La Jornada Guerrero - Jueves, 30 Mayo 2019

Alguien nos invitó; hubo quejas e inconformidades por la inseguridad, explica

El objetivo es empoderar a la sociedad a través de la toma de decisiones, afirma el dirigente

El Grupo de Coordinación brindará seguridad en la zona, informa el secretario del ayuntamiento


El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, confirmó que el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana comenzó a operar en el poblado de La Sabana, en la zona periférica del puerto, a 20 minutos en vehículo desde el centro de la ciudad.

En conferencia de prensa, Plácido Valerio explicó que el pasado miércoles por la tarde fue realizada una asamblea, a la que aseguró, asistieron 500 personas.

Expresó que “nadie va si nadie te invita, es una lógica social, entramos a La Sabana porque alguien nos invitó, hubo quejas, hubo inconformidades, por eso llegamos a La Sabana. Autoridades municipales y sectores productivos que hay en la zona han sido víctimas, así surgió la invitación”. 

Insistió que la Upoeg no tiene el objetivo de preparar cuerpos armados de seguridad, sino el empoderamiento de la sociedad a través de la toma de decisiones y las asambleas comunitarias.

Adelantó que así como en La Sabana, en breve la Upoeg tendrá presencia en otras comunidades de Acapulco.

Plácido Valerio explicó que “La Sabana se integró al proyecto de la Upoeg, que se ha propuesto fortalecer el trabajo de la sociedad”.

Insistió que “la Upoeg es un proyecto social que viene a empoderar a la población, a que la gente deje la apatía, empiece a participar y discutir su destino, uno de los errores sociales es que siempre nos quejamos, pero siempre dejamos que otros decidan por nosotros”.

Adelantó que “vamos a ir trabajando en otras comunidades de Acapulco, pues la gente que viene de la región de Costa Chica son extorsionados, cuando vienen de Ayutla, de San Marcos, Cruz Grande, Copala, Ometepec, Cuajinicuilapa, Marquelia, los transportistas son extorsionados en este municipio”.

Publicado en Sociedad y Justicia
Viernes, 31 Mayo 2019 00:05

El avance de la Upoeg

Contra todos los cuestionamientos que hay sobre su operación, lo mismo de organizaciones sociales que del sector gubernamental, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) sigue ganando terreno y adquiriendo más fuerza y poder mediante la creación de policías comunitarias.

Ayer, su dirigente, Bruno Plácido Valerio, dio a conocer que, previa asamblea y aprobación de los lugareños, el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana comenzó a operar en el poblado de La Sabana, en la zona suburbana de Acapulco, a 20 minutos en vehículo desde el centro de la ciudad.

Fueron los habitantes los que invitaron, asegura, porque hubo quejas relacionadas con la inseguridad.

La primera objeción que esgrimirá la autoridad será que La Sabana no es comunidad indígena y que, en consecuencia, no puede crearse una policía comunitaria, mientras que en defensa de la formación de este cuerpo policiaco se manejará la inseguridad y la violencia que priva en la zona.

Otro argumento de peso: los gobiernos han demostrado incapacidad para someter a la delincuencia, lo que da motivo a que la población recurra a otros medios en busca de protección, sin detenerse a reflexionar respecto a si, hacer lo que están haciendo, es lo más adecuado, porque la formación de estos grupos ha dado origen en principio a la división entre los pobladores, unos apoyando y otros rechazando.

Algo sí es irrebatible: la autoridad pierde cada día terreno en la medida en que las autodefensas lo hacen suyo, aprovechando la necesidad de protección de la gente y el descuido del gobierno, que, frente al incesante flagelo de los indomables grupos delictivos por un lado y el crecimiento de las policías comunitarias, no ha tenido más opción que replegarse en espera de la Guardia Nacional, que no termina por llegar, y en la que la autoridad local ha colocado todos los huevos para recuperar la tranquilidad, a pesar de no haber una estrategia clara contra el crimen.

Si la Upoeg ya llegó a La Sabana y defiende realmente a sus habitantes, sin caer en sus conocidos excesos, difícil será que las autoridades la expulsen.

