La Jornada Guerrero - Jueves, 28 Noviembre 2019

Sólo la Crac está reconocida, pero no es evaluada ni supervisada, dice ante diputados


Chilpancingo, 28 de noviembre. En su comparecencia ante diputados locales, el secretario de Seguridad Pública del estado, David Portillo Menchaca, informó que en el estado hay 24 policías denominadas comunitarias, de las cuales sólo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC) está reconocida, pero no está evaluada ni supervisada.

Este jueves se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado ante los diputados locales con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores.

Durante la ronda de preguntas y respuesta el diputado local Jesús Salgado Guzmán preguntó al funcionario estatal sobre el registro de policías comunitarias en el estado: cuántas están evaluadas, supervisadas y controladas; cuántas de estas reclutan menores de edad.

Ante ello, el secretario de Seguridad expuso que en el estado hay 24 agrupaciones armadas que operan al margen de la ley, que se autonombran policías comunitarias, que han promulgado instrumentos normativos para la regulación de ellos, que de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sólo prevalecen aquellas que se rigen bajo sus usos y costumbres dentro de su jurisdicción indígena.

Agregó que se reservaba el nombre de las policías comunitarias y que la única que está reconocida es la Crac, pero no se encuentra evaluada ni certificada.

Indicó que tampoco cuenta con el registro del número de menores de edad que se encuentran dentro de estas policías.

El secretario abundó que cuentan con un documento donde se cataloga ubicación, posición, injerencia de cada una de estas policías, para saber cuáles son las que pertenecen a la Crac, porque son las que son aceptadas como policía comunitaria.

“Hemos retirado el retén de Petaquillas, sin embargo existe presencia de la guardia de Petaquillas, ya avanzamos en la Unión, también recorrimos sus puestos, se han realizado detenciones importantes de elementos de policías comunitarias y el caso más reciente es el de Xaltianguis (Acapulco)”, añadió.

Por su parte, el diputado de Morena Moisés Reyes Sandoval cuestionó al secretario respecto a los elementos policiacos vinculados a la delincuencia, y la corrupción que persiste en la corporación de la que la población no confía; además de la falta de seguridad que se vive.

Además, indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) da una calificación preocupante para los penales del estado, y pone en vulnerabilidad a las mujeres, pues en el estado no hay uno específico para ellas, así como la falta de equipamiento para los policías.

Por su parte, Portillo Menchaca manifestó que cuando comenzó la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores el estado tenía una calificación reprobatoria de 4.99; en 2016 bajó a 4.39 y posteriormente disminuyó a 4.22 y en 2018 subió a 5.17, y que en este año se tiene una calificación reprobatoria de 5.92.

Mientras que del penal de Chilpancingo resaltó que el director fue conocido por el Sistema Penitenciario por ser “buen administrador”, y aseguró que, en el caso de los penales de Acapulco, Chilpancingo, iguala, Taxco y Tecpan tienen una calificación aprobatoria.

Dijo que hay 14 centros de readaptación social que no cuentan con la infraestructura suficiente para dar los servicios que requiere el sistema penitenciario, por lo que se requiere mayor inversión; mientras que en el equipamiento dijo que cuentan con lo necesario pero que nunca es suficiente para un policía. Y en el caso de la policía cibernética resaltó que inició hace seis meses y ha podido iniciar de manera contundente.

Durante su presentación, Portillo Menchaca informó respecto a las evaluaciones de control de confianza, a través del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza acreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), que de los 4 mil 299 elementos, 819 cuentan con estatus de no aprobado, hay 143 elementos incapacitados y 125 que cuentan con edad avanzada para el desempeño de tareas operativas.

