La Jornada Guerrero - Lunes, 25 Noviembre 2019

Comparece Arturo Salgado en el Congreso por el cuarto informe de Astudillo

Reclama la diputada de Morena, Norma Otilia Hernández, que el funcionario no respondió a preguntas


Chilpancingo, 25 de noviembre. En cuatro años, el gobierno de Guerrero ha incorporado al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) a más de 8 mil maestros, informó el secretario de Educación en Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso.

En su exposición, Salgado Urióstegui informó que en 2015, la Secretaría a su cargo recibió un total de 13 mil 217 trabajadores no incorporados al Fone, lo que ha ido disminuyendo en el transcurso de estos cuatro años; para 2016, bajó el número a 7 mil 741; en 2017 disminuyó a 7 mil 665, para el 2018 el número bajó a 6 mil 602; para enero de este año los maestros No Fone era de 5 mil 743, cifra que disminuyó para septiembre a 4 mil 761.

Destacó que de 4 mil 761, 4 mil 706, es personal administrativo de Educación Básica; Personal administrativo en Educación Superior son un total de 30; en docentes de nivel Básica, se tiene un pendiente de 23 y dos en Educación Media Superior. Informó que el total de recursos destinados para el pago de estos trabajadores No Fone asciende a 779.5 millones de pesos.

El secretario fue cuestionado sobre diversos temas, entre ellos, la situación en cómo ha afectado la violencia en las escuelas de algunos municipios como Acapulco, Chilapa, Zumpango y Zirándaro, y aquellos niños que han dejado sus estudios por tener que huir de sus comunidades ante los enfrentamientos por grupos armados.

En ese sentido Salgado Urióstegui respondió que la dependencia a su cargo no los dan de baja a estos niños, al contrario, les garantizan la educación a través de la contratación de maestros especiales, que son contratados para jornadas por semana o por meses, dependiendo del tiempo que estén fuera de sus comunidades.

Explicó que  en el caso del municipio de San Miguel Totolapan, en el que comunidades enteras quedaron totalmente deshabitadas pero que ahora ya están de regreso, las escuelas se reabren y en este caso, informó, fueron aperturadas más de 45 escuelas.

De igual forma, el funcionario estatal fue cuestionado sobre los principales conflictos de los diversos planteles educativos como la Raymundo Abarca, Héroes de Guerrero, la telesecundaria Zapata, el Cendi número 4, la secundaria de Cuajinicuilapa, entre otras escuelas, pues consideró preocupante que por estos conflictos, se pierdan horas clase.

En respuesta, Salgado Urióstegui dijo que cuando llegó a la dependencia estatal, había más de 65 conflictos complicados y en los que el problema fue la división entre los maestros e injerencia de padres de familia. De hecho comentó el caso de la Secundaria de Cuajinicuilapa, en el que un padre de familia se colocó en la puerta de la escuela con un garrote e impedía la entrada de los maestros; “se actuó, demandamos a este padre de familia y llegamos a un arreglo”.

En el caso de la Raymundo Abarca, de Chilpancingo, dijo es un tema complicado, pues tras una auditoría administrativa, se detectaron diversas irregularidades como la permanente inasistencia de los maestros, sin que éstas fueran reportadas por el director para la aplicación de los descuentos; además de que maestros reprobaban a los alumnos en dos materias, para que posteriormente, se los llevaran a sus casas y les cobraban 100 pesos.

“La Secretaría determinó que los dos directivos tenían que salir y lo hicimos; salió el director y está por próximo a salir el subdirector, aunque tenemos un amparo de él”.

La diputada local por Morena, Norma Otilia Hernández Martínez criticó que el secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, no haya respondido a las preguntas planteadas,  “no nos deja satisfechos”, por ello pidió que envíe un informe integral de la secretaría a su cargo, en el que informe sobre el de control de plazas, el monto de las rentas por oficinas alternas.

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La ineficacia e ineficiencia sólo han generado más impunidad, reclaman

Culpan al Estado mexicano de los feminicidios por no garantizar la prevención ni la seguridad


Atoyac, 25 de noviembre. Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, miembros del Colectivo de Mujeres Atoyaquenses exigieron a los tres órdenes de gobierno que mejoren la impartición de justicia, pues aseguraron que por ser ineficaz e ineficiente sólo ha generado más impunidad.

Asimismo, demandaron justicia en los casos de los asesinatos de la luchadora social Rocío Mesino Mesino y la doctora Adela Rivas Obé; aseguraron que en Guerrero y el país continúan los asesinatos por odio y violencia contra las mujeres.

En conferencia de prensa, en la que participaron Norma Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS); Juani Guzmán Reúna, subdirectora de la Preparatoria 22 de Atoyac; Yeni Mesino Mesino, líder de Campesinitas del Sur, y el regidor Fredy Fuentes Nájera, las activistas fijaron su postura y afirmaron que en el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, siguen los asesinatos y desaparición de mujeres en varios estados de la República.

En el acto, Guzmán Reúna leyó un comunicado en el que las activistas responsabilizaron al Estado mexicano de los feminicidios ocurridos hasta hoy, por no garantizar la prevención, ni la seguridad para las compañeras que fueron y han sido víctimas de los crímenes de odio, además de que afirmó que la impartición de justicia es ineficaz e ineficiente y sólo ha generado más impunidad.

En el escrito, sugirieron la creación de una propuesta integral que fomente la igualdad y las mismas oportunidades para todos y todas, por las autoridades.

Que se incluya educación de género dentro y fuera de las escuelas de todos los niveles, con el fin de que las mujeres jóvenes estudiantes tengan un futuro igualitario y con mejores condiciones de vida

Pidieron además que se busque trastocar las raíces mismas del machismo ancestral, que se presenta como algo natural de manera visible e invisible en los hogares y fuera de ellos, así como denunciar la micro y macro violencia cotidiana con campañas permanentes que cambien la conciencia de la gente.

Pidieron también que se brinde el apoyo integral, pronto y expedito, para las víctimas de crímenes por condición de género y que el estado utilice todos los recursos a su alcance para revertir en las redes sociales y fuera de ellas la propaganda que busca legitimar la violencia contra todas las mujeres.

“Como organización vamos a seguir defendiendo los derechos de las mujeres, ya que vemos que el sistema de impartición de justicia no da seguimiento a los feminicidios, a tal grado de que los casos han quedado en la impunidad”, manifestó Mesino.

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Chilpancingo, Gro. Miembros de diversas organizaciones sociales, realizaron un mitín político en el anti monumento de los 43 en Chilpancingo, para conmemorar los 62 meses de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Ahí levantaron un árbol de navidad con los rostros de los jóvenes normalistas.

Señalaron que, como lo han hecho con los padres y madres de los 43, todas estas organizaciones, CETEG, APPG, STAUAG, SUTCOBACH y otras, apoyarán la lucha para exigir justicia de los familiares de Arnulfo Cerón Soriano, para que su asesinato no quede impune.

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El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero (SSPGro), David Portillo Menchaca, acompañado por un representante de la delegación Guerrero de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que "la situación" en el municipio de Zirándaro se está atendiendo.

Señalo que en el gobierno estatal "no hemos negado nada, simplemente que no tenemos la evidencia ni gráfica, ni documentada", haciendo referencia a lo que denuncia el alcalde.

Dijo que, junto al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, viajará hacia ese municipio, con la finalidad de "verificar las cantidades y los hechos que sigue refiriendo el alcalde".

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