La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Jueves, 17 Octubre 2019

Ciudad de México. El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, renunció ayer al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de una carta al presidente del CEN de dicho instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas.

Dicha misiva –cuya autenticidad fue confirmada por fuentes del PRI y del propio FSTSE-- indica que “en razón de la definición de la Reunión Nacional de Dirigentes, tanto de los Sindicatos como de la Representación Territorial que integran la FSTSE, me permito informar de mi separación formal del PRI”.

De igual manera, Ayala aclaró que “no existe resentimiento alguno, sino que mantendré vigente mi convicción del mandato de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el fortalecimiento de las instituciones de la República”, y manifestó su “reconocimiento y gratitud a las oportunidades brindadas durante mi historial de militancia” en el tricolor.

Poco más tarde, circuló un comunicado del FSTSE en el cual se subrayó que hay una propuesta de Joel Ayala de que al interior de la organización “se practique la total libertad de participación política, sin ataduras a ningún partido político”.

Los representantes del sindicato “coincidieron en aprobar por unanimidad y aclamación, la constitución de una Organización Política Nacional, independiente, libre, actuante, propositiva, plural, democrática, abierta a organizaciones adherentes, civiles, sociales; con un accionar libre y soberano; con el fin de continuar impulsando el fortalecimiento de las Instituciones de la República”.

De igual manera, “se registró la propuesta para que el Lic. Joel Ayala Almeida, encabece está Organización Política Nacional, la cual fue aprobada por unanimidad, recomendándose que se brinde toda la formalidad cubriendo los requisitos ante el Instituto Nacional Electoral”.

De acuerdo con el boletín, Ayala prometió que “se seguirá respetando la militancia de cada uno de los representados en los distintos organismos de partido".

 

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Recomienda al estado negocie planes con financieras y sea aval de los calandrieros

Con ese monto se podrán comprar 13 vehículos motorizados para remplazar a los equinos, señala


La diputada local Mariana García Guillén declaró que sólo se etiquetaron dos millones de pesos del total de 10 millones solicitados para sustituir a los caballos de las calandrias por vehículos motorizados, los cuales serán insuficientes para llevar a cabo el proyecto.

Apuntó que sólo se podrán comprar 13 vehículos motorizados con los dos millones de pesos etiquetados para sustituir a los caballos de las calandrias.

En entrevista, la legisladora indicó que en el marco de sus responsabilidades subió a tribuna la propuesta de que se asignaran 10 millones de pesos para esta causa dentro del presupuesto 2019, en octubre del año pasado “me corresponde gestionar e intentar sensibilizar a las diferentes instancias para que apoyen, no etiquetar ni ejecutar los recursos, hasta ahora, Finanzas anunció que se autorizaron sólo dos millones”.

Precisó que esta institución manejó la información de que se entregaría el 50 por ciento de lo requerido, pero se redujo a menos de la cuarta parte.

García Guillén, señaló que la cantidad está dentro del Fondo Verde y tendrán que considerarse varias alternativas para su utilización, porque no puede aplazarse el proyecto integral, pero tampoco se puede vulnerar a los involucrados.

“Podemos empezar por una etapa importante, hacer un consenso sobre la mesa para ser incluyentes, porque cada quien trae diferentes ideas”.

Detalló que hay 57 caballos en el padrón y no será suficiente el recurso para retirarlos a todos del trabajo forzado que realizan desde hace años, ni indemnizar a los propietarios porque no lo aceptarían.

Recapituló que el ayuntamiento hizo lo propio, y a partir de noviembre ya no podrán circular las calandrias con equinos, mientras que determinar el destino de los animales corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) del estado y, por último, a la Dirección de Transportes del estado regular la circulación.

Aseguró que el éxito en este proceso de resistencia es ser aliados, porque los derechos de los animales es materia que interesa más a la sociedad civil que a los gobiernos.

Elsa Salgado Gama, representante de la organización Patitas Felices, declaró en diferente momento que cada una de las autoridades debe asumir la parte de responsabilidad que les corresponde y cumplir con la Ley de Bienestar Animal.

Recomendó que el gobierno del estado, reductor del dinero que había sido cuantificada como suficiente para desarrollar este procedimiento, negocie planes con financieras y sea aval de los calandrieros por esta única ocasión para resolver el problema que puede llevar a manifestarse a las calles a los dos grupos: animalistas y transportistas.

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La alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, informó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pidió desalojar el ayuntamiento del parque Papagayo por el proyecto de rescate de este centro recreativo que llevará a cabo.

Indicó que la dependencia federal no dio un plazo al gobierno municipal para desalojar el inmueble, pero que pidió encontrar otra sede para el ayuntamiento lo antes posible.