Publicado en Sociedad y Justicia
Jueves, 28 Noviembre 2019 23:37

Cien años de la OIT y el futuro del trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegó a su primer centenario de existencia y con ese motivo en su sede, de Ginebra, Suiza, en mayo pasado, se adoptó un convenio cuya finalidad es combatir y erradicar la violencia y el acoso existente en el mundo del trabajo, y de igual forma una declaración que sienta las bases para forjar un futuro laboral centrado en el beneficio del ser humano. La meta es que el mundo laboral construya un ambiente permanente de apoyo al trabajador o trabajadora y vea porque sus condiciones laborales sean dignas.

La OIT llega a esta fecha en un mundo de trabajo totalmente distinto al que motivó su surgimiento, derivado de los cambios radicales que éste ha sufrido, las innovaciones tecnológicas, el crecimiento demográfico, las afectaciones medioambientales y el cambio climático, lo mismo que, en medida más eminente, la globalización y las profundas desigualdades existentes, que permanentemente han acarreado perjuicios para las trabajadoras y trabajadores. Todas estas condiciones tienen consecuencias directas en el desarrollo económico de las sociedades y por lo mismo en el destino y condiciones de las personas que laboran y, principalmente, en su dignidad como individuos.

En este sentido, resulta determinante que el Estado mexicano y nosotros como legisladores desde nuestra palestra parlamentaria, actuemos en lo inmediato para construir los instrumentos necesarios que permitan aprovechar de mejor forma las oportunidades y beneficios que surgen en el contexto actual. Se trata de afrontar la problemática y los retos que puedan emanar de estas nuevas situaciones, y todo con un objetivo: establecer un futuro del trabajo basado en la justicia, la igualdad, la inclusión y la seguridad, de tal forma que todo ello derive en un trabajo decente y productivo.

El futuro del trabajo, como noción no académica sino totalmente social, debe ser visto como un factor fundamental para generar un desarrollo sostenible e integral, que reduzca en definitiva la pobreza y garantice de forma real a todas las personas trabajadoras condiciones de crecimiento e igualdad económica en sus actividades laborales, sin distinciones de sexo.

Es una necesidad que el Estado mexicano siga avanzando de forma conjunta con la OIT para consolidar los fines y aspiraciones de la Constitución federal de nuestro país y de los documentos de dicho organismo internacional, entre los cuales se encuentra principalmente el objetivo de lograr la justicia social, no como meta a largo plazo, sino para alcanzarse en el futuro inmediato.

Esto implica que el futuro del trabajo se debe enfocar en las personas, esto es, en sus derechos humanos laborales, y en solventar sus necesidades elementales, ya que sin duda en la actualidad uno de los principales retos es asegurar una transición justa a un futuro de trabajo que contemple el desarrollo integral de las personas que trabajan.

No está de más señalar que es menester analizar en su totalidad y adecuadamente los avances tecnológicos y científicos con el propósito de incrementar la productividad de los proyectos de vida de las personas que laboran.

Otros retos que el futuro del trabajo nos presenta, los cuales deberán ser atendidos de forma correcta y eficaz, son los siguientes:

Uno. Integrar de forma efectiva a los jóvenes en el mundo del trabajo.

Dos. Crear instrumentos y medios necesarios que posibiliten a las trabajadoras y a los trabajadores tener las oportunidades de laborar en condiciones buenas, productivas y saludables hasta su jubilación y permitir con ello un envejecimiento activo.

Tres. Garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras como factores esenciales para alcanzar un pleno desarrollo integral sostenible e inclusivo, lo cual implica observar el cumplimiento de la libertad de asociación sindical, así como el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, en tanto que son derechos sustanciales.

En tal sentido, se debe propiciar la igualdad de género en los centros de trabajo, estableciendo mecanismos de supervisión con los cuales se evalúen los progresos alcanzados, ya que la finalidad es reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres, que tanto afectan el crecimiento laboral colectivo.

Nuestro quehacer legislativo, dije en el foro organizado esta semana en el Senado de la República para conmemorar los 100 años de la OIT, debe enfocarse en elaborar normas bajo la perspectiva de derechos humanos, como lo establecen el artículo 1º de la Constitución federal que nos rige y los tratados internacionales que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad.

