La Jornada Guerrero - Jueves, 24 Octubre 2019

Exhorta el diputado a los alcaldes a promover la certificación de sus uniformados

De los agentes que aprobaron sus exámenes, más de la mitad perderán su vigencia este año, dice


Chilpancingo, 24 de octubre. En el Pleno del Congreso, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez manifestó que en Guerrero se tiene un total de 9 mil 86 policías entre ministeriales, de reinserción social, estatales y municipales, pero sólo 6 mil de ellos han aprobado sus exámenes de control y confianza y de estos más de la mitad perderán su vigencia este año.

El Congreso exhortó a los presidentes municipales a implementar acciones que promuevan la aplicación de los exámenes de Control y Confianza a los cuerpos policíacos y evitar reclutar a aquellos con calificación reprobatoria, de lo contrario, advirtieron, habrá sanciones.

El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública argumentó que la principal tarea de los tres órdenes de gobierno es la consolidación del Sistema de Seguridad Pública y poder hacer un frente común contra la violencia y la criminalidad.

“La seguridad pública debe estar por encima de las diferencias políticas, ideológicas o sociales, con la finalidad de que todos sumemos esfuerzos en la recuperación de las adecuadas condiciones de seguridad en nuestro país y principalmente en nuestro estado de Guerrero”, dijo.

Huicochea destacó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tiene que al corte del 31 de agosto de este año, en el país se tenía 338 mil 392 elementos entre mandos y operativos, de los cuales 99 por ciento se encuentra evaluados, es decir, 333 mil 904, de los cuales, aprobaron 89 por ciento, es decir, 300 mil 850 y 26 mil 699 policías resultaron reprobados.

Mientras que en Guerrero, dijo, se cuenta con una fuerza entre policía estatal, de reinserción social, ministerial y municipal de 9 mil 86 elementos, de los cuales se encuentran evaluados 8 mil 664, pero sólo aprobaron 6 mil 151; reprobaron 2 mil 079.

“Sin embargo, de los aprobados este año, 54 por ciento perderán la vigencia de su evaluación, es decir  3 mil 322”, lamentó.

Agregó que el INEGI, por medio de la novena edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en su apartado de Percepción del Desempeño, detalla que 76.6 por ciento de la población considera a la Policía de Tránsito la más corrupta, seguida de los jueces con 68.4 por ciento y de la Policía Municipal con 67.9 por ciento.

Por ello, el diputado consideró urgente exhortar a los 80 alcaldes y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla para que diseñen e implementen políticas públicas alineadas a las políticas nacionales y estatales, las cuales les permitan fortalecer sus procesos de reclutamiento y selección de los aspirantes a ocupar un cargo como policías municipales, con la finalidad de no contratar a personal que no cuente con su certificación aprobada y vigente en control de confianza, acción que les permitirá fortalecer e incrementar su estado de fuerza, y de esa forma contar con personal mejor capacitado y calificado.

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Los hechos, el martes cuando viajaban de Acapulco a Tecoanapa


Chilpancingo, 24 de octubre. Integrantes del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos (FNLP) denunciaron la desaparición de dos de sus compañeros, quienes se trasladaban de Acapulco a Tecoanapa.

Indicaron que los hechos ocurrieron la tarde del martes pasado en las inmediaciones del puente Omitlán, cuando regresaban de acompañar a otro compañero que tiene un problema de tierras.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan esta privación de la libertad de sus compañeros, ya que se ha interpuesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

También pidieron a las organizaciones sociales acompañar a las familias de los desaparecidos del FNLP, ya que estos han apoyado las luchas sociales, por lo que ahora toca pedir el apoyo para esta petición de justicia.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, el coordinador general del FNLP, Oger Morales Miranda, explicó que sus compañeros Carmelo Marcelino Chino, de 47 años, y Jaime Raquel Cecilio, de 37, viajaban de regreso a su localidad, Huamuchapa, ubicada en el municipio de Tecoanapa, desde Acapulco.

“Nos indigna mucho esta situación que se repite en el estado de Guerrero, nuestros compañeros están desaparecidos, no sabemos nada de ellos y nos preocupa mucho”, dijo.

