La Jornada Guerrero - Martes, 26 Noviembre 2019

El operativo tuvo apoyo de diversas dependencias e instancias federales y estatales

En dos días hallaron restos de cuatro osamentas, partes de un brazo, una mandíbula y costillas, indican


Miembros del colectivo Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el estado de Guerrero y el País, concluyeron sus actividades de búsqueda en Acapulco, en específico en la parte alta de la colonia Alta Cuauhtémoc, donde este martes encontraron una mandíbula y restos de unas costillas humanas.

Al sitio de entierro se accede luego de ascender una brecha caminando entre la maleza alrededor de 400 metros, y posteriormente caminar unos 150 metros, atrás de unos tanques de almacenamiento de agua de la Comisión de Agua Potable de Acapulco.

En este punto, los activistas encontraron en dos días, siete fosas clandestinas, en las cuales localizaron dos cuerpos completos, y en el resto fueron localizados restos de cuatro osamentas, un cráneo, partes de un brazo y pies.

Hace una semana, habían localizado los restos de ocho cuerpos en fosas en La Sabana, y un niño vivo.

María Guadalupe Rodríguez Narciso, representante del colectivo, detalló que este se trató del segundo operativo de búsqueda de familiares, realizado en el puerto del 19 al 27 de noviembre.

Señaló que “todos son seres humanos, si encontramos un cráneo, los contamos como seres humanos”.

Rodríguez Narciso enfatizó que “no vamos a dejar de buscar a nuestros familiares, somos las familias las que obligamos al gobierno a realizar los operativos de búsqueda, durante muchos años fuimos abandonados”.

Expresó que “las familias del colectivos somos quienes buscamos los puntos, somos quienes rastreamos, tenemos un cuerpo de personas rastreadoras, buscadoras, excavadoras, que nos han apoyado”.

Indicó que el operativo se hizo con la ayuda de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, con el apoyo de Servicios Periciales, Policía Ministerial federal, y la Secretaría de Marina, que realizó labores de resguardo en la zona de excavaciones, además de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Rodríguez Narciso adelantó que la búsqueda de cuerpos enterrados en cementerios clandestinos continuará por parte de familiares de víctimas.

Advirtió que la Comisión Nacional de Búsqueda no los ha apoyado como se esperaba, pues los primeros dos días, la camioneta que envió no tenía gasolina, por lo que solamente trabajó cinco de siete días que tenían previstos.

El colectivo se integra con familiares de víctimas del estado de Guerrero y todo el país.

Publicado en Sociedad y Justicia

Desde mayo pasado abandonaron el poblado por la inseguridad y violencia

Las autoridades dejaron crecer el problema, dicen; los acompañan Ejército, Marina, policías y CEDH

Algunos habitantes abandonaron el estado de Guerrero; son maestros, taxistas, comerciantes


Alrededor de 35 personas desplazadas por la violencia, entre ellas ocho menores de edad, emprendieron la mañana de este martes, un primer intento de regresar a la comunidad de Xaltianguis, en la zona rural del municipio de Acapulco, al menos para hacer un recuento de los daños en sus viviendas, tras los hechos de violencia registrados en los últimos seis meses.

El grupo de personas se reunió desde las 8 de la mañana en la comunidad de Los Órganos, desde donde fueron escoltados hasta Xaltianguis por elementos de la policía municipal y federal, a través de la carretera federal Acapulco-México.

También fueron acompañados por personal de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.

Representantes de las familias desplazadas explicaron que el pasado 7 de mayo, después de la incursión violenta de civiles armados bajo las siglas del Sistema de Seguridad de Xaltianguis (SSX), más de 250 personas adultas y más de 100 niños salieron casi de forma inmediata, pero son aproximadamente mil personas las que tuvieron que salir de Xaltianguis en los siguientes seis meses, por temor a amenazas de muerte, secuestro y extorsión por parte del SSX.

Uno de los portavoces de los desplazados advirtió que “nuestros hogares están saqueados, queremos llegar ahí”, y subrayó que el objetivo de viajar a Xaltianguis es demostrar el estado en que se encuentran sus propiedades, aunque por la inseguridad, es imposible que de momento, regresen a sus hogares.

Reprochó que evidencias del saqueo de sus viviendas, y de otros hechos de violencia que han afectado a pobladores de Xaltianguis, han sido notificados a los gobiernos municipal y estatal, quienes dejaron crecer el problema y cayeron en omisión.

