La Jornada Guerrero - Martes, 12 Noviembre 2019

Responsabiliza Chávez Hernández a la SSP del estado por lo que pueda sucederle


Zihuatanejo, 12 de noviembre. La consejera nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Bernarda Leovigilda Chávez Hernández, se deslindó del desplegado en medios de comunicación que firma el presidente de México Andrés Manuel López Obrador donde la ligan al grupo de crimen organizado Guardia Guerrerense como promotora de los hechos violentos ocurridos en Petatlán.

Ayer el gobierno federal publicó en medios nacionales y estatales un comunicado donde detalla los bloqueos y quema de vehículos en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo ocurridos el 1º y 8 de noviembre.

Señala: “El 1º de noviembre habitantes de las comunidades de El Patacual, La Tigra, El Anonal, La Ciénega, Los Llanos, La Piedra de Veliano y San Jeronimito, encabezados por Leovigilda Chávez Hernández, efectuaron una marcha y bloquearon la carretera federal 200 Acapulco-Zihuatanejo, por Palos Blancos, para exigir la salida de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional de su municipio”.

Consultada en Zihuatanejo sobre el señalamiento, expresó: “me deslindo de manera negativa y abierta. Temo por mi integridad y hago responsable a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobernador de Guerrero porque no se vale, es algo grotesco “.

Relató que por ser Secretaria de Derechos Humanos por Morena acudió el primero de noviembre a la comunidad de San Jeronimito porque familias la buscaron en repetidas ocasiones ya que la Seguridad Estatal -Policía Estatal- estaba haciendo cosas indebidas; “me trajeron niños golpeados, gente golpeada; una persona enferma de la columna con muchos golpes y asistí a dar un comunicado en favor de esas familias, pero fue para hacer un llamado al gobernador para que provea la paz, no quiere decir que estoy relacionada con grupos delincuenciales; hay que ser respetuosos”.

El señalamiento lo atribuye a “cuestiones políticas mal encaminadas” porque hay mucha gente que viene de otros partidos y quiere afectar a Morena, “voy a luchar por las injusticias como lo he hecho por 13 años junto a Andrés Manuel López Obrador”.

Chávez abundó que de manera reciente integrantes de Morena han sido víctimas de injusticias. A un compañero le echaron preso a su hijo por un año, a otro compañero su hijo murió por balazos; “no puede seguir así el gobierno debe poner un alto”.

Sobre si está dispuesta a que se realicen investigaciones para desvincularse de la Guardia Guerrerense sentenció: “No quisiera pisar una institución porque así los agarran y los meten a la cárcel, tengo la prueba en video de que fue un llamado sano y congruente dentro de la situación política y social que estamos viviendo”.

La fundadora de Morena en Zihuatanejo también llamó al delegado del gobierno federal en Guerrero, para que con el gobernador se dediquen a solucionar el problema.

Al final reiteró al gobernador Héctor Astudillo Flores que tenemos serios problemas de seguridad en la Costa Grande, “que nos provea de esa paz y seguridad que prometió”.

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Los medios impresos luchan contra la peligrosa tendencia a desaparecer, dice el periodista en la Semana de la Comunicación, Educación y Cultura de la UAGro


Actualmente el periodismo de Guerrero enfrenta el problema de la crisis económica y la inseguridad, así como la desaparición de los medios tradicionales, señaló el periodista y escritor Roberto Ramírez Bravo, durante su participación en la Semana de la Comunicación, Educación y Cultura, efectuada en el contexto del 39 aniversario de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), y noveno aniversario de la Escuela Superior de Sociología.

Ramírez Bravo consideró que puede haber redes sociales, medios de comunicación, pero sin periodistas no hay noticia.

Enfatizó que “es válido indicar que sin periodismo no hay democracia, pues se requiere información para tomar decisiones. Es el periodista quien cumple la función de generar esa información”.

Sin embargo, advirtió que el país atraviesa una situación inédita con la crisis heredada de gobiernos anteriores, y con la llegada al poder de la Izquierda mexicana, ante lo cual, periodistas no escapan a este contexto.

