La Jornada Guerrero - Jueves, 07 Noviembre 2019

La modificación de hace un año desconoce a los grupos comunitarios, manifiestan

Entregan la petición a diputados para la derogación de reformas hechas por la pasada legislatura


Chilpancingo, 7 de noviembre. Miembros de las 5 casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (Crac-PC) marcharon por Chilpancingo para exigir a los diputados guerrerenses la reconstitución del artículo 14 de la Ley 701, la cual fuera modificada por diputados de la legislatura anterior, siendo que estas modificaciones violentan su derecho a la autodefensa y desconoce a los grupos comunitarios como defensa legítima de los pueblos.

Desde muy temprana hora, los habitantes de las diversas comunidades que integran la Crac arribaron a Chilpancingo, concentrándose en el monumento a Nicolás Bravo, de donde partirían en marcha, primeramente, hacia los juzgados federales y, posteriormente, hacia el Congreso local, siendo su principal exigencia la de la derogación de las reformas constitucionales hechas hace un año.

La exigencia de la Crac es que los diputados deroguen la reforma constitucional al artículo 14 hecha en 2018 por la pasada legislatura, en la que, según los manifestantes, se vulneran los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas, la continuidad de su propio sistema de seguridad y justicia comunitario.

Cabe recordar que el dictamen que se aprobó en el mes de julio del año pasado, indica que la reforma establecería las bases para una adecuada armonización entre el sistema jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública e impartición de justicia y, además, regularía los procedimientos de validación de jueces y tribunales competentes.

Al arribar a los juzgados federales, lamentaron y reclamaron que el juez José Artemio Navarrete, emitiera una orden para que la Casa de Justicia de San Luis Acatlán liberara a una persona que había sido detenida por los comunitarios, quienes se basaron en su sistema de justicia.

Los manifestantes explicaron que el detenido, Teodoro Jiménez, privó de la vida a su hermano, quien era menor de edad, en el mes de mayo pasado, por lo que se procedió a su detención y se le sometió a un proceso de reeducación, como lo establecen sus normas de usos y costumbres.

Pero acusan que el juez ordenó su liberación bajo un amparo.

En los juzgados les cerraron las puertas sin que ningún servidor público escuchara la demanda de manera personal.

En el mitin aseguraron que no van a liberar al detenido, y advirtieron que, si el Estado envía a la fuerza pública, los comunitarios defenderán su territorio.

Alrededor de la una de la tarde el contingente arribó al Congreso local, donde fueron atendidos por una comisión de diputados de Morena, a quienes le entregaron un documento con la solicitud para la derogación de las reformas de ley, la cual, indicaron, fue propuesta e impuesta por el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Cabe señalar que, en acompañamiento, acudió el director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el abogado Abel Barrera, quien declaró que se vio una buena intención y disposición por parte de los diputados para revisar la petición y modificar lo que sea necesario.

Esperando que, para finales del presente mes, se pueda tener otra reunión, para poder establecer los acuerdos para valorar sus peticiones, donde también se pide que se someta a consulta con los pueblos indígenas donde existe presencia de la Crac-PC.

Publicado en Sociedad y Justicia

Los empréstitos ascendían a más de 132 millones de pesos, de acuerdo con las peticiones


Chilpancingo, 7 de noviembre. El pleno del Congreso local declaró improcedentes las solicitudes de partidas especiales, de ampliación presupuestal, empréstitos que solicitaron nueve municipios para el pago de laudos, recursos que ascienden a más de 100 millones de pesos.

Del 28 de junio al 19 de septiembre de este año, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado recibió 13 asuntos de peticiones de los municipios de Tecpan, Xalpatláhuac, Teloloapan, Tecoanapa, Alcozauca, Atlixtac, Coyuca de Benítez, Pungarabato y Cocula.