De igual forma, se debe tomar como parámetro el trabajo decente, ya que este resulta clave para el desarrollo sustentable e integral de las personas en su proyecto de vida, pues está orientado a reducir la desigualdad de ingresos y erradicar los salarios precarios y, con ello, la pobreza.

México debe entrar a la dinámica internacional dispuesta por la OIT en cuanto a favorecer las condiciones económicas y sociales de los trabajadores, a través de la protección efectiva de sus derechos laborales, ya que sólo así se podrá asegurar un crecimiento económico equitativo y proporcional.

Los documentos recientemente emitidos por la OIT refuerzan la idea de promover los beneficios que trae consigo la transformación del mundo del trabajo, en todos sus aspectos, tanto sociales como económicos e institucionales, ya que por esa vía se posibilita a las personas que trabajan un desarrollo sustentable, integral e inclusivo y se refuerza su lucha por la justicia social y la defensa de sus derechos e intereses. n

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Jueves, 28 Noviembre 2019 23:34

La muerte como espectáculo

La muerte como espectáculo es el título del análisis sobre la realidad y el horror, escrito por Michela Marzano, quien hace un estudio sobre los videos que circulan en Internet y que tienen escenas de extrema violencia, en las que el espectador puede observar torturas, violaciones y degollaciones auténticas.

Son comunes los videos colgados en Internet en los que se graba el sufrimiento, la humillación y la muerte, los cuales se pueden observar sin restricción alguna, incluso por menores de edad.

En este ensayo, la filósofa Michela Marzano reflexiona sobre estas macabras prácticas y señala que la muerte se ha convertido en un espectáculo, buscado y deseado en las pantallas del ordenador.

La familiaridad, la cercanía y la difusión de la violencia, mediante las imágenes de la barbarie, ha vuelto insensible al ser humano ante el sufrimiento ajeno y los crímenes en masa, con lo cual ha influido para que la sociedad sea indiferente a la barbarie que por igual se comete en Oriente Medio que en nuestro país.

Es necesario leer con detenimiento los estudios hechos sobre la violencia real y el horror extremo puesto al alcance de los usuarios de la red y que manifiesta cada vez más el proceso de descomposición social, en el que la evolución digital ha puesto al alcance de cualquier usuario películas que antes fueron clandestinas o fingidas, desde la pornografía a los asesinatos reales, a las películas snuff, donde se escenificaba la muerte real de un individuo y que tiene sus orígenes allá por los años 70, hasta llegar a las películas Tesis, de 1996, y Asesinato en 8 mm, de 1999.

En la red es buscar matanzas alrededor del mundo, asesinatos, degollamientos, efectuados por igual por Estado Islámico que por las mafias del narcotráfico, como lo fue el asesinato del 22 de febrero de 2002, de Daniel Parló; el de Nicholas Berg, o el ahorcamiento de Sadam Hussein, el martirio al que fue sometido Moaomar Al Kadafi. Es necesario saber los límites de la libertad de prensa y también de la libertad de información, que generalmente difunden las imágenes de la barbarie, que alimentan el cinismo y la indiferencia.

Es de particular importancia analizar los acontecimientos y las implicaciones que tiene la difusión de las imágenes de la barbarie que convierten a la muerte en espectáculo de medios audiovisuales, que buscan a toda costa aumentar su rating.

Hace poco se publicó en La Jornada un artículo de Robert Fisk sobre la más reciente película snuff de Estado Islámico, con decapitaciones en Egipto y ataques suicidas en Irak, con una observación sobre las ejecuciones en los videos –desde el terror en los ojos de la víctima y los ataques con cuchillos o con espadas, hasta presuntos espías decapitados–, que hace reflexionar sobre aberraciones mentales y lo que provocan las obscenas imágenes.

Dos siglos después de que dejó de utilizarse la guillotina, los mensajes son morbosos; las imágenes, contundentes y rotundas de la espiral de violencia en todo el orbe.

