La Jornada Guerrero - Domingo, 10 Noviembre 2019
Domingo, 10 Noviembre 2019 23:25

Documentos internacionales contra la tortura

Existe reconocido un derecho humano a no ser objeto de torturas, que se consagra en diversos documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prohíben expresamente la tortura. Los instrumentos regionales que establecen el derecho a no ser sometido a tortura son la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

En la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, se define como tortura “todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”

Se conoce como Protocolo de Estambul al Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este documento prevé principios e instrucciones sobre la manera en que las autoridades han de actuar en los casos de posible tortura.

También el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998, prevé que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los casos de presunta tortura, cuando se trata de actos cometidos en gran escala y de modo sistemático como parte del delito de genocidio o como crimen de lesa humanidad, o como crimen de guerra con arreglo a los Convenios de Ginebra de 1949. En el Estatuto de Roma se define la tortura como el hecho de causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control.

En el ámbito interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.2, establece que: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tortura, según la definición establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se presenta cuando el maltrato cumple con tres requisitos: es intencional, causa severos sufrimientos físicos o mentales y se comete con determinado fin o propósito. En la sentencia del Caso Rosendo Cantú y otra vs México, se establece que respecto a las mujeres víctimas, la violencia sexual es un método claro de tortura en tanto causa sufrimiento grave, independientemente de que se realice como un hecho único o de que ocurra fuera de instalaciones estatales. n

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Domingo, 10 Noviembre 2019 23:23

Sin aparecer, los 20 millones

Ayer resurgió en Taxco el tema del museo de la platería y del Centro de Convenciones, a cuya creación y remodelación se destinaron en 2014, en forma respectiva, un total de 20 millones de pesos –10 y 10–, sin que se llevaran a cabo las obras y sin que apareciera el dinero.

En su momento, la Auditoría Superior de la Federación auditó los recursos y, al no realizarse los trabajos y, en consecuencia, no justificarse el uso del dinero, hizo las observaciones pertinentes, sin que se les diera seguimiento, ni se informara en qué paró el caso.

Ayer, en reunión con prestadores de servicios turísticos a la que asistió el titular de la Secretaría de Turismo del estado, Ernesto Rodríguez Escalona, el alcalde Marcos Efrén Parra Gómez le pidió practicar una auditoría a los recursos.

El edil picó chueco. Por un lado, el funcionario estatal no se encarga de auditar recursos; por otro, ya en su oportunidad, cuando turisteros taxqueños le exigieron explicaciones al respecto, el secretario se justificó diciendo que el asunto ya no era de su competencia porque había pasado a manos de las autoridades correspondientes.

Para Rodríguez Escalona, la desaparición del dinero era tema superado, no obstante que en 2015 fue él mismo quien denunció en reunión con turisteros que hubo tres proyectos que tenían observaciones, entre ellos el del Museo de la Plata de Taxco, el cual el gobierno de Rogelio Ortega Martínez había declarado como obra inexistente, a pesar de haber sido reportada como 100 por ciento terminada.

Esta vez, el responsable del área turística del gobierno estatal escuchó al alcalde, pero rehusó responderle.

Los proyectos del museo y del centro de convenciones debieron ejecutarse en 2014, siendo gobernador Rogelio Ortega Martínez, y titular de la Sectur Rodríguez Escalona.

Después de hechas las observaciones de la ASF, nadie quiso hablar ya.

Peor aun, en el gobierno de Enrique Peña Nieto le rasuraron tales observaciones, mismas que, de acuerdo con los datos del Libro Blanco del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, de donde provenían los recursos para la obra, los señalamientos están “sin salvedades y con cero recomendaciones”.

Total: no hay observaciones, siguen sin aparecer los 20 millones asignados y tampoco las obras, mismas que, según palabras del munícipe, servirían para atrer más turistas.

El balón se encuentra en la cancha del gobierno federal, donde supuestamente la 4T no admite corruptelas. n

Publicado en Editorial

Durante las últimas tres semanas la Secretaría de Marina (Semar) localizó y destruyó 23 plantíos de amapola y siete de mariguana, que estaban ubicados en la sierra de Guerrero.

La Octava Región Naval, con sede en Acapulco, desplegó en diversos operativos a personal de la Infantería de Marina, en donde se erradicaron más de dos millones 468 mil plantas de amapola y mariguana.

La Semar estimó que la superficie que ocupaban los plantíos destruidos es de aproximadamente 228 mil 900 metros cuadrados.

La dependencia afirmó que estas acciones se apegaron al Protocolo de Actuación del Personal Naval, en estricto respeto de los derechos humanos. No hubo detenidos.

Publicado en Sociedad y Justicia

Chilpancingo, Gro. Indígenas del municipio de Acatepec, en la Montaña Alta de Guerrero, dieron a conocer que tardan de tres a 4 días en cobrar el dinero de los apoyos correspondientes a los diversos programas federales, debido a que son insuficientes los cajeros y por lo general están descompuestos.

“Hacemos colas de hasta mil personas cada día y los que no alcanzamos a cobrar nos tenemos que quedar a dormir y volverlo a intentar al otro día”, dijo vía telefónica uno de los usuarios, quien prefirió no dar su nombre.

Manifestó que “en Acatepec funcionan cajeros Banamex, Bancomer y el Telégrafo. La gente viene desde sus comunidades, incluso de algunas del vecino municipio de Atlixtac a retirar lo de sus pagos de los programas sociales, tanto para los adultos mayores, como las becas a los estudiantes, pero los cajeros no sirven o están descompuestos o en el peor de los caos, fuera de servicio”.

Reiteró que desde hace varias semanas los beneficiarios no han podido retirar su dinero “y así es casi diario; por ejemplo, Telecom, solo atiende a un número de beneficiarios de los programas no mayor a 200 por día. Pero lo que no se ha tomado en cuenta es que con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el número de beneficiarios de campesinos, amas de casa y estudiantes se incrementó considerablemente”.

El problema se complica todavía más “porque la gente no tiene como trasladarse a Chilpancingo, Chilapa o Tlapa, para retirar su dinero directamente en los bancos, porque aquí en Acatepec, sólo se instalaron cajeros, no hay bancos y son miles los usuarios”.

“Tan sólo para ir a Tlapa nos gastamos de 500 a 600 pesos por persona, sólo de pasaje y alimentación, y para ir a Chilapa son 800 pesos y mil pesos hasta Chilpancingo, por eso las personas prefieren esperar a que se arreglen o desocupen los cajeros para cobrar sus apoyos”, puntualizó.

A nombre de los indígenas afectados, el denunciante pidió al presidente López Obrador y al gobernador Héctor Astudillo Flores “que nos instalen cajeros, al menos en las comunidades más grandes, para que nuestros hermanos no se tengan que trasladar hasta Actepec y tengan que dormir a la intemperie, hasta en eso nos discriminan”, dijo.

Publicado en Sociedad y Justicia

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