De acuerdo con el dictamen presentado por la comisión, detalla que el municipio de Tecpan pidió tres partidas especiales que en total suman 78 millones 209 mil 723 pesos; Xalpatláhuac solicitó 2 millones 925 mil 388 pesos; Teloloapan también pidió una partida especial pero no especificó el monto, lo mismo Tecoanapa y Pungarabato.

Cocula solicitó al Congreso un empréstito por la cantidad de un millón 136 mil 173 pesos; Alcozauca pidió una ampliación presupuestal por 4 millones de pesos; Atlixtac un presupuesto especial por 10 millones 376 mil 120 pesos, mientras que Coyuca de Benítez pidió recursos extraordinarios por 35 millones 677 mil 257 pesos.

En total los nueve municipios solicitaron recursos extraordinarios por 132 millones 324 mil 663 pesos. La comisión precisó que el Congreso del Estado no tiene facultades para autorizar dichas peticiones, siendo estrictamente facultad de los municipios formular, discutir y aprobar su Presupuesto de Egresos.

Además se indica que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, al menos que éstos sean destinados a inversiones públicas y productivas, a su refinanciamiento o reestructura, pero en ningún caso se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Asimismo recomendaron a los ayuntamientos a realizar cada año, las previsiones necesarias en sus respectivos presupuestos de egresos, a efecto de que se cubran las erogaciones por concepto de sentencias derivadas de juicios de laudos laborales en su contra.

Publicado en Política
Jueves, 07 Noviembre 2019 23:05

El costo de la violencia

La violencia criminal tiene altos costos sociales, humanos y económicos. Con un impacto social y económico sin precedentes, la violencia se ha convertido en un problema social y de salud pública, que ha crecido en las décadas recientes, e impactado de manera negativa el desarrollo social, la salud, la economía, a niveles macro y micro en países, ciudades, comunidades, familias e individuos.

Son cientos de miles de personas que han muerto asesinadas cada año. Calculan la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud que son unas 15 mil personas asesinadas cada año, en su mayoría hombres, víctimas la violencia intrafamiliar o de la violencia criminal. Las víctimas de actividades violentas criminales son adultos, adolescentes e incluso niños.

La violencia ha dejado de ser un asunto social para convertirse en una emergencia de salud pública e incluso en una crisis humanitaria que pareciera no detenerse, con circunstancias especiales, por lo cual se hace indispensable y urgente analizar este fenómeno, identificar sus causas, orígenes, factores de riesgo y la aplicación de intervenciones.

La violencia es un acto multifactorial, multicausal, que se debe de estudiar desde la historia, la sociología, la violencia de Estado y las acciones para evitarla, que van hacia la reconstrucción del llamado tejido social. Se debe de transformar el modelo de combatirla sólo con violencia, balas con balas; evitar la repetición de actos de barbarie, hacer un control de daños y apelar al desarrollo social y humano para prevenir su flagelo.

El fenómeno de la violencia es grave, pero debe de ser prevenible y evitable; produce una carga de mortalidad y orfandad sin precedentes; es necesaria la atención a las víctimas, a sus familias, al contexto social, en las partes económica, psicológica y humana, para evitar que siga afectando a comunidades, individuos y futuras generaciones.

La sociología tiene un fuerte compromiso con la prevención de la violencia, de estudiar los ambientes en que viven la infancia y la adolescencia, de investigar las causas y los orígenes que la determinen, entender el problema y sus consecuencias y proponer soluciones operables, aplicables y evaluables.

Las víctimas deben estar en el centro de la discusión y el debate. La prevención de actos violentos implica educar para la paz, formar a un hombre nuevo, para lo cual debe de analizarse la violencia y sus consecuencias, así como sus efectos, los costos sociales y humanos que generan la muerte, las lesiones, los daños psicológicos; atender a las personas que viven los traumas físicos y psicológicos; entender su multicausalidad retomando todos los factores, desde los sociales y antropológicos, hasta la pobreza, la impunidad y la mala educación, la corrupción en el sistema de justicia, en las policías y la confrontación que viven la sociedad y el Estado.

