La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Lunes, 21 Enero 2019

El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero y consejero nacional, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que, según los estatutos de su partido y la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, el censo que registrará a las personas que serán apoyadas con programas sociales del gobierno federal lo debe levantar casa por casa un equipo de trabajo de la Federación para evitar la falta de transparencia en lo local, no en modo colectivo, y desautorizó la actividad que en ese sentido desarrolla Ignacio Meneses Hernández, militante suspendido del partido hace meses.

El secretario general reveló que ayer recibió evidencias de fotografías en las que el militante suspendido Ignacio Meneses Hernández aparece censando a muchas personas en oficinas que inauguró el ex presidente de Morena en Guerrero Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Montes Carrillo y Ríos Saucedo

De acuerdo con la información recibida del enlace federal en Acapulco, César Núñez Ramos, Ignacio Meneses Hernández, quien tiene los derechos suspendidos en el partido, en desobediencia fue instruido por Pablo Amílcar Sandoval, por Luis Enrique Ríos Saucedo y por Sergio Montes Carrillo, a quienes señaló de corresponsables de censar fuera del marco general de operación en programas en Acapulco, por lo que el Comité Ejecutivo Estatal se deslindó de estas actividades de censo colectivo.

El dirigente de Morena en Guerrero adelantó que el caso será turnado a la Comisión de Honor y Justicia de Morena, reprobó las prácticas corporativas y llamó a cumplir los postulados de López Obrador, de su partido y de la cuarta transformación de México.

 

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Se lleva a cabo la audiencia de vista en el juicio al promotor de la Crac en Tixtla


Chilpancingo, 21 de enero. La Fiscalía General del Estado (FGE) pidió la máxima sentencia y un poco más en los cargos que se le imputan al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en la capital desde hace cinco años.

Sin embargo, el preso recalcó que no cometió ningún delito, pues la Coordinadora ha actuado bajo leyes y tratados internacionales, por lo cual exigió sentencia absolutoria.

A las 2 de la tarde se llevó a cabo la audiencia de vista en el juzgado de primera instancia, ubicado a un lado del reclusorio donde está preso el promotor.

A la audiencia lo acompañaron sus padres, Eliodoro Molina Leonel y Florida González, además de su hija Tonantzin Medina. Mientras que la abogada que estuvo con él fue una defensora de oficio que le asignaron.

En el lugar también estuvo el juez de primera instancia Leoncio Molina Mercado.

Al dar lectura al oficio en el que se expusieron las conclusiones acusatorias que guarda su caso, solicitó que se impusiera a Gonzalo Molina por el delito de lesiones calificadas la máxima penalidad, incluso se aumentara la pena dos terceras partes más de lo que corresponde.

Mientras que, en el delito de robo específico, terrorismo y privación de la libertad personal solicitó también la penalidad máxima; sin embargo, en esta última demandó que se aumentara hasta una mitad más por haberse demostrado que cometió el delito.

Finalmente, pidió que se impusiera la suma de las penas de los delitos cometidos por tratarse de diferente especie, además de que se condene al preso al pago de la reparación del daño.

Posteriormente se asentó la respuesta del promotor, quien dijo que con base en los términos constitucionales del procedimiento penal, entregaba las conclusiones en las que demuestra que no hay delitos qué perseguir, porque los que lo acusaron se desistieron, además de que hay pruebas en su expediente de que todo lo que hace la Crac está en el marco legal amparada en la Ley 701 y el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual pidió a la juez que a la hora de la sentencia se le dicte auto de libertad absolutoria, misma que solicitó su defensora de oficio.

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Martes, 22 Enero 2019 00:05

Tlahuelilpan

La dantesca tragedia de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, donde se puede ver en videos correr gritando de horror a auténticas antorchas humanas, rebasa cualquier ficción, incluso la misma obra literaria clásica de Dante Alighieri.

Dejará muchas más preguntas que respuestas la declaración del flamante fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en relación a las “telas sintéticas usadas por la gente”. No dista mucho del “ya me cansé” de Jesús Murillo Karam en el marco de la matanza en Iguala de los normalistas de Ayotzinapa.

Era más sencillo atenerse a los testimonios, varios, de testigos que dicen haber visto a gente fumando en las inmediaciones, mientras recogían el combustible del geiser de gasolina Premium.

La verdad, no está de más decirlo, nunca la sabremos, como a la fecha no se sabe casi nada del caso Colosio, pasando por los de Mouriño, Blake Mora, Ramón Martín Huerta y (ya yéndonos más atrás) del mismísimo Álvaro Obregón. Muchos argumentarán: “Si de Kennedy no se supo nunca la verdad...”, y tienen razón, pero no está de sobra el apuntar un puñado de reflexiones respecto al caso reciente en el estado de Hidalgo.

El pasado domingo 13 de enero, en el poblado de Santa María Ahuehuepan, municipio de Tula, no sólo también en Hidalgo, sino que sólo a 20 minutos de distancia en automóvil de Tlahuelilpan, en un operativo que trataba de parar un robo hormiga de la gente del lugar, muy parecido al ocurrido el viernes y que cada vez son, no nuevos –pues antes los medios no le daban casi cobertura de estas últimas semanas–, pero sí cada vez más comunes y generalizados, un huachicolero resultó muerto.

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Martes, 22 Enero 2019 00:05

Engaño gubernamental

Si los miles de familiares de desaparecidos tenían la esperanza de obtener en 2019 el apoyo del gobierno para continuar su peregrinar en busca de sus seres queridos, a estas alturas del año se habrán dado cuenta ya de que están en un error.

Si durante 2018 la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en el estado de Guerrero resultó un fiasco porque su operación no repercutió en ningún beneficio a las víctimas, para el año actual no se prevé mejoría alguna.

De entrada, Emma Mora Liberato, quien la semana pasada juró en el Congreso local como integrante de la Asamblea Consultiva de la CEEAV, advirtió que los 15 millones de pesos asignados como presupuesto para ese organismo serán insuficientes, pues sólo alcanzarán para pagar los sueldos de los trabajadores.

El año pasado, familiares de desaparecidos se quejaron con frecuencia de que la comisión sólo los hacía dar vueltas para finalmente no proporcionarles ningún apoyo.

Si en algo sobresalió fue en los escándalos que en su seno protagonizaron sus integrantes y en los que, incluso, salieron a relucir armas de fuego e intercambio de palabras fuertes.

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