La Jornada Guerrero - Miércoles, 30 Octubre 2019

Chilpancingo, Gro. Durante la presentación de las conclusiones de este informe, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que el municipio de Chilapa es un foco rojo para el país, dado que cuentan con autoridades incompetentes para defender a la ciudadanía y superan la tasa de homicidios.

También se lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) sea inoperante y no lleve a cabo las investigaciones de las carpetas de investigación que inicia, las cuales son mínimas comparadas con las denuncias, hechos y homicidios que ocurren en ese municipio.

Por su parte el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, solo dijo que, al iniciar su gobierno, sabía cómo se vivía y cómo estaba la situación en el estado, siendo que la mayoría de lo que siembra en Guerrero son enervantes.

Dijo que acatará las recomendaciones que se hicieron y se buscará dar solución a la problemática.

 

Publicado en Política

Sebastián murió por sepsis neonatal en el hospital del Quemado, en Acapulco

Acusan de negligencia médica y omisión de cuidados al personal del hospital general de Costa Chica


Padres del niño recién nacido Sebastián, quien perdió la vida después de ser atendido en el hospital general de Ometepec, en la región de Costa Chica, acudieron la mañana del miércoles a las oficinas de la comisión de arbitraje médico, en plaza Cuauhtémoc, para presentar una queja por negligencia médica y omisión de cuidados.

El papa del niño, Vladimir Marcial Benito, originario de la comunidad indígena Cochoapa, municipio de Ometepec, relató la horas de angustia vividas en el nosocomio de Ometepec, en el que incluso tuvo que reunir 5 mil pesos para el traslado del menor al hospital del Quemado de Acapulco, en el que primeramente nadie contestaba el teléfono durante las primeras horas del 2 de octubre, y donde le comunicaron que no había espacio para su hijo.

Marcial Benito detalló que al menor le fue colocado un dispositivo en el brazo, sin que nunca le explicaran los motivos.

Advirtió que tiene conocimiento de familiares de que al menos 27 menores que han muerto en el hospital de Ometepec en fechas recientes, quienes lo contactaron a raíz de que publicó su caso en redes sociales, y señalo que hasta el momento ninguna autoridad estatal se ha comunicado con él tras lo ocurrido con su hijo.

Relató que el niño nació el 23 de septiembre, con un peso normal de 3 kilos 390 gramos.

Sin embargo, indicó que “no daban de alta a mi esposa porque presentó fiebre, a ella la tenían desde el 22 de septiembre hasta el primero de octubre, pero el niño presentó fiebre el 28 de septiembre, 29, 30”.

Vladimir Valerio, de profesión chofer, advirtió que “para el primero de octubre al niño le colocaron un dispositivo, un objeto en el brazo que no nos explicaron para qué era, no nos pidieron autorización para manipular su bracito, no sabemos ni cómo se llama ese aparato, tenemos fotos, tenemos videos donde se observa el objeto”.

Enfatizó que a las 6:30 de la tarde del primero de octubre ocurrió un sangrado que tenía el niño en el brazo, hablamos a la enfermera, que lo iban a revisar, que era normal, eso pasó en cuneros patológicos”. Vladimir Valerio, acompañado por su esposa María de Lourdes Benito Carranza, añadió que a las 9:30 de la noche, la cuna donde tenían al niño ya estaba manchada de sangre, en la costilla, mientras las enfermeras le seguían diciendo que era normal.

Manifestó que “horas mas tardes seguía el sangrado, vimos muchas gasas mojadas de sangre en el bote de basura, las enfermeras no sabían, no hay pediatras en el turno de la noche, solo dos doctoras que cubren todo el hospital para los pacientes, nos decían que presionáramos la herida con gasas”. El niño murió finalmente el 4 de octubre por sepsis neonatal en el hospital del Quemado, en Acapulco, dos horas después de ser ingresado.

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Se busca tener un sustento jurídico para respaldar a víctimas de la inseguridad, indica

 “El tema de familias desplazadas de sus pueblos por temor a la violencia fue ignorado en los últimos 10 años”


Tecpan, 30 de octubre. Debido a que el tema de las familias desplazadas de sus pueblos por temor a la violencia fue ignorado por las autoridades federales en los últimos 10 años, el actual gobierno federal trabaja en la creación de una ley de desplazamiento forzado, con el fin de que las autoridades cuenten con un sustento jurídico que permita respaldar a quienes han sido víctimas de la inseguridad, informó Neftalí Granados González, miembro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal (Segob).

Para enfrentar el problema el gobierno federal carece de una legislación que soporte sus acciones a favor de los desplazados del país, y, en consecuencia, no existe una institución precisa en el ámbito del gubernamental que coordine los esfuerzos en los tres niveles de gobierno para atender el tema de desplazamiento forzado en México, puntualizó.

Asimismo, dijo que la carencia de un sustento legal genera que no exista un fondo específico para el tema de desplazamiento que permita a las autoridades tener los recursos necesarios para atender a las familias en temas de un verdadero desarrollo. El funcionario federal aseguró que a pesar de que existen personas que desde hace varios años están en otras ciudades, porque huyeron de sus pueblos por temor, su situación fue ignorada por los gobiernos federales en los últimos 10 años.

Lo anterior lo dio a conocer luego de encabezar una reunión en la que autoridades federales y municipales de Tecpan, se reunieron con las familias que se encuentran en Tecpan que fueron desplazadas de sus comunidades en la zona serrana de cuatro municipios, donde pidieron que la Federación apruebe darles proyectos productivos y viviendas para instalarse por su cuenta en este municipio y también que las autoridades gestionen la entrada de los menores a las escuelas de Tecpan; recibir los servicios de salud básicos y alimentación.

En la reunión también estuvieron Roberto Villanueva Guzmán, miembro de la Comisión de Atención a Víctimas del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Segob; Misael Rojas Mejía, asesor de la oficina de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob y Álvaro Urreta Hernández, comisionado federal para la Pacificación en Guerrero.

Asimismo, Magno Guadalupe Ríos Caro, sindica procuradora de Tecpan; Paulo Jaimes Pineda, secretario de Gobierno municipal y Emiterio Gama Quirino, regidor de Ecología. Son 180 familias provenientes de las localidades de Cuatro Cruces y Chilacayote, del municipio de Ajuchitlán del Progreso; Palos Altos y Linda Vista de San Miguel Totolapan; Pie de la Cuesta, de Atoyac y Bajitos de la Laguna de Tecpan, cuyos representantes hace unos días denunciaron que desde que llegaron a esta ciudad, hace seis años, están olvidados por las autoridades federales y estatales, hacinados en un hotel y carentes de alimentos, agua, ropa, atención médica; los niños no van a la escuela y los hombres tienen pocas oportunidades de trabajo, porque en los seis años de estancia, las autoridades no han dado muestras de estar interesadas en brindarles ayuda, por lo que clamaron la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Ciudad de México, 30 de octubre. La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, sostuvo hoy una reunión de trabajo con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, a fin de analizar y proponer soluciones a la grave situación financiera y operativa por la que atraviesa la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (Capama).

En la reunión se acordó realizar de manera inmediata  y urgente un encuentro al más alto nivel con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Guerrero a través de Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), para solucionar a fondo y de manera definitiva el problema de la paramunicipal, que se fue agravando cada vez más a lo largo de las cuatro administraciones municipales pasadas y que implica una deuda de casi 500 millones de pesos con la CFE y de más 1,300 millones de manera total con otras instituciones.

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