La Internet ha pasado de ser una herramienta de comunicación e información a ser un medio para difundir imágenes inapropiadas, para comunicar mensajes violentos, para generar riesgos a sus usuarios en algunos casos de redes sociales, en las cuales son cometidos infinidad de delitos como fraude, robo de identidad y secuestro, y también para ocupar el tiempo libre en el ocio y la mediocridad.

En fotografías y videos que dan cuenta del gesto supremo de la atrocidad, la pérdida de la razón y la cultura del pánico, existen diarios especializados en nota roja, que utilizan el sensacionalismo como medio fundamental de su existencia y exponen la fotografía cruda, incluso en México, donde se ofrece la degradación de los cuerpos como un espectáculo.

La televisión tiene influencia poderosa en la sociedad, en la escala de valores y en el comportamiento de grandes capas sociales, que observan a menudo imágenes violentas sin censura, en horario familiar, por lo cual los niños y adolescentes en alguna medida se han vuelto inmunes al horror de la violencia, la aceptan como manera de resolver problemas y como patrones de conducta a imitar, lo cual contribuye significativamente como uno de tantos factores de agresividad y comportamiento violento. n

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Jueves, 28 Noviembre 2019 23:33

¿También las comunitarias?

Otra vez, el gobierno federal saca a colación el tema de las policías comunitarias.

Esta ocasión, luego de la inauguración de un evento que tuvo como escenario la zona Diamante de Acapulco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el gobierno federal va a enfrentar a las policías comunitarias que estén vinculadas con el crimen organizado, como parte del combate a la inseguridad en Guerrero.

Antes, en enero de este año, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, había anunciado, también en Guerrero, un plan para desarticular estos grupos de civiles armados que asumieron las funciones de seguridad pública en al menos 42 de los 81 municipios del estado.

Ninguno de los dos, no obstante, ha mencionado ni cuándo ni cómo lo harán.

Es de entenderse que no mencionen estrategias, pero tampoco fijan fechas ni plazos.

Naufragan en el mar de la ambigüedad; se lucen hablando florido; hacen alarde de conocimiento sobre existencia, formación, contaminación, ilegalidad y operación de las policías comunitarias, pero se mantienen pasivos y omisos.

Un año lleva ya la actual administración federal, y sus funcionarios siguen anunciando soluciones al problema, pero no terminan por determinar el día de arranque.

Al igual que la administración estatal, los funcionarios federales admiten que las comunitarias están infiltradas por el narcotráfico, y al escapar al esquema de este tipo de corporaciones, con excepción de la Crac-PC, operan al margen de la legalidad, pero los gobiernos se mantienen distantes.

Saben cuántas son, quiénes las jefaturan, qué territorios tienen bajo su poder, pero les permiten actuar con entera libertad y hasta negocian con ellas.

En consecuencia, incursionan y violentan municipios, como ocurrió en Chilapa, donde hubo 16 desaparecidos en 2017; Tlapa, Chichihualco y recientemente Petatlán, donde, lo más que ha hecho la autoridad ha sido negociar, pasando por encima de la ley.

Por eso mismo, ante la incapacidad gubernamental para someter al crimen organizado, las policías comunitarias siguen surgiendo, y las ya existentes se fortalecen.

No sería de sorprender, por tanto, que los grupos de autodefensa pudieran influir en el proceso electoral de 2021, como lo prevé el investigador y académico Eudocio Téllez Santiago.

La permisividad de la autoridad no sólo deja cancha libre a la delincuencia para intervenir en elecciones, sino que ahora podría propiciar la participación de los grupos de civiles armados.

Como antecedente, habrá que recordar cómo en las elecciones pasadas, habitantes de Ayutla acusaron insistentemente que la Upoeg se empecinaba en imponer candidatos.

Ni comunitarias ni narcotráfico andan con anuncios, alardes, fintas y amenazas; simplemente actúan. Por tanto, cada día, desplazan al gobierno y se apoderan del territorio guerrerense. n

Publicado en Editorial

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