La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Viernes, 18 Agosto 2017

La Ley General Víctimas publicada en 2013 prevé una compleja estructura institucional destinada a brindar atención y garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entre los derechos de las víctimas se cuenta la compensación, como parte de la reparación integral, que es la erogación económica que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos. 

En términos del artículo 64 de esa ley, la compensación incluirá resarcimiento por, como mínimo, la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; la reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral; el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; la pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales; los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos; el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado; el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física; y los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento. 

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Sábado, 19 Agosto 2017 02:44

¿Show priísta?

Cierto regocijo debió causar entre guerrerenses –chilpancinguenses sobre todo– el comunicado de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el sentido de que el priísta Héctor Vicario Castrejón fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al comprobársele irregularidades en la compra de predios para edificar casas para los damnificados por las lluvias de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, mismas en que supuestamente incurrió cuando fungía como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

Numerosas fueron las quejas, convertidas en un clamor en su momento, contra Vicario Castrejón, relacionado sobre todo con el fraccionamiento Nuevo Mirador, en Chilpancingo, donde fue necesario incluso reconstruir viviendas que, siendo nuevas, no pudieron ser habitadas por los damnificados. 

Irregularidades como ésta, dieron origen a que el nuevo delegado de Sedatu, José Manuel Armenta Tello, presentara, según su propia versión, 12 denuncias ante la Procuraduría General de la República por fallas en obras de reconstrucción de viviendas, escuelas, carreteras, puentes y clínicas de salud. La medida dictada por la SFP, no obstante, no puede ser considerada aún como un acto de justicia, puesto que el ex funcionario, convertido actualmente en diputado local, dispone de 15 días para presentar sus argumentaciones. 

Vicario Castrejón, cuyo castigo consistiría en no poder desempeñar ningún puesto público durante 10 años, tiempo que ya empezó a correr, asegura que buscará echar abajo la inhabilitación presentando 21 pruebas de que no cometió ninguna anomalía. 

Pocas han sido las inhabilitaciones a funcionarios públicos en este sentido; hasta donde se sabe, ningún gobierno se ha encargado de verificar que se cumplan, pues termina una administración y la que sigue no se ocupa de dar seguimiento, si de por sí se considera que la sanción carece de energía, abriendo aún más las puertas a la impunidad y a la corrupción. Poco importó al PRI que la honorabilidad de Vicario Castrejón estuviera en entredicho y marcada por el escándalo; lo convirtió, tal vez para protegerlo, en diputado local de la actual legislatura, donde permanecerá hasta 2018; a nadie sorprendería que sus amigos los legisladores priístas hicieran cuanto estuviera en su mano para que salga bien librado del trance, tal como lo hicieron con su colega el diputado Saúl Beltrán Orozco, en favor de quien maniobraron para liberarlo de la acusación de homicidio y posiblemente de su estancia en la cárcel. 

Aunque tiene en su contra el repudio público, legalmente no se sabe aún si Vicario es culpable o inocente; lo que sí se sabe, sin lugar a dudas, es que en el programa de reconstrucción por Manuel e Ingrid, afloraron muchas anomalías, como lo evidencian las 12 denuncias interpuestas por Armenta Tello, por lo tanto, también hay culpables, que deberían pagar por sus fechorías. 

La justicia, reza un adagio, es lenta pero llega; en este caso, ha demostrado su lentitud, pero se duda que vaya a llegar, debido a la red de componendas y complicidades entre funcionarios. 

No vaya a ser que, ante las cercanías de las elecciones, el PRI quiera mostrar otra de sus supuestas acciones contra la corrupción para lavar su cara, porque nadie se lo va a creer. n 

Publicado en Editorial

 Acuerdan las acciones que harán por el tercer aniversario de los hechos en Iguala

 La lucha será ajena al proceso electoral de 2018; partidos políticos no solucionan los problemas, dicen


Atoyac, 17 de agosto. Una comisión representante de los padres de familia de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 y 27 de septiembre de 2014, se reunió con dirigentes de organizaciones sociales de Atoyac para acordar las acciones que harán con miras al tercer aniversario de los hechos ocurridos en Iguala.

La comisión fue integrada por Ernestina Lugardo, Melitón Ortega, Felipe de la Cruz, padres de los normalistas desaparecidos, así como alumnos de la normal rural de Ayotzinapa. De acuerdo a Felipe de la Cruz, uno de los padres, la lucha de estos será ajena al proceso electoral del próximo año “porque los partidos políticos no solucionan los problemas de los mexicanos”.

“La gente está empecinada en que habrá un cambio a través de los partidos políticos y nosotros decimos que la solución a este y otros problemas de México son los propios mexicanos, porque los partidos políticos, desde hace muchos años, han sido la solución a las problemáticas de este país. Lo único que podemos decirle a los mexicanos es que los políticos comercializan con el hambre y la necesidad de los mexicanos para tener puestos de representación y seguir gobernando y vivir del pueblo”, puntualizó.

Publicado en Sociedad y Justicia
Viernes, 18 Agosto 2017 22:17

¿Qué espera a los mexicanos en 2018?

Bien merecen una somera reflexión las declaraciones del dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fermín Alvarado Arroyo, respecto a las opciones que tendrá la ciudadanía en la próxima contienda electoral.
El líder acapulqueño expresó que en las elecciones de 2018 habrá dos posturas en la contienda: los que están por la felicidad, que son los priístas, y los que pugnan por el populismo y el autoritarismo, que, dijo, serán los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional, virtual candidato a la Presidencia de la República.
Bien haría el priísta en definir en que fundamentará el PRI su gobierno, si es que retiene la Presidencia, para conceder a los mexicanos esa felicidad que desde ahora vislumbra, porque si conoce la manera de lograrlo, sería interesante saber por qué no ha hecho feliz a la población en el actual sexenio en vez de mantenerla hundida en la zozobra, la intranquilidad, el miedo, derivados de la violencia y la inseguridad, que en su campaña el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a suprimir.
Si por otro lado, es pretensión conducir a los mexicanos a la felicidad mediante la honestidad, bien pudo hacerlo en la presente administración, cuya imagen ha sido la de la corrupción, la opacidad, el engaño.
Y si su idea es lograrlo por medio de la justicia, debió haber esclarecido ya, por ejemplo, el caso de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014,  cuyos padres, respaldados por los diferentes sectores  locales, nacionales y hasta por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, cumplieron ya tres años peregrinando por todas partes en busca de justicia y solidaridad.
¿Qué esperaría a los mexicanos si gana las elecciones López Obrador? A ciencia cierta se desconoce; desde ahora se le endilgan por adelantado políticas gubernamentales de autoritarismo y populismo, no comprobadas aún porque no ha sido presidente, pero sin duda alguna sí se sabe qué espera a la población si conserva la Presidencia el PRI, porque ha dado sobradas muestras de su forma de gobernar.
Efectivamente, los mexicanos tendrán dos sopas a probar en 2018: una cuyo sabor ignora, porque sólo los futurólogos pueden ver en su bola de cristal; de la otra tampoco se sabe aún su textura, pero si es la misma que el cheff le está dando a los mexicanos, se sabe ya que está prepara por un mal cocinero y tiene a los comensales con una permanente infección intestinal. n

Publicado en Editorial

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