Ramírez Bravo señaló que los periodistas son vulnerables no sólo en el empleo, sino en cuestiones de seguridad, sobre todo a partir del sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando inició la llamada guerra contra el narcotráfico.

El periodista y reportero con experiencia de más de 36 años en diferentes medios periodísticos, reflexionó que se ha generado un círculo vicioso difícil de romper. Advirtió que “el periodismo se ve amenazado, es difícil conseguir reporteros, son mal pagados, además del tema de la seguridad, en una actividad que de por sí existen riesgos naturales, aunado al contexto, un escenario de desempleo”.

Ramírez Bravo recordó que el estado de Guerrero es de los más pobres, inseguros y atrasados socialmente.

Ante esta coyuntura, hay medios que han cerrado sus puertas, otros están a punto de hacerlo; y muchos de ellos recurren a figuras legales para no pagar prestaciones.

Subrayó que “el tema económico es el más visible, si no hay economía no se puede generar periodismo con independencia”, lo cual, aseveró, contrasta con la visión romántica del periodismo. Mencionó que “los medios impresos enfrentan la peligrosa tendencia a desaparecer, los lectores han dejado de adquirir ejemplares, la publicidad ha caído”.

Pero crisis es oportunidad, puntualizó Ramírez Bravo, quien alertó que la tecnología ha cambiado panorama, pues las noticias ahora se buscan en redes sociales.

Resaltó que el Internet se ha convertido en un nicho, y destacó nuevos emprendimientos que en los últimos cinco años han proliferado, como el caso de Amapola, La Plaza, la Revista Trinchera, ADN Cultura y Códice 21, y algunos son ejemplo de proyectos de periodistas desterrados de grandes empresas.

Manifestó que “se trata de pequeñas empresas, muchas veces individuales, no tienen pérdidas porque en realidad no tienen nada. No tienen limitantes de los medios grandes, no tienen que pagar impresión de periódico, son plantillas pequeñas. Pueden utilizar texto, videos, audios, infografías, encuestas, sin elevar costos. No tienen carga pesada”.

Insistió que “la prensa en Guerrero enfrenta un momento muy importante, la crisis de grandes empresas, pero ante la oportunidad que representa lo virtual”. 

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Queman un auto y llantas en la vía federal para impedir el paso

Cierran escuelas y negocios; civiles armados intentaron retener a periodistas para presionar al gobierno


Una vez más, la comunidad de Xaltianguis, ubicada a 50 kilómetros de Acapulco, vivió momentos de tensión y zozobra, luego de la detención de elementos del Sistema de Seguridad de Xaltianguis (SSX), conocidos también como los Dumbos, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, lo que ocasionó que un grupo de pobladores bloqueara totalmente la vialidad, alrededor de las 12 del día, durante aproximadamente tres horas.

Habitantes del poblado y seguidores de los Dumbos, quemaron un vehículo tipo Tsuru color blanco sobre la carretera federal Acapulco-México, además de quemar llantas.

Las actividades en planteles escolares del nivel básico y bachillerato de Xaltianguis, así como poblados aledaños, permanecen sin actividades, al igual que negocios, que cerraron por segundo día consecutivo.

Un grupo de reporteros y fotoperiodistas que daba cobertura al nuevo bloqueo de la carretera federal Acapulco-México, a la altura de Xaltianguis, en la zona rural del municipio de Acapulco, permaneció retenido durante aproximadamente 40 minutos la mañana de este martes, en el filtro que mantienen en la entrada a la comunidad civiles armados y pobladores, relataron a su regreso comunicadores.

Pobladores y elementos del SSX, que mantienen el control de la vigilancia en esta zona del estado de Guerrero, amenazaron con amarrar al menos a cinco periodistas, a cambio de que la  SSP estatal libere a elementos de su agrupación detenidos en las últimas horas.

Reporteros explicaron que cuando escucharon que serían amarrados, decidieron escapar del sitio, por lo que se escabulleron hacia sus vehículos y salieron del lugar.

Señalaron que durante varios minutos, pobladores y elementos del SSX les impidieron retirarse.

Al lugar arribaron posteriormente elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal, para realizar labores de vigilancia y resguardo.