Y, alerta, eso no es todo: Plácido Valerio advirtió que, así como en La Sabana, la Upoeg en breve tendrá presencia en otras comunidades de Acapulco. n

Publicado en Editorial

Conmemoran el sexto aniversario del asesinato de Arturo Hernández Cardona

Continúa la represión contra dirigentes y organizaciones, denuncian líderes de diversos organismos


Atoyac, 30 de mayo. Líderes de organizaciones sociales de Atoyac, efectuaron un mitin en el Zócalo de la ciudad, para recordar la figura del dirigente de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) y de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, en el sexto aniversario de su asesinato, así como exigir que cesen los crímenes en contra de los luchadores sociales y castigo a los culpables de los mismos.

Las dirigentes Norma Mesino Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (Ocss); Clemencia Guevara Tejedor, del Frente de Defensa Popular (FDP); Jeny Mesino Mesino, de Campesinitas del Sur; María de los Ángeles Santiago Dionisio, del Frente Progresista Guerrerense; Juani Guzmán Reina, miembro de las Preparatorias Populares y el activista Fredy Fuentes Nájera, aseguraron que continúa la represión contra los activistas y las organizaciones sociales a las que el gobierno busca criminalizar para que desaparezcan.

En conferencia de prensa, en el obelisco al guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, recordaron que en el tiempo en que fue asesinado Hernández Cardona, también fueron privados de la vida otros luchadores sociales, como Rocío Mesino, líder de la Ocss; Raymundo Velázquez de la Larsez; Luis Olivares, de la Organización de Pueblos de la Costa Grande y recientemente Ranferi Hernández, quienes fueron víctimas de la campaña que emprendió el Estado para eliminar a quienes levantan la voz en su contra para exigir respeto a los derechos de la gente.

Norma Mesino dijo que últimamente las autoridades buscan relacionar a los líderes sociales con grupos armados o de la delincuencia para detenerlos y encarcelados, “y es parte de la represión que el gobierno mantiene en su contra hasta estos días, como sucedió con Clemencia Guevara y Efraín Torres, dirigentes del FDP, recientemente”, apuntó la líder.

Al respecto, Guevara Tejedor se deslindó  de las acusaciones en su contra y demandó al gobierno federal que en vez de hostigar a las organizaciones se preocupe mejor por entregar el fertilizante a los campesinos y los programas federales hacia la población, así como cumplir con las promesas y compromisos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo con el pueblo de México.

Asimismo, las manifestantes demandaron respeto para las organizaciones sociales, sobre todo para las que realizan un trabajo en favor del pueblo y no buscan lucrar con la necesidad de la gente.

Publicado en Sociedad y Justicia
Viernes, 31 Mayo 2019 00:05

El flagelo de la tortura

La tortura es definida como el castigo físico o psíquico, infligido a una persona con el fin de modificarla o para que confiese algo, a la vez que es una pena o sufrimiento moral o físico muy intenso y continuado.

Por lo general, quienes cometen las torturas son funcionarios públicos o policías, casi siempre para arrancar confesiones inculpatorias, prácica que tiene antecedentes muy antiguos y remotos y que se sigue cometiendo en nuestros días. La gravedad del problema ha generado múltiples condenas, estudios, modificaciones a las leyes y un gran activismo en la lucha para suprimirlo.

La tortura en México ha sido practicada en incontables casos, particularmente por las fuerzas armadas y la policía, y se repite como práctica generalizada debido a la impunidad que reina en estos lamentables hechos. México se ha comprometido ante instancias internacionales a investigar, castigar y erradicar la tortura. Por tanto, la prevención y el castigo de la tortura tiene que ver con la aplicación de la ley, con la toma de testimonios sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La policía y el Ejército han estado implicados en actos de torturas y desapariciones forzadas, y es urgente que se tomen medidas suficientes en el aparato de justicia, que se legisle en consecuencia.

Amnistía Internacional ha presentado informes de los últimos 50 años de la tortura en México y afirma que estos actos se convirtieron en práctica generalizada desde los años 60 contra grupos guerrilleros y de oposición política, personas que se encontraban fuera de la ley y ciudadanos en general.

El Estado mexicano ha negado el flagelo de la tortura y ha permanecido estático ante las dimensiones del problema, que se acentúa en el marco de la declaración de guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón en 2006. Es grave que el sistema de justicia no pueda o no quiera prevenir la tortura, que se siga recluyendo en las cárceles a sospechosos sin cargos comprobados; condenable es también que la denuncia de tortura se desestime o se minimice.

Publicado en Artículo

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