Comentó que el Centro Internacional Acapulco (CIA) es una de las opciones que tiene contemplada para que sea ocupado como ayuntamiento, en lo que se concluye la construcción del edificio del ayuntamiento del Centro. Abundó que aún no ha hecho la petición formal al gobierno estatal para que permita al gobierno municipal ocupar el CIA, pero que lo hará próximamente.

A pregunta de si el ayuntamiento se moverá de forma permanente o regresará al inmueble del parque Papagayo, respondió que lo conveniente sería ya no regresar a ese lugar.

“Yo creo que no sería conveniente que regresáramos, este parque debe ser para lo que fue expropiado, que sea un parque donde haya una biblioteca, un centro de meditación, un temazcal y muchas áreas hermosas. Entonces yo creo que lo ideal es que se salga el ayuntamiento”.

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La Secretaría de Hacienda sólo aprobó poco más de 50% de los recursos solicitados

Sistemas de bachillerato tendrán que esperar a que se aprueben; no se resuelve de la noche a la mañana


El subsecretario de Educación Media de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Juan Pablo Arroyo Ortiz, resaltó que se requieren recursos millonarios para atender las necesidades de jóvenes de entre los 15 y 18 años de edad en el país.

Sin embargo, advirtió que la Secretaría de Hacienda solamente aprobó poco más de 50 por ciento de los recursos solicitados para el próximo año.

Ante profesores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el inicio del vigésimo Coloquio Nacional de Formación Docente de la Red de Anuies Media Superior, Arroyo Ortiz señaló que muchos de los sistemas educativos del nivel bachillerato tendrán que esperar que se aprueben mayores recursos, pues la problemática de atraso no se podrá resolver de la noche a la mañana.

Advirtió que de 67 mil millones de pesos que solicitó, solamente asignaron 38 mil millones de pesos.

Arroyo Ortiz ejemplificó que no asignaron recursos para atender a los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad, para los cuales se requieren 310 millones de pesos, aunado a las dificultades para ayudar a universidades en crisis, para homologar condiciones contractuales de todos los profesores.

Subrayó que “se requiere presupuesto para regularizar plazas, para equipar y dar mantenimiento a escuelas, tenemos mil 600 planteles en riesgo por falta de mantenimiento en mucho tiempo, casi 10 años, tenemos una situación en crisis, nos dejaron un gobierno tremendamente desecho”.

En el caso de las preparatorias populares de Guerrero, especificó que se requieren 210 millones de pesos para regularizar a los 147 planteles de este sistema en la entidad, así como a sus profesores.

Arroyo Ortiz expresó que “muchos no son profesores pero ofrecen a padres de familia brindar educación media superior, la educación es irregular, profesores sin perfil pertinente, sin instalaciones adecuadas”.

Puntualizó que el “proyecto es formalizar planteles agregándolos a subsistemas que ya existen, del estado, la Federación, a las universidades autónomas, cuesta 210 millones de pesos. Hacienda no lo consideró por austeridad, y sin recursos no se pueden reconocer planteles; 60 por ciento de profesores no cubren perfil, no son titulados, o no imparten la clase adecuada, ello obliga a formalizar una plantilla docente”.

Añadió que “tenemos un plan, con aporte de 60 millones de pesos del gobierno estatal, 140 millones del Congreso; así como hay otros servicios, preparatoria en línea, abierta, bachilleratos comunitarios, que no fueron formalizados, profesores que reciben su pago por honorarios.”

El funcionario federal recordó que el pago que el gobierno tiene que hacer por compromiso de deuda con el extranjero es de 22 mil 500 millones de dólares.

Señaló que “se necesitan más recursos para la educación, por la educación tiene que cambiar también la economía, que es un problema también de alto riesgo, se está moviendo en la cuerda floja el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pues si no resuelve la situación de los empresarios se van con los capitales y nos meten en crisis.”

Insistió que “hoy tenemos la fuerza de la democracia pero tenemos la debilidad de la condición económica, porque hoy la producción está en manos de unos cuantos; si tuviéramos la capacidad de mantener la producción con mercado interno, como lo hace Canadá, estaríamos en otra condición.”

El subsecretario de Educación Media de la SEP, recordó que el actual gobierno tiene previsto proyectos para hacer sustentable la producción en el medio rural a través de centros de producción agropecuaria y tecnológica, crear empresas de bienestar social, que generen a su vez mercado interno, capacidad de comercialización y ahorro con las fuerzas de las comunidades, y para ello, los bachilleratos autónomos tienen que ayudar.

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