Por medio de un comunicado, el gobierno municipal condenó los hechos.

Señaló que “no es con violencia que se resolverán los problemas, luego de que un grupo armado mantiene bloqueos en el poblado de Xaltianguis”.

Agrega que “pedimos respetar la libertad de los ciudadanos, principalmente de quienes habitan esa localidad. Reiteramos que seguiremos coordinándonos con las fuerzas estatales y federales responsables de mantener el orden y la tranquilidad en el municipio”. 

La SSP estatal informó que tras los hechos ocurridos en la comunidad de Xaltianguis, a lo largo del lunes 11 de noviembre, en que se suscitaron diversos enfrentamientos entre civiles armados pertenecientes a dos grupos de policías ciudadanas, fueron detenidas 19 personas (primeramente se informó que habían sido 10).

Dichos hechos ocasionaron el lunes incendio de vehículos, bloqueos carreteros y cierre de escuelas (escenario que se repitió el martes).

La dependencia reportó que no se han localizado personas privadas de la vida ni lesionadas.

Resultado del operativo conjunto en el que participan elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Investigadora Ministerial y Policía Municipal, fueron aseguradas 19 personas, 10 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y nueve del SSX, así como armas de fuego de diversos calibres de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y siete vehículos.

Las personas aseguradas, armas y vehículos serán puestos a disposición de las dependencias correspondientes como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

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Fue citado por el señalamiento del desvío de 170 mdp en Capama en su gobierno

Pide repartir observaciones entre integrantes del Consejo de Administración de la paramunicipal


Tras ser citado por segunda ocasión a responder por el señalamiento del desvío de 170 millones de pesos en la Capama durante su gobierno, el ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, entregó por escrito su comparecencia al Órgano de Control Interno Municipal (OCIM), y pidió que las observaciones se repartan también entre quienes fueron integrantes del Consejo de Administración de la paramunicipal.

La imputación se derivó de las irregularidades detectadas por la auditoría local, que abarcó del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018.

Velázquez Aguirre, el ex director general y la ex directora de Egresos de la Capama, fueron emplazados por primera vez el pasado 22 de octubre, pero ninguno atestiguó.

Este martes, poco antes de las 12 del día, el ex edil perredista arribó en un vehículo austero a las oficinas del OCIM con su abogado, portando en mano el expediente de contestación que entregó en la oficialía de partes de la dependencia donde aseguró que “todo lo requerido lo argumento aquí, como me corresponde, y puntualizo que la alcaldesa Adela Román echa a andar a su Contraloría para que me metan al proceso de investigación, cuando no me permitieron desde el inicio presentar las pruebas pertinentes”.

Calificó de naturales y normales estos procesos que llevan a cabo todos los gobiernos, pero que al hacerlos públicos se transgredieron sus derechos volviéndolo un show mediático, “quieren seguir dañando la imagen del político, señalan una serie de observaciones de cuentas bancarias, de temas de pago a proveedores, de laudos, cuando los que fuimos parte del Consejo no firmábamos cheques, garantizábamos el servicio a los ciudadanos”.

Cuestionó por qué no se está culpando a los titulares de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) y de la Comisión Nacional del Agua (CNA), además de los consejeros ciudadanos, igual que a él.

Dijo que la actual administración quiere seguir con la cantaleta de que el culpable fue el de atrás, “hay ex funcionarios, ex alcaldes y ex gobernadores que desde 2002 a la fecha tienen un montón de millones de pesos todavía sin poder comprobar, y son observados, el pasado, el antepasado y el antepasado están en ese tema, lo más importante es que estoy dando la cara”.

Antes de retirarse, Evodio Velázquez explicó que dio un poder notarial a su abogado, Jaime Castillo, para que atendiera la audiencia personalmente con el contralor, Francisco Torres Valdez, pero que este documento fue rechazado para obligarlo a subir a sentarse en la silla de los acusados.

Torres Valdez anunció que esta misma semana nueve ex funcionarios más de la administración pasada fueron citados a comparecer por presuntas anomalías en agravio del erario público, quienes están en su derecho de presentarse o no, pero que el proceso sigue su curso y consecuencias legales.

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