La Jornada Guerrero - Domingo, 03 Noviembre 2019
Lunes, 04 Noviembre 2019 00:05

Corresponsabilidad social en la educación

Hemos referido en artículos anteriores algunas características de la Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre de 2019, reglamentaria de las reformas al artículo tercero constitucional hechas por el actual gobierno. Es de interés en esta oportunidad referirnos al contenido del título noveno, que establece las bases de la corresponsabilidad social en el proceso educativo.

Según este modelo, las autoridades educativas fomentarán la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para el logro de una educación democrática, de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe que propicie el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Por ejemplo, parte de la labor que podrán desarrollar será coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la autoridad educativa competente.

Respecto a la participación de madres y padres de familia o tutores, se prevé varios derechos en el artículo 128. Sin embargo, hablando de corresponsabilidad, es más propia la idea de las obligaciones que enlista el artículo 129. Entre estas se menciona que quienes ejercen la patria potestad o la tutela han de hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial. Igualmente, han de participar en el proceso educativo de los menores, lo que supone revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Parecen estas cuestiones obvias, que cualquier padre responsable ha de efectuar, lo prevea o no una ley.

Tienen también como deber los padres o tutores colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, así como en las actividades que esas instituciones desarrollen. Han de informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y la actitud de los educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas. Esta última cuestión es muy vaga, pero entendemos que tiene por propósito identificar y prevenir conductas e influencias nocivas o incluso ilícitas.

Los padres también tienen la obligación de acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijos. Igualmente, les corresponde promover la participación de los menores en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria.

Se reconoce la existencia de asociaciones de madres y padres de familia, que en términos del artículo 130 tendrán por objeto representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados. Igualmente, colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles; también informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos.

Es de interés que tendrán como propósito conocer de las acciones educativas y de prevención que desarrollen las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan perjudicar; así como sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos, como también, de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos.

En todo caso, precisa la ley, las asociaciones de madres y padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. n

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Lunes, 04 Noviembre 2019 00:05

La paliza de la CNDH a la FGE

Mal le fue –y no podía ser de otra manera– a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el informe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el jueves pasado sobre la situación que en materia de desaparición de personas y delitos vinculados impera en el municipio de Chilapa.

De entrada, el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, consideró a Chilapa foco rojo debido a que “cuenta con autoridades incompetentes para defender a la ciudadanía y superar la tasa de homicidios”.

Así que, aunque hubiera cabeceado o se hubiera agachado, el titular de la FGE, el maestro Jorge Zuriel de los Santos Barrila, no habría podido librar el derechazo, puesto que, si hablamos del ámbito estatal, es el responsable de la procuración de justicia.

Claro y definido está que, si bien De los Santos Barrila llegó al cargo por recomendación del gobernador Héctor Astudillo Flores ante el Congreso local, la Fiscalía es un organismo autónomo y, en consecuencia, nada tiene que ver en su funcionamiento el jefe del Ejecutivo estatal.

En otras palabras, la FGE se manda sola, sin injerencia alguna del primer mandatario; por tanto, los resultados de su trabajo, buenos o malos, son responsabilidad absoluta del fiscal.

Por lo mismo, el aguacero torrencial que le dejó caer González Pérez a las “autoridades incompetentes para defender a la ciudadanía y superar la tasa de homicidios” no podía tener otra dedicatoria.

No es todo. Otro dato citado por González Pérez: en el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2018 se advierte que la probabilidad promedio de esclarecimiento de un delito en México, es decir que se denuncie y se resuelva efectivamente, es de 1.3 por ciento, mientras en el estado de Guerrero presenta una probabilidad aun menor, lo que significa que sólo uno de cada 500 delitos en esta entidad se logra esclarecer.

Advirtió la CNDH que es necesario fortalecer el funcionamiento de la FGE, a fin de que pueda operar de acuerdo con los mejores intereses de la sociedad guerrerense, y que una de las principales demandas de la sociedad de Chilapa es incrementar la eficiencia del organismo, pues se observa que la actuación de algunos agentes del Ministerio Público, policías, peritos y demás auxiliares, constituye un obstáculo para el acceso a la justicia y un mecanismo que genera violaciones a derechos humanos.

¿Qué le falta a la FGE? ¿Qué le sobra? Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, lo mismo que la Federación, pueden hacerse a un lado respecto a su ineficacia; la impunidad reclama la intervención de todos para analizar el tema y tomar acción ante el hartazgo de la sociedad guerrerense.

La CNDH no vino a descubrir el agua tibia, sino a confirmar la ausencia de justicia en la entidad contra la cual se han expresado una y otra vez los sectores de la población, sin que sean escuchados.

Chilapa no es Guerrero, pero es una muestra clara del problema que en la entidad constituyen las desapariciones forzadas de personas, sin que oficialmente se le preste alguna importancia, pues el gobierno ha centrado su atención y su trabajo en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ante la metralla que le lanzó la CNDH, nada ha objetado el fiscal general; sería sano, conveniente y justo escucharlo; mucho tendrá que explicar sobre la pobreza de resultados.

La nueva fiscalía que prometió al tomar posesión no se ve, ni se vislumbra. Algo o mucho tendrá que decir. n

Publicado en Editorial

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