Dio a conocer que ya interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y acudirán también ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), para que se investigue el caso.

Hizo un llamado a las organizaciones para unirse a la exigencia de un alto a la criminalización de la lucha social, así como lo han hecho en otros casos, porque no se trata de pedir dinero o alguna cuestión burocrática, sino la presentación con vida de sus compañeros.

También pidió al gobierno estatal, que encabeza Héctor Astudillo Flores, y al gobierno federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador, y a las fiscalías para que activen los protocolos correspondientes de búsqueda de sus dos compañeros.

“Nosotros le decimos al gobierno que ya estuvo, se lo decimos como organización y como movimiento, ya estuvo que nosotros las organizaciones sociales, las comunidades, el movimiento social siga poniendo a los perseguidos, los encarcelados, a los desaparecidos y asesinados, le decimos al gobierno que ya le paren a esta situación”, dijo.

Extendió el llamado a las organizaciones hermanas. Silvia Cecilio Vargas, esposa de Carmelo Marcelino, indicó que su esposo es solo un campesino, no tiene pleitos con nadie, no tiene enemigos, es el sostén de su casa, de quien dependen sus hijos de 16, 14 y 7 años.

Octavia Roque Marín, esposa de Jaime Raquel, exigió la presentación con vida de su esposo: “Tengo mis hijos, él es un campesino, trabajaba para mantener a sus cuatro hijos, de 17, 16, 13 y 7 años de edad”.

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Chilpancingo, 24 de octubre. Diputados de la fracción parlamentaria del PRI frenaron un exhorto para que acudiera a comparecer el secretario de Salud del estado sobre el Servicio Médico Forense (Semefo) ante el elevado número de cuerpos que en ellos se encuentran.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, y se sumaron Blanca Celene Armenta Piza, Nilsan Hilario Mendoza y Luis Enrique Ríos Saucedo.

Hernández Martínez recordó que a finales de octubre de 2017, en el Semefo de Chilpancingo había 657 cadáveres almacenados a pesar de que su capacidad es de sólo 250, lo cual generó una protesta de trabajadores de la Fiscalía y que el hecho cobrara notoriedad en los medios de comuniciación.

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Retiran la protesta cuando autoridades se comprometieron a atender la petición

Sirve de sostén a un edificio con ocho aulas; se cayó con el paso de la tormenta tropical Narda, dicen


Maestros, padres de familia y alumnos de la telesecundaria Antonio Caso, ubicada en la colonia Arroyo Seco, bloquearon ambos sentidos del bulevar Vicente Guerrero a la altura de la tienda Coppel, para exigir la construcción de la barda perimetral del plantel, la cual se cayó con el paso de la tormenta tropical Narda en días recientes, y que sirve de sostén a un inmueble con ocho aulas.

La maestra Noemí Castrejón Segura, alertó que “están en riesgo la vida de los alumnos y los maestros, los que toman clases arriba, y los que toman clases abajo, porque se cae el edificio, y son cuatro salones arriba y cuatro salones abajo, que se verían afectados”.

Los quejosos, que permanecieron aproximadamente hora y media en el lugar, pidieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para construir la barda.

Castrejón Segura subrayó que “seguimos en temporada de lluvias, vivimos en zona sísmica, y la arena se sigue deslavando”.

Recriminó que “nadie va a ver, no van a ver, tomamos fotografías nosotros mismos, pero los funcionarios ni siquiera son para pararse y ver cómo está el problema, nosotros estamos viviendo el problema”.

La portavoz insistió que existe un dictamen de Protección Civil, el cual señala que no pueden estar alumnos en el lugar, pues por el mismo peso el inmueble se puede venir abajo. En el plantel estudian 200 alumnos.

El bloqueo fue retirado por los manifestantes cuando autoridades se comprometieron a la brevedad a edificar una nueva barda.

La manifestación ocasionó congestionamiento vehicular en la zona periférica de Acapulco, por lo que automovilistas tuvieron que utilizar vías alternas para llegar a sus sitios de trabajo.

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