Los desplazados alertaron que continúan las amenazas en su contra a través de redes sociales.

“Solo somos unas pocas personas desplazadas las que nos reunimos para regresar, la mayor parte se encuentra fuera del estado y otros del país, existe un gran temor de llegar a nuestra comunidad, nos hemos acercado a los gobiernos municipal y estatal desde el momento en que fuimos desplazados, y nos aplazaron las audiencias”, explicó uno de los portavoces de las familias desplazadas.

Mientras los desplazados esperaban el momento de salir de Los Órganos a Xaltianguis, alrededor de las 10 de la mañana, descubrieron la presencia de un hombre al que identificaron como agente del SSX, quien fue detenido por policías estatales, cuando el sujeto se encontraba en una tienda de conveniencia.

La caravana arribó a Xaltianguis alrededor de las 11 de la mañana, donde fueron protegidos por elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y policía estatal, quienes mantienen presencia en la comunidad de Xaltianguis desde el pasado 13 de noviembre, luego de que elementos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), intentaron rescatar a dos de sus integrantes, quienes habían sido retenidos por el SSX.

En Xaltianguis, los desplazados regresaron y revisaron sus viviendas por vez primera desde el pasado 7 y 8 de mayo.

Este martes fueron visitadas alrededor de 10 casas, todas saqueadas, una de ellas quemada, con olor a humedad, y abandonadas.

Robos y destrozos en viviendas

Viviendas saqueadas, olor a humedad, una de ellas quemada, pertenencias robadas, objetos tirados en el piso, vidrios rotos, recuerdos destrozados, así fue el regreso de un grupo aproximado de 35 personas desplazadas por la violencia a la comunidad de Xaltianguis, municipio de Acapulco, ocurrida en los últimos seis meses.

Decenas de familias abandonaron el poblado desde el pasado 7 de mayo, cuando civiles armados irrumpieron en la localidad, y tras un enfrentamiento a balazos que ocasionó al menos dos muertos y cuatro heridos, arrebataron el control de la vigilancia a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), para conformar el Sistema de Seguridad de Xaltianguis (SSX).

Para lograr ingresar de nuevo a sus viviendas, tuvieron que ser acompañados por un convoy del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, policía estatal, policía municipal policía ministerial, quienes mantienen vigilancia en Xaltianguis desde el pasado 13 de noviembre, luego de suscitarse nuevos enfrentamientos entre el SSX y la Upoeg.

A su retorno, encontraron objetos en desorden, muebles sucios, casas en abandono.

Algunas mujeres, entre lágrimas, constataron la destrucción de todas sus pertenencias.

“Miren como dejaron mi casa, ustedes creen que vamos a regresar aquí, nos destruyeron el patrimonio de 30 años de trabajo”, expresó una mujer en llanto al visitar su vivienda, prácticamente en hollines.

En otra zona del poblado, la familia de un taxista y comerciante tuvo que abandonar su domicilio desde el 8 de mayo pasado.

La mitad de sus pertenencias fueron robadas; libros, trastes, ropa, fueron esparcidos en el piso.

A su regreso, encontró el suelo de la vivienda repleto de utensilios empolvados, en total abandono. La maleza crece alrededor de la casa.

Toda su familia tuvo que abandonar Xaltianguis y el patrimonio reunido durante más de 30 años por el temor a la presencia de hombres armados.

“Muchas familias decidieron salir del estado de Guerrero y el país, luego del enfrentamiento suscitado el 7 de mayo”, explica uno de los representantes de los afectados.

Muchos de los desplazados, entre quienes se encuentran 17 maestros, son comerciantes, trabajadores, taxistas, o propietarios de pequeños negocios.

Sin embargo, advirtieron que no hay condiciones para regresar a Xaltianguis, pues solo hay seguridad en las entradas y sobre la carretera, pero el poblado es muy grande, y hay localidades como San Miguel y Las Marías, donde se requiere avanzar sobre brechas, entre el monte, por lo que las familias no regresarán de momento.

Publicado en Sociedad y Justicia

El visitador de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Concepción Bedolla Vega, informó que integrará un acta circunstanciada del estado en que fueron encontradas las casas de las familias desplazadas de Xaltianguis.

