa intersecretarial encabezada por el secretario de la Saica, Gilberto Solano Arriaga, quien se ha caracterizado por no cumplir con la entrega de los insumos y víveres para el comedor al servicio de los jornaleros. 

En los dos primeros meses de la temporada alta de migración se han registrado más de 2 mil 500 jornaleras y jornaleros que han viajado hacia los campos agrícolas de los estados de Michoacán, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Baja California, Nayarit. 

Publicado en Sociedad y Justicia

Marcial Rodríguez y Juan Carlos Manrique piden garantizar el derecho de reunión


El secretario general y el de Organización del partido Movimiento Regeneración Nacional en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña y Juan Carlos Manrique García, condenaron la irrupción de policías ministeriales en el edificio de la Coprera, donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense, y demandaron al gobernador Héctor Astudillo garantías para el derecho de reunión. 

Manrique García responsabilizó al gobierno del estado y al federal por lo que pudiera sucederle al dirigente del frente creado para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, Eloy Cisneros Guillén, pues señaló que hay un ataque sistemático a esta organización que sesiona en el edificio de la Coprera, pues en octubre irrumpieron militares y ahora policías ministeriales. 

Lo curioso, que evidencia la intención de golpear a la organización, dijo, es que la irrupción del martes ocurre apenas después de que en Chilpancingo el Frente organizó un gran acto por Andrés Manuel López Obrador, en el que estuvieron los líderes Alejandro Encinas, Jorge Alcocer y Carlos Sotelo.

Por ello, dijo que debe ofrecerse garantías a Eloy Cisneros, porque es quien está al frente del FPG. El 13 de octubre, militares irrumpieron por primera vez en la sede de la Coprera. Iban acompañando a un hombre que dijo ser hijo del fundador de la organización, Encarnación Ursúa, y se decía dueño del inmueble.

Publicado en Política
Jueves, 09 Noviembre 2017 00:05

Pacto social, asunto prioritario

Es incuestionable la urgente manifestación pública de todos los sectores sociales en torno a las grandes preocupaciones que padece el país, y en específico Guerrero, y tomar medidas que conduzcan a rescatar, conservar y mejorar las lamentables condiciones de ultraje y deterioro de la vida colectiva.

Independientemente de las poderosas razones atribuibles al ancestral atraso y a las vergonzantes omisiones de diversas administraciones gubernamentales, hoy Guerrero vive una grave crisis de violencia e inseguridad, producto, además, de otros factores, y la alternativa para afrontarlas debe ser mediante la participación de todos, en un asunto de insoslayable responsabilidad para hacerle frente sin pausas, ni regateos, y para evitar que las futuras generaciones lleguen a vivir en un porvenir de incertidumbre.

El pacto al que ha convocado el gobernador Héctor Astudillo Flores implica no solamente la buena disposición para estampar una firma, sino para participar activamente en un proceso intenso, ordenado, secuencial y de profunda penetración, particularmente en el tratamiento de contenidos de alto valor moral, cívico y de repercusiones en el trazo de nuevas conductas de comportamiento que, mediante la práctica y el ejercicio permanentes, se traduzcan en hábitos consistentes para la mejor convivencia.

Los asuntos de seguridad y de violencia y otros más son producto de innumerables factores o circunstancias que han arrojado a la sociedad actual hacia profundos abismos de incertidumbre y de congoja, de los que se percibe que cada día se hacen más críticos y envuelven en un crudo escepticismo del que no se ha logrado superar.

Publicado en Artículo

Archivo

« Noviembre 2017 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30