La Jornada Guerrero - Domingo, 29 Julio 2018

Defiende Leopoldo González las reuniones del obispo Rangel con jefes del crimen

Monseñor siente la necesidad de velar por la seguridad de sus comunidades, afirma el prelado


El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, dijo que ante la situación de violencia, todos tienen que hacer algo para buscar la paz en Guerrero.

Fue así como defendió las reuniones del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, con jefes del crimen organizado.

En conferencia de prensa, dijo que monseñor Rangel tiene dichos encuentros porque “siente la necesidad de velar por la seguridad de sus comunidades” y porque se encuentra a esas personas en su camino.

En su caso, añadió, no se ha reunido con integrantes de grupos delictivos de Acapulco porque no los conoce.

En cuanto a las críticas que ha recibido Salvador Rangel por dichas acciones, se limitó a responder que toda persona tiene derecho a expresar lo que piensa.

“Ante la situación de violencia que hemos estado viviendo, todos tenemos que hacer algo, al alcance de todos está la oración, el cuidar en cada uno de nosotros sentimientos de paz, palabras de paz, gestos de paz”, expresó.

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La empresa la declaró ilegal en 2007; se apeló ante la Junta y se convirtió en legal

Acusa el sindicato el rechazo y la corrupción de los gobiernos federales para solucionar el paro


Taxco, 29 de julio. A 11 años de huelga minera, que se cumple este lunes, los obreros de la sección 17 de Taxco, dejaron de percibir durante estos años, un aproximado de más de 150 millones de pesos en salarios y prestaciones, en tanto la empresa Industrial Minera México (IMMSA), perdió miles de millones de dólares en producción, maquinaria, equipo, instalaciones y ganancias, según un informe de la sección local.

Los mineros llevan 4 mil 15 días sin laborar, a 11 años de huelga.

De acuerdo con la información oficial, la última revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la empresa IMMSA fue en 2006 y de ahí quedó para la nueva revisión de 2007, lo que generaron paros escalonados y el estallamiento de la huelga el 30 de julio.

Para este lunes, a las 12 de la tarde, se cumplen 11 años de huelga ininterrumpida, como lo expresó el presidente del Comité de Huelga de la sección 17, Esteban Estrada Lara, quien también dijo que la empresa interpuso una demanda, en la que dio por terminada las relaciones laborales por falta de productividad dentro de la mina.

Sin embargo, contó, se apeló, la Junta permitió un recurso de peritaje por parte del sindicato, en el que se confirmó que la explotación minera todavía cuenta con reservas mineras a más de 30 años, y eso ayudó a que se ganara y la huelga se convirtiera en legal, porque la empresa la llamó ilegal.

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Pobladores de Ahuejutla, Alcozauca, suben al cerro sagrado del Yuki Savi para llevar ofrenda a San Marcos y reforzar la petición de lluvia


Alcozauca, 29 de julio. Pasó más de un mes sin que los sembradíos de maíz de los campesinos de Ahuejutla descendiente del pueblo de la lluvia (ñuu savi) fuera bendecida por el cielo con el agua de la vida, la milpa sólo creció unos 20 centímetros y luego se detuvo, le hizo falta más agua, le hace falta más fuerza.

La preocupación de los campesinos na savi que viven del maíz, los hizo obedecer las recomendaciones de los viejos y los principales del pueblo: subir al cerro del Yuki Savi  (cerro de la lluvia) para llevar ofrenda a San Marcos y reforzar la petición de lluvia con ofrendas de flores, velas y aguardiente.

Montados en burros o a pie las poco más de 70 familias se trasladaron a su cerro sagrado, cargando a sus hijos, sus flores, sus velas y sus deseos de que el cielo bendiga a su tierra con la lluvia.

Cuesta unos 40 minutos subir hasta la cima del cerro de la lluvia a una altura de 2300 metros, en lo más alto, y cubierto por árboles verdes y frondosos, está el altar a San Marcos, deidad que intercede por los terrenales para enviar durante la temporada las lluvias necesarias para que la milpa crezca y haya buena cosecha.

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Entrega una carta para Andrés Manuel López Obrador al senador electo Félix Salgado

Desde la cárcel de Las Cruces el dirigente Marco Antonio Suástegui envió una carta para la asamblea


Como en sus buenos tiempos, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (Cecop) se convirtió en un factor aglutinante de los movimientos sociales más representativos de la entidad: los familiares de los presos políticos, familiares de los luchadores sociales asesinados, familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, maestros de la la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, sindicalistas de Chilpancingo, electricistas, defensores de derechos humanos, todos congregados en la cancha techada de la comunidad de Huamuchitos.

En este lugar, lejano de La Concepción, el sitio donde todavía este año se realizaban las asambleas del Cecop y donde la policía comunitaria fue sustituida por la Policía del Estado, la organización conmemoró el 15 aniversario de su creación, en unas circunstancias adversas: 25 de sus integrantes están presos, y cinco fueron asesinados apenas en enero pasado, pero ellos siguen ahí, en su lucha contra el proyecto hidroeléctrico que cada año recibe un presupuesto por el gobierno federal. Aquí, en este lugar al que para llegar hay que cruzar el río Papagayo en unas pangas, las organizaciones fijan su posición de apoyo a los opositores a la presa La Parota, demandan la liberación de los 25 policías comunitarios detenidos en La Concepción, incluido los dirigentes del Cecop, Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente y expresan sus propias luchas.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), en voz de su consejero regional Francisco Santos Martínez, y de su representante más conocido, Arturo Campos, ex preso político, declarado en su momento preso de conciencia por Amnistía Internacional, expresa su oposición a las reformas astudillistas que buscan desaparecer a la policía comunitaria, y da su respaldo al Cecop; y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que llegaron portando las fotografías de sus hijos desaparecidos como estandarte, reiteran su apoyo al Cecop y denuncian el intento del Estado por desaparecer la Comisión Investigadora sobre el caso Ayotzinapa.

Norma Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, reitera la exigencia de esclarecimiento sobre el asesinato de sus hermanos Miguel Ángel y Rocío Mesino, y castigo a los culpables, y anuncia que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se presentarán estos casos como casos de “asesinatos generacionales”, porque todos ellos son hijos de Hilario Mesino Mesino, quien tiene un hermano desaparecido por el Ejército durante la guerra sucia, de los años 70.

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