En breve entrevista en la comunidad de Xaltianguis, Bedoya Vega explicó que “estamos solamente atendiendo la solicitud de los vecinos de Xaltianguis, que fueron desplazados”.

Enfatizó que “participo como observador de la Comisión de Derechos Humanos en este evento, nada más. Parece que van a verificar los daños, pero eso es competencia de la Fiscalía General del Estado, nosotros venimos como observadores en esta diligencia”.

Bedoya Vega informó que por el momento, las familias desplazadas no han interpuesto ninguna queja ante la CDHEG, y mencionó que únicamente realizará un acta circunstanciada.

Las familias afectadas se propusieron visitar entre 10 y 12 viviendas, las cuales tuvieron que abandonar tras los enfrentamientos del pasado 7 de mayo en Xaltianguis. En todas encontraron destrozos, saqueo, pertenencias desperdigadas en el piso.

Publicado en Política
Martes, 26 Noviembre 2019 23:55

Mujeres, prisioneras de la indefensión

La voz de las mujeres se estrelló contra una autoridad omisa, incapaz y cómplice.

La frustración, la indignación, el coraje por la pasividad en torno a la violencia de género, afloraron en las calles, en las plazas públicas, frente al Congreso local, repudiando la impunidad, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En Taxco, Guadalupe Albavera, representante legal de la organización Equidad y Autonomía en Movimiento AC, acusó que, en lo que va de este año, en el estado se han contabilizado 231 feminicidios.

En Atoyac, el Colectivo Atoyaquense exigió a los tres niveles de gobierno mejorar la impartición de justicia, pues “ineficaz e ineficiente” como es, “sólo ha propiciado mayor impunidad”.

Es verdad; de no ser así, que diga la autoridad cuántos homicidas han sido detenidos; cuántos procesados y cuántos de ellos se encuentran en prisión purgando su respectiva condena por agredir a mujeres.

Fracasa el gobierno desde las tareas de la prevención del delito; los ayuntamientos ni se preocupan por tener una policía municipal decorosa; algunos de plano le apuestan a la presencia de la Guardia Nacional.

El de Acapulco, el más importante y de más población del estado, no ha sido capaz de contar con una policía competente, confiable, certificada.

La síndica procuradora del ayuntamiento, Leticia Castro Ortiz, ha reconocido que una de las debilidades del municipio en materia de seguridad es la falta de policías.

Ilustra: en Acapulco debería haber al menos 3 mil policías, pero sólo hay 2 mil 100, de los cuales la mitad son administrativos.

Es decir que mil 50 protegen la ciudad, sin descontar a los que custodian a ediles, a funcionarios municipales y a familias de estos. Divididos en tres turnos, resulta que 353 resguardan a la población: ni siquiera un policía por colonia.

A nivel estatal, fue el diputado local Heriberto Huicochea Vázquez quien, en sesión plenaria de este 24 de octubre, plasmó de cuerpo entero el panorma de la presencia policiaca.

Citando como fuente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, apuntó que Guerrero, entre policías estatales, de reinserción social, ministeriales y municipales, cuenta con 9 mil 86 agentes, de los cuales están evaluados 8 mil 664, pero sólo aprobados 6 mil 151; reprobaron 2 mil 79, y de los aprobados, este año 54 por ciento perderán la vigencia de su evaluación.

Con semejantes deficiencias, ¿cómo, pues, los ayuntamientos y el gobierno estatal podrían cumplir su tarea de prevenir el delito? ¿Cómo la Fiscalía General del Estado podría cumplir su responsabilidad de aprehender y llevar a proceso a los asesinos de mujeres?.

¿Pruebas de incumplimientos? El Índice de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019, que las evalúa desde hace tres años por la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, coloca a Guerrero en 35.3 por ciento de efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, lo cual lo posiciona en el penúltimo lugar nacional. La media nacional es de 57.9 por ciento.

Conclusión: la autoridad funge como simple espectadora de los homicidios.

Abundan leyes, alertas y convenios –que ya hemos mencionado en este mismo espacio–, destinados a proteger a las mujeres; el problema reside en que no hay quien los cumpla.

Entre tanto, el grito de las mujeres pidiendo protección y justicia se estrella contra el muro de la irresponsabilidad, la falta de interés y la incompetencia gubernamental, que, cuando más, simula que hace sin hacer nada. n

Publicado en Editorial

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