La Jornada Guerrero - Domingo, 24 Noviembre 2019
Domingo, 24 Noviembre 2019 23:43

Debido proceso internacional

En el sistema constitucional mexicano, la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, según la cual a nadie se podrá privar de sus bienes de mayor valía sin previo procedimiento con formalidades esenciales, se ha entendido como la consagración nacional del núcleo del derecho al debido proceso. A partir de esta previsión constitucional, la dogmática constitucional contemporánea ha extendido el alcance de ese derecho, en atención particularmente a los tratados internacionales.

En el ámbito de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el debido proceso se identifica con el contenido del artículo 8, que prevé el catálogo de garantías judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido de manera general al debido proceso legal como “las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”.

De este modo, puede considerarse que cada uno de los derechos del imputado es parte del marco amplio del debido proceso, una de esas condiciones que se reclaman para que el enjuiciamiento sea justo. La violación de alguna de las prerrogativas concretas redundará en el incumplimiento de dicho debido proceso. Asimismo, en el marco del sistema acusatorio, el respeto al debido proceso reclamará también el cumplimiento de los principios generales del proceso, enlistados en el apartado A del artículo 20 constitucional, así como los derechos del imputado igualmente estipulados en ese numeral en su apartado B.

Por lo que hace al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este señala en el artículo 14.1 el concepto de “debido proceso” o “garantía de audiencia” para el ámbito del Pacto, al establecerse el derecho a ser oído con todas las garantías, tanto en juicios civiles como penales. Para este dispositivo, es fundamental que el proceso se dé ante un tribunal competente, independiente e imparcial, garantías que en el orden constitucional mexicano se disponen en el artículo 17, en el marco del derecho de acceso a la justicia.

Recientemente se publicó una tesis jurisprudencial de tribunal colegiado (Tesis: XIX.1o. J/5 (10a.)), que distingue entre un debido proceso nacional y uno internacional. Según este criterio, con número de registro 2021096 en su rubro, debe acudirse al debido proceso internacional si en el ámbito nacional no se ha desarrollado ampliamente lo necesario para el análisis de graves violaciones a los derechos humanos.

En el texto se reseña que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala, estableció que en una sociedad democrática debe conocerse la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos, y los Estados tienen la obligación tanto de investigar como de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas. Según esto, la obligación de investigar no puede ser ejecutada de cualquier manera, sino que debe hacerse de acuerdo con los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales, sin que pueda desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. En este orden de ideas, de acuerdo con el tribunal colegiado, si un tribunal de amparo advierte hechos que involucran graves violaciones de derechos humanos, y en el derecho nacional el tema específico aún no ha sido desarrollado ampliamente, debe buscar la solución justa del caso en el debido proceso internacional, integrado por las normas y jurisprudencia internacionales. n

Publicado en Artículo
Domingo, 24 Noviembre 2019 23:41

Se volatizaron 188.6 millones de Capama

Se diluyó la auditoría que respecto a 2016 aplicó la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco.

Manipulada desde un principio, el proceso concluyó en la nada. Cero recuperación de dinero sustraído.

¿En qué consistió la manipulación?

El 3 de octubre de 2017, la ASE detectó presuntos daños patrimoniales por desvíos de recursos por 194 millones 577 mil 346.98 pesos.

El 21 de febrero de 2018, dio a conocer el pliego resolutivo de la fiscalización, en el que hace constar que sólo se comprobaron 5 millones 972 mil, debiendo resarcirse 188 millones 605 mil 346 pesos y 98 centavos.

Más tarde, el 24 de mayo de 2019, la ASE dio a conocer que la no comprobación abarcó 138 millones de pesos, es decir 50 millones 605 mil 346 pesos menos que la cantidad mencionada en el pliego resolutivo.

¿Por qué redujo la cifra del faltante sin procedimiento alguno de por medio?

Otro dato: inicialmente dio a conocer que, siguiendo el pliego resolutivo, se inició el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra los cuatro funcionarios involucrados: el entonces director general, Javier Chona Gutiérrez; el de Finanzas y Administración, Guillermo Adolfo Galeana Salas; la de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos, y el de Operación, Juan Antonio Ramírez Valle.

Después dijo que este procedimiento les había sido notificado de manera personal a los tres presuntos responsables: Javier Chona Gutiérrez, Guillermo Adolfo Galeana Salas y Juan Antonio Ramírez Valle.

Inexplicablemente, excluyó de la lista a la ex directora de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos. ¿No es manipulación?

Por otra parte, la ASE había aseverado que ya se habían presentado 23 demandas penales; y que ya habían comparecido los tres ex funcionarios –ya no eran cuatro– ante la ASE y que no pudieron comprobar el faltante.

Calculó que, si no hay contratiempo, a finales de abril o a principios de mayo de 2019  estaría emitiendo su resolución con base en estos casi 140 millones de pesos señalados.

¿Otra resolución? ¿La emitida en 2018 no era la definitiva? ¿De cuántos pliegos resolutivos consta una auditoría?

El 9 de julio pasado, la ASE informó que los involucrados no cumplieron el pago establecido en la resolución, por lo que ya dio vista a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado para que proceda de acuerdo con lo que la ley establece.

Casi cinco meses han transcurrido, y nada ha ocurrido ni en Finanzas ni respecto a las 23 demandas penales.

Todo se volcó al vacío.

Es decir que los casi 189 millones se volatizaron, en tanto en Capama hacen ya malabares para cumplir el pago de aguinaldos en puerta. n

Publicado en Editorial

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