Es necesario apelar a la parte social para detener la violencia, desde controlar el uso de narcóticos, el consumo de alcohol, la falta de espacios de recreación, la participación directa de las comunidades y las políticas gubernamentales de represión y control, y combinarlas con la prevención y la construcción de redes sociales, y analizar los tipos de violencia, impacto en lo social, como en la calidad de vida y sus efectos en el desarrollo económico.

El periodista Javier Valdez Cárdenas, en su libro Los huérfanos del narco, los olvidados de la guerra del narcotráfico, escribe una crónica sobre los niños víctimas indirectas del narcotráfico, de las muchachas descalzas, de los adolescentes perdidos, de los desplazados, de la depresión de los huérfanos que perdieron a sus padres víctimas de la violencia, los secuestros, la tortura o el asesinato.

Quienes son hijos de narcotraficantes o de policías, de trabajadores del campo o de maestros, hijos desolados de oficinistas, mecánicos, amas de casa, comerciantes, víctimas de una violencia que carcome a nuestro país.

El libro en mención, una entrega del periodismo de investigación, editado por Aguilar, conmueve sobre la manera en que sobreviven los desamparados que perdieron a sus familias y también toda esperanza. Huérfanos del narco es la voz de los niños vivos y muertos, es un testimonio real de lo que pasó en Ayotzinapa, en Culiacán, en Tamaulipas, un libro que da voz a los desposeídos, que visibiliza a las víctimas, que es conveniente leer. n

Publicado en Artículo
Jueves, 07 Noviembre 2019 23:03

Mujeres: violencia e incumplimiento

En sesión celebrada este martes 5, diputados morenistas condenaron lo que llamaron campaña de hostigamiento y agresión que desde hace varios meses, dijeron, se ha emprendido en modo anónimo contra diputadas de su bancada, y llamaron al gobierno del estado a publicar en el Diario Oficial la Ley Olimpia, a fin de hacer efectivo el delito de ciberacoso.

“Resulta preocupante que el Poder Ejecutivo no haya publicado la llamada Ley Olimpia, aprobada desde septiembre en este Congreso, lo que nos hubiera permitido tener un marco jurídico que protegiera a las mujeres ante este tipo de delitos”, expresaron en comunicado.

Hacen bien los legisladores en proteger a sus compañeras. Están en su papel.

Mas, importante resulta preguntar si entrando en vigor la referida Ley Olimpia, ¿se contaría ya con los elementos técnicos y humanos para hacerla cumplir?

El reclamo al Poder Ejecutivo por no haber publicado todavía la ley aprobada desde septiembre es, desde luego, válido e importante, pero habría que cuestionar si con la ley en marcha desaparecerían o se reducirían los ataques a las mujeres, porque ha resultado que se dictan medidas o se crean leyes para protegerlas, pero luego no se aplican porque no hay voluntad o porque no se cuenta con los recursos económicos, técnicos y humanos para hacerlo.

Mucho han reclamado grupos activistas femeninos que para nada ha servido hasta ahora la alerta de violencia de género declarada para ocho municipios en junio de 2017.

Con ello, el gobierno estatal anunció siete acciones que supuestamente frenarían los feminicidios; si se pusieron en marcha o no, se desconoce; lo que sí se sabe con certeza es que la violencia contra las mujeres ha resultado incontenible.

En 2010, con el mismo propósito de protegerlas, se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal en Guerrero, sin resultados visibles.

En 2007 se creó en el ámbito federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –con una última reforma en 2018–, que persigue por objeto “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Bueno sería preguntar a las mujeres: ¿ha servido de algo?

En teoría la mujer está sobreprotegida por un marco legal que no deja resquicios para la falta de castigo.

El Poder Legislativo ha hecho su trabajo; han sido los responsables de aplicar las leyes los que les salen debiendo a las mujeres, que a pesar de leyes y alertas siguen siendo acosadas, maltratadas, discriminadas y, peor aun, asesinadas. n

Publicado en Editorial

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